Cuba: Iniciativas Democráticas

El origen de la discordia

Las tres revoluciones más trascendentales de la humanidad son producto de la era contemporánea.  La Revolución norteamericana de 1776, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Bolchevique de 1917, responden a la evolución histórica del pensamiento político que llega a la conclusión de que el conjunto de los ciudadanos es soberano por derecho propio e inalienable.  Se plantea, por primera vez desde la Grecia clásica, la tesis de que los pueblos en su carácter soberano tienen la capacidad de gobernarse a sí mismos.  Sólo que para los griegos la condición de ciudadano era sumamente exclusivista.  No así en nuestros tiempos.  Empero, el mecanismo para ese gobierno del pueblo, denominado democracia al estilo griego, ha desembocado mediante estas síntesis revolucionarias en posiciones notablemente divergentes no sólo sobre la manera de aplicarlo sino también sobre los fundamentos y principios de la idea democrática.

Así vemos, por ejemplo, que el énfasis de la revolución norteamericana se centra en las libertades, en cuya defensa justifica resultados deplorables en términos de justicia social, porque si bien apunta a un sistema que fomente las "oportunidades individuales" para alcanzar una calidad de vida que le proporcione felicidad y bienestar al individuo, no hace énfasis en la responsabilidad del Estado de intervenir con el propósito de mantener un mayor equilibrio social y económico.  Casi simultáneamente, la francesa enfoca primordialmente el concepto de equidad, aun a costa de la libertad personal.  De este concepto, proclamado por la Revolución Francesa, deriva la ideología socialista en sus diversas manifestaciones, incluido el comunismo.

Esta divergencia observada en las revoluciones del siglo XVIII se transforma en la síntesis del pensamiento económico de Marx y los planteamientos políticos del socialismo en general durante la segunda mitad del siglo XIX.  Es la infusión del leninismo, transformado por evolución natural en el estalinismo y el totalitarismo, lo que determina la edificación de un sistema de gobierno centralizado y dictatorial, más conocido en nuestros días como comunismo.  Empero, la idea que da origen al comunismo no es denostable en sí puesto que plantea la democracia popular como respuesta a las deficiencias de las democracias representativas que habían evolucionado en el último siglo y trata de enfocar el concepto democrático en la premisa de constituir un genuino gobierno del pueblo como meta ulterior de una dictadura del proletariado.

El Manifiesto Comunista, redactado por Carlos Marx y Federico Engels en 1848, señala que se accede al poder mediante una lucha de clases.  Y que el elemento fundamental de poder en la sociedad es el control de los medios de producción, que, eventualmente, en la síntesis comunista del triunfo total del proletariado sobre la burguesía, serían controlados exclusivamente por los trabajadores. Pero antes de alcanzar esa síntesis ideal o utópica, la interpretación leninista del marxismo derivó en un proyecto por el cual el Estado, es decir, la élite gobernante, debe intervenir agresivamente en la lucha por el poder para acaparar en forma absoluta todos sus mecanismos.  "No son socialistas quienes esperan que el socialismo se logrará sin una revolución socialista ni la implantación de la dictadura del proletariado.  La dictadura es el poder del Estado basado directamente en la violencia; y en este siglo veinte la violencia no significa un puño cerrado ni un garrote, sino las tropas" ^[1],afirma Lenin con férrea determinación.

La justificación a tal régimen totalitario -con el eufemismo de "dictadura del proletariado"- se daba por la necesidad de ejercer un poder absoluto a fin de aplastar las fuerzas de la burguesía y el capitalismo hasta que no quedase traza alguna de ellas.  Lenin no se anda con miramientos, y añade rotundamente que:

"La dictadura consiste en gobernar directamente y sin restricciones jurídicas.

