En los últimos días, con profundo pesar, hemos tenido que asistir al espectáculo de una Unión Europea que ha decidido abandonar la posición de defensa de los derechos humanos en Cuba para pasar a una Realpolitik que a Raúl Castro sólo le pide la posibilidad de realizar buenos negocios. Semejante cambio – a todas luces lamentable desde la perspectiva de la defensa de la libertad – tiene un principal responsable. En términos generales, los distintos gobiernos españoles siempre vieron con agrado a Fidel Castro por eso de que era hijo de gallegos y además se las tenía tiesas con Estados Unidos. El dictador aparecía adornado con el embrujo de los indianos que habían hecho fortuna en las Américas junto con la atracción de enfrentarse con esa nación de infieles que había decidido el resultado de la guerra de 1898. El mismo Franco, nada cercano a la ideología de Castro, no dejaba de contemplar con galaica simpatía al dictador caribeño, algo que Fidel captó hasta el punto de decretar tres días de luto nacional cuando falleció el general español. Igualmente, Adolfo Suárez, deseoso de borrar su pasado en la Falange, y, muy especialmente, Felipe González, miembro de la Internacional socialista, trataron con especial mimo a Castro. Como tantos otros, se empeñaban en creer que lo que hubiera podido hacer Castro malamente quedaba compensada por la supuesta bondad de sus intenciones y por las no menos supuestas conquistas sociales de la revolución. La situación, ciertamente bochornosa, cambió de manera radical con José María Aznar. No sólo es que el presidente español insistió en la necesidad de que Cuba se democratizara sino que además brindó su apoyo a los disidentes de la dictadura invitándolos a la embajada española en La Habana. No sólo eso. Aznar incluso forjó una política común en el seno de la Unión Europea que sumó a su posición de democracia para Cuba a las primeras potencias democráticas del otro lado del Atlántico. Aprovechando la relación histórica de España con la isla, Aznar consiguió que España – y con ella la Unión Europea – asumiera que ni los disidentes, ni los exiliados serían vendidos como moneda de cambio en los tratos con Fidel Castro. Como en tantas áreas, Aznar impulsó una política de decencia que, por añadidura, significó beneficios para España. Semejante política quebró – como la economía y las instituciones – con la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo presidente del gobierno español practicó el acercamiento especial a las dictaduras de izquierdas, se abrazó entusiasmado con Chávez y Maduro y, lógicamente, Cuba no fue una excepción. De hecho, con él y su canciller Miguel Ángel Moratinos – un personaje sobre el que abundarían los chistes dada su proverbial torpeza – España pasó de ser la punta de lanza de la defensa de la democracia en Cuba a convertirse en la abogada de la dictadura castrista en el seno de la Unión Europea. Por supuesto, los disidentes fueron abandonados a su suerte y no volvieron a ser invitados a los recintos diplomáticos españoles. La llegada al poder de Mariano Rajoy, miembro del mismo partido que Aznar, abrió las lógicas esperanzas de que se abandonara la política de Zapatero y se renovara la de su compañero de filas.
No ha sido así. Rajoy se ha caracterizado de manera fundamental por traicionar continuamente a su electorado en todo tipo de materias y por seguir la política de Zapatero como si fuera sucesor de él y no de Aznar. Los ejemplos de esa traición son múltiples y en todos los casos han resultado trágicos y de pésimas consecuencias. Así, subió en el primer año de gobierno los impuestos más de cincuenta veces – volvió a hacerlo el viernes de la semana pasada – permitió que los miembros de la organización terrorista ETA se mantuvieran en las instituciones a costa de los presupuestos nacionales, aumentó la deuda pública hasta superar el cien por cien del producto interior bruto, se demostró incapaz de controlar el déficit público de acuerdo con las directrices de Bruselas y, de manera bien reveladora, se hermanó con la dictadura castrista de una manera que causa sonrojo. De hecho, su canciller Margallo – al que me referí hace pocos meses desde esta misma tribuna – no sólo soportó indignamente las humillaciones que le propinó Raúl Castro sino que le comunicó el perdón de la deuda por parte de una España más que endeudada. ¡Los españoles que soportan la presión fiscal mayor de toda Europa condonaban lo adeudado a la dictadura castrista! Por si todo lo anterior fuera poco, el gobierno de Rajoy se ha convertido en el paladín del castrismo en la Unión Europea aún con mayor entusiasmo que el mostrado por Zapatero. Personalmente, puedo dar testimonio, dentro de la obligada discreción, de cómo uno de los cargos más elevados del ministerio de asuntos exteriores, puesto en contacto conmigo para pulsar cómo recibiría el exilio cubano un mayor acercamiento a la dictadura, escuchó crecientemente molesto mis palabras. No era, desde luego, lo que deseaba escuchar e intentando justificar el abandono de las víctimas del castrismo me dijo que no era cosa de que los holandeses llegaran antes a hacer negocios en la isla. En otras palabras, para el gobierno de Rajoy los intereses de algunos empresarios españoles eran mucho más relevantes que la libertad, los derechos humanos y el destino de millones de cubanos.
El resultado de semejante actitud no ha tardado en producirse. Si España, la nación más interesada en el bienestar de Cuba, decidía apoyar a la dictadura de los Castro, ¿por qué deberían actuar de otra manera Francia, Gran Bretaña o Alemania sin vínculo alguno con la isla? Al final, la Unión Europea en bloque ha decidido ser complaciente con los tiranos y olvidar a sus víctimas en la idea de que puede haber alguna recompensa económica por esa conducta. Examinando todo con perspectiva, ¿quién tiene la culpa?
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