El poder de la razón sobre la pasión y el fanatismo

La política es como cualquier otra profesión. Cuando escuchamos decir que “la política es sucia”, en realidad lo que están afirmando es que entre los seres humanos abundan los casos de ambición, corrupción, abusos de autoridad y otros males que desacreditan la labor que realizamos en cualquiera que sea nuestra profesión u oficio.

La sociedad ha evolucionado a través de los siglos hacia conceptos abarcadores de derechos humanos y el progreso de las democracias ha logrado un amplio reconocimiento de las libertades fundamentales e inalienables de los ciudadanos. Esto ha dado lugar a una serie de normas éticas para frenar las conductas malsanas en el ámbito político. Es cierto también que han seguido predominando la ambición, la corrupción, los abusos de autoridad y muchos otros baldones políticos, pero cometidos bajo la lupa de esas normas y principios que somete a sus violadores al juicio de la opinión pública y sirven de base para un posible castigo de sus transgresores.

Esta tendencia civilizadora impulsaba también el respeto mutuo y promovía el convencimiento universal de que un buen político enfrentaría a sus adversarios con cordura, ecuanimidad y sentido de negociación, en lugar de catalogarlos lapidariamente como enemigos. Aunque es cierto que muchas democracias modernas no han llegado en los dos últimos siglos al nivel en que sus políticos promuevan adecuadamente ese espíritu civilizado de transacción y entendimiento, también es cierto que otras lo lograron y que muchas más avanzaban en esa dirección.

Sin embargo, en lo que va de siglo, contemplamos consternados una temible regresión a la intransigencia en las democracias más equilibradas de Norteamérica y de Europa, así como también en unas pocas de Latinoamérica y Asia que parecían haberse encaminado por esa senda civilizadora.

Es pertinente recordar que hace casi un siglo, después de la Primera Guerra Mundial, el emblemático periodista Walter Lippmann publicó una crítica influyente e inquietante sobre su visión de la democracia y su futuro en aquel entonces. En esos años, como ahora, se había disparado la ansiedad sobre la inmigración, la raza, el papel de las mujeres en la sociedad y el papel de la nación en el mundo, así como sobre las libertades civiles, la religión e incluso sobre la ciencia. Esas controversias fomentarían una tendencia reaccionaria que daría lugar al auge nefasto del comunismo, el fascismo y el nazismo, provocando así espantosas tragedias en el siglo XX.

En este clima, Walter Lippmann publicó su famosa obra titulada La Opinión Pública, en la cual argumentaba que la complejidad del mundo cambiante hacía imposible la verdadera percepción de un autogobierno genuinamente popular. Escéptico sobre la capacidad de la democracia para llegar a decisiones acertadas, Lippmann propuso un sistema de oficinas de expertos que recopilaran datos y presentaran análisis para guiar las deliberaciones sobre asuntos públicos, un mecanismo que se ha puesto parcialmente en práctica en algunos países, incluso en Estados Unidos, con la intención de frenar los abusos de los gobernantes y también los excesos de las mayorías, por el temor manifiesto en el libro de Lippmann sobre las limitaciones de la mente política: "Primero no vemos, y luego definimos", escribió; y, "primero definimos y luego vemos", añadió.

Esto quiere destacar la tendencia que surge del sectarismo político de no evaluar los eventos a la luz de la razón sino enardecidos con el fuego de la pasión partidista. Por tanto, la actuación de muchos políticos se rige menos por méritos y detalles y más por las costumbres, demandas y ambiciones de su respectiva tribu política.

Semejante exacerbado sectarismo se está entronizando en países democráticos como el Reino Unido, España o Estados Unidos, por citar unos pocos entre los más emblemáticos. En Estados Unidos, por primera vez en su historia, un Presidente no es considerado un simple rival político al que hay que confrontar con programas, proyectos y resoluciones legislativas que la oposición defiende como parte de su plataforma, sino como un enemigo al que hay que destruir a toda costa y por todos los medios sin consideración alguna de la insondable brecha divisoria que se está creando.

Así hemos contemplado tres largos años de una legislatura en Estados Unidos concentrada casi exclusivamente en deponer al Presidente apelando a diversos argumentos y acusaciones; un hecho muy relevante que no podría quedar más de manifiesto que en el universo de informes y datos provenientes de la investigación conducida por Robert Mueller. La razón debiera obligar a los opositores del Presidente Donald Trump, que esperaban que la investigación les diera motivos para destituirlo, a aceptar las conclusiones del informe. La razón también debiera haber llevado a los partidarios de Trump, que han denunciado durante mucho tiempo a Robert Mueller y pedían su destitución, a reconocer que la investigación que calificaban de “caza de brujas”, acabó siendo en realidad una investigación bastante imparcial.

