El secularismo dogmático y los derechos humanos

No es posible la democracia sin un consenso supremo entre los ciudadanos para respetar, acatar y cumplir con la ley, cuando la ley es legítima porque está cimentada en una firme base de derechos humanos capaz de sustentar un Estado de derecho. La democracia, por definición, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No es el gobierno de la mayoría, ni de un sector o de un partido. Por lo tanto, tiene un propósito político de armónica colaboración entre amigos y adversarios. Esa armónica colaboración sólo es posible bajo un Estado de derecho que permita el funcionamiento adecuado del mecanismo democrático en la toma de decisiones.

El mayor problema que las democracias enfrentan en nuestros días es el excesivo individualismo de ciudadanos que exigen sus derechos pero no se comprometen con sus deberes. Esta actitud suele desembocar en una dictadura de las mayorías que responden a un líder carismático o a un partido político contestatario y rebelde capaz de destruir el consenso para imponer medidas inicialmente mayoritarias que frecuentemente violan el Estado de derecho y las libertades fundamentales. Esto se debe a que las personas tienden a interpretar sus deberes de manera muy subjetiva, acomodándolos a sus ambiciones y conveniencias personales y no a una obligación de acomodarlos a las ambiciones y conveniencias personales de los demás mediante un proceso de negociación, transacción y compromiso que permita la estabilidad social.

Una gran responsabilidad en esta crisis que va en aumento hasta desembocar en las dictaduras corresponde al secularismo y el laicismo dogmático que atentan contra la libertad religiosa. Es indiscutible que el Estado democrático debe ser laico y mantener una clara distinción entre el gobierno y sus instituciones, por una parte, y las instituciones religiosas, por la otra. Una mayoría confesional no es legítima si pretende gobernar bajo los límites de una doctrina que someta o reprima las creencias y prácticas de los demás. Una mayoría confesional propicia el establecimiento de aberrantes teocracias. No obstante, el extremo contrario es todavía peor, cuando se impone un régimen que rechace toda manifestación religiosa como si ese aspecto de las libertades de conciencia y expresion pudieran ofender o perjudicar a los que piensan distinto o tienen otras creencias. Este otro extremo es peor porque tiende al desorden y acaba por desembocar en una dictadura de las mayorías cuando se desmoronan los principios éticos que sustentan la mayoría de las religiones y que son a través de la historia la fuente esencial de los instrumentos internacionalmente reconocidos de los derechos humanos.

Todo pueblo tiene el derecho de manifestar públicamente su religión y proclamar sus creencias por todos los medios, públicos y privados, siempre y cuando reconozca su deber de respetar iguales derechos a las minorías, que son también parte de ese pueblo, en un ambiente de armónica confraternidad. Pero es muy nefasta la prohibición de manifestaciones confesionales públicas con el pretexto de que esa medida se toma para evitar ofender a otros. Esa reacción autoritaria es una agresión contra la libertad de religión y los derechos de libre expresión y libre reunión.

En Estados Unidos, por ejemplo, se ha llegado al extremo de emitir una orden judicial prohibiendo que un monumento histórico que proclama los diez mandamientos mosaicos permanezca frente a un edificio público por (supuestamente) resultar ofensivo a otras religiones o a los ateos. Aunque con una menor connotación de salvajismo antidemocrático, podemos contrastar tal medida con la de los talibanes fundamentalistas que destruyeron con dinamita hace pocos años unas majestuosas y milenarias esculturas del Buda por considerarlas ofensivas al Islam, o con la de los yijadistas que han arrasado las ruinas de Palmira. En muchos países se prohibe la mención de Dios o de un Ser Supremo en los símbolos nacionales, en la Constitución o en otras manifestaciones legales de su cultura, pese a que su identidad nacional pueda haber sido fundada sobre los cimientos de determinadas creencias religiosas. Mientras estas menciones establecen someramente un símbolo cultural y ético, su prohibición deja un vacío en la estructura que fue creada y sustentada por la mayoría de sus fundadores: Un vacío ético y de identidad nacional.

Es ilegítimo un régimen político que permita que el secularismo y el laicismo se excedan con una intolerancia que tienda a un dogmatismo materialista apoyado en el supuesto respeto a los derecho de unos a costa de los derechos de otros. Lamentablemente, muchos olvidan que la condición indispensable para que toda democracia funcione es el reconocimiento de que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás.