Abuso de autoridad y medidas represivas en países hasta ahora democráticos

En Estados Unidos y en Europa se está propagando una política que censura la libertad de conciencia, opinión y expresión con el pretexto de que no se pueden permitir expresiones, declaraciones o manifestaciones que puedan ofender a un sector de la población, a la cual, supuestamente, el Estado protege con estas medidas represivas. En otras palabras, se están suprimiendo o restringiendo algunas libertades fundamentales con el pretexto de la protección a las minorías o, peor aún, en muchos casos alegando motivos de "seguridad nacional" o una sesgada interpretación de las leyes.

En España, bajo el gobierno de coalición de diversas tendencias socialistas, algunas muy radicales y marxistas, se ha estado desarrollando un proceso legal en el que las autoridades de justicia intentaban "castigar" con todo el peso de la ley a unos estudiantes acusados de "abusar" de esas libertades democráticas con actitudes ofensivas.

El 6 de octubre del año pasado, varios alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, fueron expulsados, supuestamente "por gritos machistas". Los hechos ocurrieron el domingo 2 de octubre cuando un grupo de jóvenes se asomó a una de las ventanas del vecino Colegio Mayor (femenino) Santa Mónica [en la foto] y uno de ellos empezó a gritar y proferir palabras ofensivas a las estudiantes.
Esta es una de las majaderías estudiantiles que suceden desde tiempos inmemoriales y que suelen ser hechos aislados de grupos revoltosos. "Nosotros tenemos muy buena relación con el colegio Santa Mónica", ha asegurado Juan, uno de los alumnos, "hacemos actividades, están nuestras amigas ahí, hermanas, novias... esto es un hecho que no tiene que empañar la buena relación que tenemos". Para Pascual, otro de los residentes, "es una broma que se ha salido de madre" y "es injustificable". Por supuesto que lo es; estas majaderías en que ese grupito de estudiantes las llamó "ninfómanas" no pueden justificarse y debe aplicarse un castigo ejemplar a nivel escolar interno.

No obstante, la expulsión, ya de por sí es un castigo excesivo. Sobre todo después que los estudiantes involucrados habían pedido perdón. "Lo que fue una broma de mal gusto, se fue de las manos. Somos conscientes de que el mero arrepentimiento no es suficiente, pero sí creemos que es el primer paso", declararon en un comunicado.

Pero eso no bastó. Peor aún es que la fiscalía de Madrid haya tomado el rábano por las hojas y se haya dedicado a abrir toda una investigación "sobre los gritos machistas de universitarios del Colegio Mayor Elías Ahúja por un presunto delito de odio." Por tanto, el Ministerio Público ha requerido a la Policía que le remita toda la información sobre el episodio de "insultos machistas" que los estudiantes del Elías Ahúja dirigieron ese domingo de octubre pasado contra unas jóvenes del cercano colegio. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aventó el lunes siguiente en declaraciones públicas los insultos proferidos por los alumnos afirmando que es un "asunto decisivo" que "no se resuelve dando unas charlitas a los que han dado esos gritos".

A esta acción de las autoridades del orden se ha sumado el Movimiento contra la Intolerancia, que presentó el jueves de esa semana una denuncia contra los estudiantes por su actuación, que adujeron suponía un delito. Y la pelota pica y se extiende hasta que la Universidad Complutense de Madrid también abrió una investigación al respecto.

Finalmente, las autoridades que fomentaron tanto cacareo se vieron obligadas a reconocer la sencilla realidad que tanto se habían empeñado en complicar. Este miércoles 5 de abril, seis meses después de los hechos y después de todas esas medidas controversiales, el Ministerio Público ha reconocido que los hechos son "irrespetuosos e insultantes para las mujeres" y las expresiones proferidas constituyen "un ataque a la dignidad individual o colectiva de aquellas", pero "no constituyen un delito de odio".

Han tenido que ajustarse a las leyes vigentes, por las cuales esas lamentables ofensas o bromas pesadas «no pueden ser por sí solas constitutivas de un delito de odio del artículo 510.2 a) del Código Penal, al exigir este delito la concurrencia de una motivación discriminatoria concreta, la cual no ha resultado acreditada en la investigación». Según la Fiscalía, la acción investigada no puede tipificarse tampoco como un delito contra la integridad moral porque para ello es necesario que alguna de las personas destinatarias de las expresiones proferidas se hubiera sentido ofendida y "no consta que ninguna de las mujeres que se encontraban en la residencia haya denunciado los hechos".

Luego, para colmo, ¡ninguna de las chicas del Colegio Mayor Santa Mónica había denunciado el hecho! Evidentemente, lo tomaron a broma pesada. Por más que la conducta de unos jóvenes pueda resultar reprobable desde un punto de vista estético e irrespetuoso, elevar una gamberrada a la categoría de delito sometido a un proceso legal es un absurdo. Y eso está ocurriendo, no sólo en España sino en muchas otras partes, incluso en Estados Unidos.

Pero el daño, producto de la actividad estatal represiva, ha sido hecho. El Colegio Mayor Elías Ahúja ha recibido un enorme daño en su reputación. Uno de los alumnos señalados y acusado de "instigador" ha perdido su beca y ha debido abandonar sus estudios. Los otros esperan ser reintegrados a las clases después de este período de suspensión.