¡Impunidad perpetua para Evo Morales!

En Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura. El sistema de delincuencia organizada implantado por Cuba y Venezuela en el modelo castrochavista de posesión absoluta del poder, mantiene su asamblea legislativa dictatorial con dos tercios de votos y todo el sistema judicial bajo su control. En estas condiciones, la transición a la democracia no avanza y puede terminar en una cruel simulación. Evo Morales, cuya principal característica es la politización de la violencia en defensa del narcotráfico, está logrando impunidad perpetua como lo prueban la amnistía de 2003 que la Presidenta Janine Añez no deja sin efecto y ahora la ley de impunidad aprobada por el legislativo dictatorial.

Evo Morales se inserta en la vida pública de Bolivia a fines de la década de los ochenta como dirigente cocalero de los cultivadores de coca ilegal del trópico de Cochabamba, zona del Chapare. La defensa de la coca como materia prima para la cocaína siempre fue un acto al margen de la ley y para ejecutarla la estrategia utilizada es la “politización de la violencia en defensa del narcotráfico”.

Revestir el cultivo de coca ilegal y la fabricación de cocaína como una reivindicación social de los relocalizados, luego convertirla en conflicto permanente con bloqueos de caminos, marchas, confrontaciones, heridos y muertos, hasta comprarse la sigla de un partido político -el Movimiento al Socialismo MAS una facción de la Falange Socialista Boliviana de derecha- para encubrir sus acciones criminales, es el exitoso método que digitado por Cuba y luego Venezuela hicieron de Evo Morales el dictador que controló Bolivia por casi 14 años.

La historia que los castrochavistas y apologistas de Evo Morales ocultan es la de “Evo mata”: durante más de 30 años el dirigente cocalero realiza permanente provocación, creación de conflictos, agresiones a la sociedad boliviana, violación de la ley, alteración el orden público, asesinatos selectivos como el de los esposos Andrade, violencia, crímenes colectivos y confrontaciones periódicas con resultados sangrientos en Bolivia, para luego acusar de ellos a los gobernantes de turno.

La violencia premeditada de Evo Morales como mecanismo para construir poder, desestabilizar gobiernos y luego negociar con permanente impunidad, abarca 9 gestiones de gobierno, las presidencias de Jaime Paz Zamora por 4 años, Gonzalo Sánchez de Lozada por 4 años, Hugo Banzer Suarez por 4 años, Jorge Quiroga por 1 año, segundo mandato de Sánchez de Lozada por 1 año 2 meses derrocado el 2003, Carlos Mesa por 1 año 7 meses, Eduardo Rodríguez por 6 meses, la dictadura de Evo Morales 13 años 9 meses y ahora la presidencia interina de Janine Añez. Esto incluye mas de 40 ministros del Interior, Gobierno y Defensa.

En todos los gobiernos desde Paz Zamora hasta Añez, sin excepción, hubieron y hay por el tema de la coca/cocaína, múltiples agresiones, bloqueos, confrontaciones, heridos, muertos, amenazas, negociaciones e impunidad para Evo Morales el líder de estos crímenes. Un ritual macabro que amenaza a los gobernantes democráticos de Bolivia, extorsionados entre cumplir sus obligaciones de vigencia del estado de derecho o terminar acusados por los crímenes que comete y manda cometer Evo Morales por los que luego imputa a sus víctimas. Cambiaron 9 presidentes y mas de 40 ministros pero la situación siempre se repite con un actor permanente llamado Evo Morales.

Derrocado Sánchez de Lozada en 2003, en camino a la toma del poder, Evo Morales obtuvo de su aliado Carlos Mesa la garantía de impunidad por Decreto Supremo 27237 que complementó el DS 27234 estableciendo que “la amnistía decretada en el Art. 2 del DS. 27234 de 31 de octubre de 2003, alcanza únicamente a los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado en el periodo de tiempo comprendido entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre del 2003, en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno Nacional”. Esto es impunidad para los derrocadores y persecución para los gobernantes democráticos. Debe ser abrogada y derogada por la presidente Janine Añez como parte del restablecimiento del “estado de derecho”

Ahora en 2019 luego de su salida del poder, está demostrado que Evo Morales como ciudadano común, desde México dirige terrorismo, sedición, conspiración y la misma violencia que ha practicado por 30 años con sus fuerzas defensoras del narcotráfico. Pero también se cubre de impunidad con una ley que su “legislativo dictatorial” ha aprobado bajo el titulo de “ley de garantías constitucionales” para impedir el enjuiciamiento y sanción del ex dictador prófugo y sus coautores, cómplices y encubridores.

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