La dictadura revolucionaria del proletariado consiste en el poder alcanzado y mantenido por el proletariado mediante la violencia aplicada contra la burguesía; es un poder ejercido sin la restricción de ley alguna.^[2]

La teoría, que en sus orígenes surge de la propia Revolución Francesa, se basa en que el pueblo es soberano y, como tal, todas las leyes, y los principios jurídicos y filosóficos de los cuales éstas derivan, dependen de las decisiones irrestrictas de los ciudadanos en ejercicio de su soberanía popular.  Pero la teoría marxista-leninista nos habla de un sector amorfo de los ciudadanos -el proletariado- sin preocuparse en definir su poder real y los parámetros de su aplicación ni en considerar los derechos inalienables de otros sectores no proletarios.  La realidad pragmática desemboca así en una dictadura sustentada por las tropas que ejerce de facto la élite gobernante mediante métodos de represión y con el paliativo de la promesa de que ese régimen político tiene un carácter provisional en virtud del concepto dialéctico.  Por lo tanto, de conformidad con el proyecto comunista del marxismo-leninismo, no sería posible hasta el momento de alcanzar la sociedad utópica que esa élite gobernante renunciara al poder absoluto que detentaba y lo cediera buenamente a las fuerzas proletarias o, en otras palabras, renunciara a él en favor del pueblo.

La realidad histórica del siglo XX fue bien distinta, como lo atestigua el propio Mikhail Gorbachev en sus "Memorias"^[3]. Esa promesa no habría de cristalizar nunca, sino que se transformaría en una pugna constante por el poder. Y el poder en un sistema totalitario es con frecuencia sinónimo de supervivencia. Una testigo presencial de esta realidad, Agnes Heller, resume así esta pugna:

"La necesidad de poder se convierte en la necesidad número uno, porque el resto de las necesidades se satisfacen en proporción directa a la posición de poder ejercida dentro de un universo político enteramente monolítico. Los pocos objetos de satisfacción restantes son asignados, exclusivamente, por los detentadores del poder central; más aún, son ellos quienes determinan las necesidades de la gente (los grupos sociales); el único criterio para tal determinación (cuantitativa) es la cantidad de objetos de satisfacción que están dispuestos a distribuir entre los distintos grupos. He denominado a ese sistema de asignación de necesidades "dictadura sobre las necesidades". Ciertamente, la determinación de necesidades y la distribución de su satisfacción por una autoridad monolítica es una dictadura en su grado sumo; y lo es, en particular, si la necesidad de preservar la integridad corporal y la simple libertad personaltambién son distribuidas de forma centralizada ...

[Es decir, que su preservación depende del acatamiento incondicional de las decisiones de la autoridad suprema.]

No hay que olvidar que en este caso las necesidades ... son distribuidas ... de acuerdo con la posición adquirida por la persona en la jerarquía social (en este caso la del Partido), esto es, que la distribución de las necesidades es controlada[inapelablemente] por el Partido" ^[4]

En este hemisferio, un grupo de disidentes cubanos logró burlar la represión de su régimen para publicar el 27 de junio de 1997 un documento titulado "La Patria es de Todos" en el que se recoge la queja por la falta de libertades y se plantea una apertura a la concordia y la democracia. Refiriéndose a la Convocatoria  hecha pública por el régimen al V Congreso del Partido Comunista, que había de realizarse en octubre de ese mismo año, señalan:

"Dice ese documento que el Partido demanda de cada uno de sus integrantes pensar con su propia cabeza y expresarse libremente en el seno de las organizaciones partidistas. Entonces son sólo 770,000 personas las que cuentan con licencia para pensar y hablar, pero el resto del pueblo, de los sin partido, de los que constituyen la mayoría de la población, no tienen posibilidad de expresarse libremente ... También dice que el Partido no postula, ni reelige, ni revoca. Está claro que no tiene necesidad de hacerlo. Para eso están las organizaciones de masa, cuya dirigencia en pleno milita en el Partido ... Lo novedoso sería que permitieran a la oposición que formara parte del propio proceso electoral, contando con sus propios partidos y con la posibilidad de postular a sus candidatos y hacer campañas políticas ..."

Y más adelante, entre otras cosas, llegan a la conclusión de que:

"El Estado no está al servicio del ciudadano. Ni siquiera existe entre aquel y este una relación igualitaria de derechos y obligaciones recíprocas, sino que, por el contrario, el ciudadano está al servicio del Estado".^[5]

En todo esto se pone de manifiesto que, para quienes lo han vivido y han sufrido la experiencia aplastante del abuso del poder, la lucha por la supervivencia como ciudadanos de un país oprimido se concreta a satisfacer necesidades básicas y a enfrentarse a una realidad en la que su gestión individual en la vida cotidiana de la nación es nula.

La concordia como solución

José Martí prevé los graves peligros del totalitarismo en esa lucha que ya se planteaba en el siglo XIX para su futuro inmediato, cuando afirma que:

"Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados." ^[6]

El Apóstol de la independencia cubana, con su proverbial aversión a las dictaduras y la tiranía, insiste en esta advertencia en otras partes de su obra.  Aclara también para la posteridad su concepto de libertad cuando nos dice que no se trata de  "...aquella libertad que es entendida por el predominio violento de la clase pobre vencida sobre la clase rica un tiempo vencedora Bque ya se sabe ésa es nueva y temible tiraníaB  ... sino aquella libertad en las costumbres y las leyes, que de la competencia y equilibrio de derechos vive, que trae de suyo el respeto general como garantía mutua".^[7]

No por ello es ajeno Martí a las realidades de la lucha por el poder en la república y la democracia, y la concibe como una pugna donde:

"Un pueblo está hecho de hombres que resisten y hombres que empujan: del acomodo, que acapara, y de la justicia, que se rebela; de la soberbia, que sujeta y deprime, y del decoro, que no priva al soberbio de su puesto, ni cede el suyo; de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos.^[8]

Concepto éste que plasma magistralmente cuando establece su precepto de "que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre", e insiste en afirmar que "si la república no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la república" ^[9]

José Martí no sólo fue apóstol de la independencia de Cuba sino que nos legó a todos un amplio concepto de la "concordia", cuyo mensaje no se limita a un país sino que es universal.

La democracia es un concepto universal que sólo puede prosperar en un ambiente de concordia que promueva espacios de consenso nacional en el proceso de gobernar y administrar una nación.

La concordia en el ejercicio del poder

La concordia como elemento de política antecede a Martí por muchos siglos.  Como elemento humano tiene sus raíces en el cristianismo.  Como necesidad social ya forma parte del pensamiento de Aristóteles. Es asombrosa la claridad con que lo plantea este filósofo en los albores de la historia, cuando en su "Etica a Nicómano" nos enseña que la concordia política no consiste en que los ciudadanos opinen lo mismo sobre alguna cosa, y añade que "de concordia política sólo puede hablarse cuando los ciudadanos coinciden en lo que atañe al Estado, cuando persiguen respecto a él los mismos fines".  Es decir, que depende de la comunidad de propósitos y no de la obligatoria coincidencia de ideas u opiniones.  Es sumamente claro también cuando llega a la conclusión de que "la concordia implica, pues, una creencia firme y común sobre quién debe mandar".

Ortega y Gasset interpreta en nuestro siglo la posición de Aristóteles con este profundo razonamiento:

"La concordia sustantiva, cimiento último de toda sociedad estable, presupone que en la colectividad hay una creencia firme y común, incuestionable y prácticamente incuestionada, sobre quien debe mandar ...  Porque, si no la hay, es ilusorio esperar que la sociedad se estabilice." ^[10]

En otras palabras, que si bien es necesario delegar el mando no puede haber estabilidad bajo un régimen dictatorial o totalitario donde predomina la violencia y no la concordia. 

Se acostumbra  hacer referencia también a los brillantes análisis sobre la "concordia" que nos brindan Cicerón y Antifón pero tenemos la tendencia en tales estudios a no abundar en el aspecto de la "discordia", que fue igualmente importante para los filósofos de la antigüedad y verdadero elemento disociador en el acontecer político de los pueblos.  Vamos a hacerlo ahora.

Las divergencias de opinión son tan numerosas como individuos hay en una sociedad. Las luchas que provocan estas divergencias pueden ser muy cruentas cuando la discordia afecta íntimamente la solidaridad del edificio social. Me refiero a esa solidaridad que encontramos en la historia de Roma cuando tanto un ciudadano de la plebe como un patricio se sentían igualmente orgullosos de ser ciudadanos romanos y aportaban su consenso al engrandecimiento de ésta. En un ambiente de discordia la sociedad deja de serlo, sencillamente se disocia, se fragmenta, se polariza, hasta convertirse en dos sociedades superpuestas dentro del ámbito de la nación.  Empero, es imposible la existencia de dos sociedades en un mismo espacio social, son simples conatos que no pueden estructurarse plenamente y que conducen a su mutua aniquilación.

En consecuencia, la concordia se alcanza en un ámbito democrático y la discordia es el producto de la violencia y la tiranía. En un régimen democrático donde impere la concordia la sociedad protege a todos los ciudadanos y cada uno de ellos acata con su obediencia la voluntad del grupo social.  La comunidad procede así a custodiar los derechos de cada miembro individual; y cada ciudadano, a cambio de esa misma protección, se somete a las leyes de la comunidad y delega el mando, ya que sin ese acatamiento de todos sería imposible que la protección pudiera extenderse a cada uno.

Muchos pensadores -incluyendo a Ortega y Gasset- critican el énfasis, que ellos califican de "excesivo", que ponen estos argumentos en un estricto equilibrio de poderes y lo clasifican como una preocupación exagerada del liberalismo.  Para Franz Neumann,  el liberalismo conduce a una actitud de desconfianza que promueve la creación de verdaderas barreras de contención en torno al "poder político".^[11]  Esto, naturalmente, emplaza obstáculos a la gestión de gobierno. No obstante, su propósito es para él muy loable porque apunta a la disolución del poder en un mecanismo de interrelaciones jurídicas, a la erradicación del gobierno unipersonal, monopartidista o carismático, y al imperio del derecho, por medio del cual las relaciones humanas son racionales y, por ende, predecibles y estables.

Autoridad y fuerza en el ejercicio del poder

Dentro de todas estas consideraciones, no podemos perder de vista que el elemento principal del poder es la autoridad, y que esta no puede ejercerse sin una capacidad coactiva o de fuerza.  La cuestión consiste en no confundir la fuerza con la violencia y en reconocer que la concordia convierte a la fuerza que requiere el poder en un elemento simbólico, aunque muy necesario.  Necesario, porque ninguna sociedad se convierte en panacea ni desemboca en la utopía.  Habrá siempre crimen, corrupción, abuso, irresponsabilidad y desgobierno.

Por lo tanto, si al mecanismo tradicional de separación de poderes se le aplica un elemento efectivo de participación activa del ciudadano común, se establece un aparato en el cual toda gestión de gobierno ha de rendir cuentas a alguien y ha de responder en forma responsable a los requerimientos de la sociedad en que se desenvuelve.  La lucha por el poder continúa dentro de estos parámetros; eso es inevitable.  Ningún mecanismo es suficiente para cercenar las ambiciones desmedidas; pero sí para controlarlas eficazmente y reducirlas a un mínimo común denominador en un ambiente cívico que las encauce a resultados positivos y edificantes. 

Pero, por lo mismo que esta lucha continúa, es preciso que los sectores de poder en el gobierno establecido y la base de la ciudadanía que le da razón de ser a ese mismo poder, actúen de consuno en pos del engrandecimiento de la nación en un ambiente de concordia.  Y la concordia no es posible sin la ley, el orden, la equidad, la justicia y la autoridad. Es el respeto a todos estos elementos lo que alimenta la concordia en cualquier sociedad y produce los elementos de consenso que faciliten una gobernabilidad eficaz..

Con ese propósito, no contemplo en este ensayo, como lo hace el pensamiento liberal, un sistema que ponga obstáculos al poder ejecutivo para impedir la dictadura o la tiranía.  Se trata de ver las cosas de otro modo.  Se trata de establecer el poder al nivel del ciudadano y de proyectarlo dentro del aparato del Estado para que su gobierno desarrolle una tarea administrativa y no de mando como función del ejecutivo^[12]. Una función de responsabilidad burocrática y no de fuerza, porque la fuerza y el mando deben estar en manos de la ciudadanía en pleno.

Dentro de ese concepto entran en juego los elementos físicos de fuerza en una sociedad: las fuerzas armadas y las fuerzas de mantenimiento del orden.  En ese sentido -aunque no en su aplicación- estaba Lenin bien encaminado, porque todas las demás manifestaciones de la sociedad, a nivel político y social, no pasan de ser grupos de presión con una influencia mayor o menor según sea su número, su organización y su capacidad.  Estos grupos, según esté organizada la sociedad civil, sólo pueden ejercer autoridad y mantenerla frente a los elementos delictivos, antisociales o putschistas (del alemán "putsch"), si cuentan con el respaldo de esas instituciones armadas que tienen la fuerza para defender a la sociedad a cuyo servicio están.  El problema consiste en establecer un equilibrio de poder que impida que las instituciones castrenses y policiales se transformen en instrumento de sometimiento de esa misma sociedad a la que deben servir.

Siendo así, cabe preguntarse por qué ambas instituciones -las fuerzas armadas y la policía- han de estar bajo la égida del poder ejecutivo.  Por qué las fuerzas de mantenimiento del orden, por ejemplo, no han de responder mejor al poder judicial que es el que interpreta las leyes y, por lo tanto, el que debe contar con la capacidad -la fuerza- para aplicarlas.

Con esto no hago más que introducir la propuesta concreta de tener una policía judicial nacional al servicio de los tribunales del país y un organismo nacional de investigaciones que complemente la función policial y responda también al poder judicial en la aplicación de sus decisiones.  Las otras funciones del orden público podrían limitarse así a fuerzas locales autónomas al servicio de sus respectivos municipios o comunidades en estrecho vínculo con la población y sus instituciones cívicas.

En cuanto a las fuerzas armadas, conviene preguntarse también por qué la ciudadanía en pleno ha de ver que quienes están destinadas a protegerla de la agresión y el pillaje, se conviertan en instrumento de tiranía -y por lo tanto de agresión y pillaje- en manos del gobernante de turno, en lugar de verlas colocadas al servicio del pueblo que, en un proceso legislativo de Asambleas populares, delegue el mando únicamente cuando las circunstancias lo precisen. 

En resumen, que el equilibrio de poderes para hacerse realidad tiene que empezar por aquí, por donde está la fuerza.

Todo país debe contemplar el ejemplo que nos ofrece Costa Rica y su alternativa pacifista. También es deseable estudiar los casos de Andorra, Liechtenstein o Mónaco, entre otros. Pequeños y más ricos que sus vecinos, subsisten en la comunidad internacional moderna sin necesidad de fuerzas armadas. Confían en el derecho internacional y dependen de él. Pero hay que hacerlo plenamente conscientes de que esto no es posible en todas las situaciones. Aun los países más pacíficos han visto que se les impone el recurso de la guerra por circunstancias foráneas. Ejemplos fehacientes de ello fueron los de Noruega y Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, y los de Camboya, el Líbano y el Tíbet en el período posterior. Sufrieron las consecuencias trágicas de su incapacidad de defenderse.

Por otra parte, Suiza nos enseña lo que significa una paz armada.  Suiza cuenta con un ejército de ciudadanos que fue respetado hasta por el mismo Hitler. Es una milicia moderna, muy bien adiestrada y aguerrida que asume la tremenda responsabilidad de guardar sus armas ligeras en casa sin que por ello aumenten el crimen y la delincuencia. Pero este es un caso único de civilidad extrema que no sería aplicable en cualquier parte.

Por consiguiente, hay que buscar una síntesis que concilie los pros y los contras del manejo del poder mediante la fuerza.  Podría concebirse que un país que adoptase un sistema de democracia participativa, considerara también la necesidad del equilibrio de fuerzas como parangón del equilibrio de poderes y como gestor de una sociedad pacífica derivada de la estabilidad interna.

Como conclusión, sólo quiero recalcar que la lucha por el poder toma un aspecto más dignificado, decoroso y civilista en un ambiente de democracia participativa, donde las decisiones públicas de gobierno se toman con la participación activa del ciudadano y son, por lo tanto, responsabilidad de todos en el esfuerzo de llegar al consenso o a la decisión mayoritaria en un clima de concordia.  Que la lucha por el poder no cesa sino que se convierte en el enfrentamiento de las ideas y la síntesis de la razón en la acción comunitaria.  Y que el ejercicio del poder adquiere así un carácter de servicio y se transforma en una función administrativa^[13]. 

La lucha por el poder en la democracia participativa rechaza la violencia y se libra en el plano institucional.  En la participación está el medio para defender los intereses individuales en un contexto de comunidad y en su elemento dinámico está la fuerza que disipe la amenaza de los tiranos siempre en acecho.  Los enfrentamientos se resuelven con el debate, la aplicación de la ley, la transacción, la tolerancia y la razón.  La sociedad resultante es así la obra de todos.

Este consenso de propósitos gestado a nivel nacional podría extenderse como epidemia de paz a todas las naciones.  La paz internacional sería posible porque nunca los pueblos quieren la guerra sino que son sus caudillos quienes los conducen a ella.  La democracia participativa tenderá puentes de tolerancia entre pueblos y etnias y estrechará lazos de comprensión entre culturas e ideologías.  Reinará la concordia para abrir las puertas del progreso universal.