Pero no ha sido así y se han gastado más meses en buscar en el informe matices supuestamente condenatorios del Presidente, por una de las partes, y en seguir poniendo en duda la probidad de Mueller, por la otra. En otras palabras, como seguramente volvería a decir Lippmann tomándolo de su libro, refiriéndose a este irracional divisionismo en el sentido de que, "la totalidad de cada partido cree absolutamente en la imagen que ha fabricado de la oposición y toma como un hecho, no lo que es, sino lo que supone ser el hecho". Algo así como lo que Adam Schiff, Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, imaginó que habría dicho el Presidente Trump en su conversación telefónica con el Presidente de Ucrania, proclamando públicamente Schiff ese engendro de su imaginación como un "hecho" condenable que justificara su destitución.

El partidismo de por sí no es intrínsecamente malo. Para Jefferson: "En toda sociedad libre y deliberada, debe haber, por la naturaleza del hombre, partidos opuestos y disensiones y desacuerdos violentos, y uno de ellos, en su mayor parte, debe prevalecer sobre el otro por un tiempo más largo o más corto". Y al prevalecer, debe ser respetado por el adversario político. Es también oportuno para nuestro momento actual recordar estas otras palabras de Jefferson: "Los hombres han diferido de opinión y se han dividido en partidos por estas opiniones desde el primer origen de las sociedades; y en todos los gobiernos donde se les ha permitido libremente pensar y hablar. Los mismos partidos políticos que ahora agitan a los Estados Unidos han existido a través de todos los tiempos". Decía esto porque estimaba que las inquietudes y convulsiones que afectaban la política estadounidense eran semejantes en su esencia a las que aquejaban a la democracia griega y a la república romana en la antigüedad. En otras palabras, eran y son el reflejo de las eternas imperfecciones humanas.

Por tanto, debemos dar espacio a la razón. No podemos garantizar el triunfo de los hechos sobre las convicciones, sobre todo cuando se alimentan de fanatismo; en los términos de Lippmann, nunca lograremos adaptarnos del todo al condicionamiento de “ver antes que definir”. Pero al menos podemos exigir a los políticos su responsabilidad de darle un lugar al juego limpio porque, al intentarlo, pueden brindarle al país, racionalmente, análisis y resultados procedentes de su honesta actitud de aceptar que la evidencia tiene el poder de cambiar nuestras opiniones, en lugar de reafirmar –como estamos viendo con consternación– que lo que ellos creen o ambicionan se transforme automáticamente en los “hechos”.

Es lo mínimo a lo que puede aspirar de la profesión política el ciudadano común. "La razón no es una cosa, ni una Persona, ni mucho menos un Dios. Es una actividad muy individual. Son las personas quienes piensan y juzgan", escribió el historiador británico del siglo XX, Sir Michael Howard. Y añadió: “El conocimiento del pasado es esencial para hacer juicios políticos o morales, pero la 'historia' como tal no juzga. Eso lo hacen las personas; y mejor hecho por personas libres de pensar, leer, informarse y debatir antes de decidir; y habiendo decidido, ser libres de cambiar de opinión".

Cambiar de opinión, como un ejercicio de la razón, es prueba de honestidad. Para hacerlo, se requiere la voluntad de pensar antes de decidir, y de pesar antes de actuar o de proclamar una teoría, o de proferir una acusación.

Ya sea mirando las noticias en nuestros teléfonos o las noticias por cable en un bar de la esquina o en la sala de nuestro hogar, muy pocos de nosotros logramos prestar atención a estos consejos y nos dejamos llevar como en una oleada por los chismes que nos pasan encubiertos como si fueran noticias y se propagan como una plaga por los medios sociales. La mentira y la falsedad se convierten así en “opinión pública”. Pero dado que es asunto de todos los ciudadanos pensar, todos debemos buscar suficiente espacio y tiempo para evaluar los chismes y filtrar los hechos verídicos en lugar de agitar. El Presidente de la nación o el Primer Ministro de cualquier país democrático, sus senadores, representantes, diputados o parlamentarios podrían aprender de esto; ¡también el resto de nosotros!