Con la fragmentación del poder en las últimas elecciones han regresado a España los fantasmas del pasado. De la nación “invertebrada” que un siglo atrás describía Ortega y Gasset. Han vuelto con furia para castigar a una clase política incapaz de pactar sus diferencias, aferrada a sus pequeños feudos partidistas y, hasta hace días, aparentemente ajena a la amenaza del nuevo populismo neocomunista de Podemos.
Son ellos, los hijos putativos de Chávez, los verdaderos triunfadores en las urnas. Y no por los escaños obtenidos, sino por su capacidad de secuestro –o al menos envenenamiento– del proceso para formar nuevo gobierno. Son ellos, los herederos de los “Indignados”, quienes intentan seducir al desesperado líder socialista, Pedro Sánchez, para aliarse en un gobierno PSOE-Podemos que les facilite el asalto al poder. Son ellos, los insurrectos antisistema, los que quieren romper España. Su democracia, su Constitución, su geografía.
Lo lograrán si Sánchez claudica ante las inaceptables condiciones de Podemos, desafiando a sus correligionarios socialistas, con tal de conseguir votos suficientes para ser investido presidente. Sería la opción suicida, tanto para el mismo Sánchez, como para el partido socialista y para la propia gobernabilidad de España.
Pero Sánchez, que aspiraba a “ser alguien” y ahora se ve frente al paredón de fusilamiento de sus camaradas, ya no tiene nada que perder. Asociarse con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, parece su única vía (temporal) de escape a una muerte política asegurada si prospera la ofensiva de los capos del PSOE para derrocarle. Antes de que él se les adelante con la opción nuclear, o de que se convoquen nuevas elecciones y Sánchez intente postularse.
Del desenlace de esa guerra fratricida en el PSOE dependerá en gran medida la salida del laberinto que mantiene paralizada a España. Al nadie conseguir –ni remotamente– una mayoría parlamentaria, la aritmética para obtener los 176 escaños necesarios para elegir presidente requiere un sinnúmero de pactos, algunos entre obstinados adversarios. Y como en los últimos 40 años no han hecho falta alianzas para gobernar, pues se ha disipado la “cultura de consenso” que posibilitó la Transición del franquismo a la democracia.
Razón tiene Felipe González cuando dice: “Estamos como en Italia, pero sin italianos”, refiriéndose a la quintaesencial política florentina de hacer y deshacer gobiernos aliándose con quien haga falta. Mucho tendría que cambiar el sentido del honor y la terquedad celtibérica para actuar con la maleabilidad florentina. Veremos.
Sobre la mesa hay cuatro posibles alternativas (y muchas más tramas e intrigas), a saber: 1- un “pacto de estado” por el bien del país entre los dos grandes partidos, Popular (PP) y Socialista (PSOE), que es la que propone el presidente en funciones Mariano Rajoy, ganador en términos netos de las elecciones; 2- pactos entre alineaciones ideológicamente afines, con apoyo de otras minorías; 3- abstención del PSOE en la votación de investidura para que el PP consiguiera mayoría y Rajoy siguiera gobernando, con ellos en el rol de “leal oposición”; 4- convocar nuevas elecciones.
Esta última podría abrir otra caja de Pandora si los votantes insisten en desagraviarse escarmentando al bipartidismo, a costa de beneficiar al verdugo de la democracia disfrazado de Robin Hood: Pablo Iglesias y su Podemos. Y podrán, si en los hipotéticos nuevos comicios los votantes del comunista Izquierda Unida (extinguido días atrás, víctima del ímpetu de Iglesias) emigraran a Podemos.
Para frenar el descenso a ese indeseable abismo Rajoy es el mejor posicionado, pero aún muy lejos de la meta de los 176 escaños. En justicia es quien merece una segunda oportunidad como artífice al fin de la recuperación económica, aunque no haya sido un líder inspirador en otras áreas.
Previsiblemente será Rajoy el candidato que proponga el rey Felipe VI tras el período de consultas con todos los partidos, al que la Constitución le obliga. Si Rajoy no obtuviera mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en la segunda, el Rey podrá proponer a otros candidatos. Y si pasados dos meses no se lograra escoger presidente se convocarían nuevos comicios.
En este escenario de atasco de la democracia española el papel de Felipe VI como árbitro cobra mayor relevancia. Aparte de su función puramente constitucional le toca salvar el honor nacional empañado por políticos pendencieros, en una versión moderna del drama del siglo XVII Del Rey abajo, ninguno.
La historia se repite en más de un sentido. Su padre, el rey Juan Carlos, pilotó sin graves turbulencias la Transición a la democracia. A Felipe le corresponde pilotar las actuales tempestades de lo que se perfila como una Segunda Transición.
Topic Author
