En las recientes elecciones celebradas este domingo en Cuba para escoger a los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular la oposición no logró que ninguno de sus candidatos fuera nominado por las amenazas y el control ejercido por las autoridades y violando la propia legislación.
No basta que en Cuba exista un único partido legalizado que, de acuerdo con el artículo 5º de la Constitución, "dirige" la sociedad y además, a través de todos sus cuadros controla la prensa escrita, radial y televisiva del país. También organiza las comisiones electorales y las candidaturas a todos los niveles, designa a todos los alcaldes y gobernadores o nombra al 100% de los candidatos delegados a las Asambleas Nacional y provincial del Poder Popular.
No es suficiente que el Poder Judicial y los dirigentes de las organizaciones sindicales, juveniles, de profesionales, mujeres y estudiantes fueran también designados por las direcciones del Partido Comunista de Cuba en los niveles correspondientes, lo que da una idea clara de la falta de legitimidad que permea todo el sistema político del castrismo.
No es bastante que por encima －o quizás más bien por debajo－, como sustento de todo este modelo dictatorial, la gran mayoría de los medios de producción sean propiedad del Estado y administrados por sus burócratas designados. Tampoco que sus trabajadores sean explotados en forma asalariada, con sueldos de miseria －como semi-esclavos－ a expensas de ser expulsados ante cualquier muestra de disidencia; ni que los cuentapropistas y cooperativistas sean privados de sus licencias si mostraran algún desacuerdo.
Fue poco que los tres millones de cubanos exiliados no puedan votar a pesar de contribuir con cerca de 5.000 millones de dólares en remesas, otros 5.000 millones en alimentos, medicinas y equipos electrodomésticos, y quién sabe cuántos cientos o miles de millones más en impuestos por pasaportes, viajes, trámites o aduanas.
Más allá, no bastó el Estado totalmente represivo organizado por el castrismo en todas las cuadras, en los ministerios a todos los niveles, en todos los centros de producción y servicios, sobre cada trabajador.
Con todo eso y sin libertades de expresión, asociación, elección ni actividad económica －donde la diferencia es penada－el Gobierno no ha podido impedir que el 21,12 % del electorado de la Isla, 1.869.937, no votara, lo hiciera en blanco o anulara la boleta Ese índice de participación es una demostración no solo de ilegitimidad, sino sobre todo del mal momento que atraviesa el castrismo, de la falta de apoyo del pueblo.
Si existieran las libertades democráticas elementales, si la oposición hubiera podido presentar candidatos y defender sus programas y si pudieran votar por lo menos otros dos millones de cubanos residentes en el exterior, no sería difícil concluir que de unos 11 millones de votantes, más de la mitad optaría por candidaturas opositoras de distinto signo.
El castrismo podría ser una minoría más en las urnas, derrotado por una oposición unida. Por ello se debe trabajar por el restablecimiento de las libertades democráticas fundamentales y la alianza de la oposición y la disidencia para poder adelantar al castrismo por las urnas, no por las armas.
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