Un régimen justo en una sociedad progresista

El respeto a la diversidad y el acatamiento de sus consecuencias provocan desigualdades que a veces nos parecen injustas, pero ese respeto y ese acatamiento son una necesidad moral en una sociedad donde impere la equidad, es decir, la igualdad de derechos y libertades ante la ley. Esta diversidad en un sistema democrático donde todos gocemos de iguales derechos y libertades, no favorece sólo a los a los más inteligentes (meritocracia) o a los más poderosos (plutocracia) sino, más bien, a los más laboriosos y emprendedores entre los que ostentan un mayor y más vigoroso sentido de responsabilidad (democracia). No obstante, aunque se haya establecido un Estado de derecho, es indispensable que se limiten las prohibiciones y se programen estímulos tangibles a la iniciativa privada para que esas cualidades se pongan de manifiesto y conduzcan al progreso individual y al éxito.

Cuando impera la equidad y, por tanto, los incentivos y oportunidades son iguales para todos, pero la disposición a correr riesgos y a empeñar esfuerzos es desigual, es justo, por no decir inevitable, que los últimos se vean más favorecidos que los primeros y gocen de los frutos de su laboriosidad, emprendimiento, audacia y responsabilidad.

El problema de quedarnos en este enfoque superficial consiste en que un Estado de derecho puede ir derivando a un Estado de privilegios a medida que el régimen de derecho se va adulterando, abrumado por leyes que lo van convirtiendo en un régimen de legalidad. La sociedad descrita en los primeros dos párrafos sólo puede funcionar dentro de un régimen de derecho que apuntale ese Estado de derecho para que la democracia funcione equilibradamente mediante un amplio respeto a la ley y el orden que descansa en el acatamiento consensual de la ley suprema de la nación, que es la Constitución.

El régimen de legalidad en una democracia es el producto de una gestión legislativa irresponsable e inconsistente, que responde más a los intereses creados que buscan protección y ventajas y que privilegia a determinadas minorías, mediante leyes discriminatorias que ceden a la presión de esos grupos para obtener privilegios mediante un chantaje electoral. Gradualmente, el sistema jurídico se va viendo abrumado con leyes positivas, que son todo lo contrario de lo que el nombre parece indicar. Estas leyes positivas van transformando el régimen de derecho en un régimen de legalidad, el cual puede definirse sencillamente como un sistema de leyes con apariencia de legitimidad. Esta legitimidad es falsa, porque bajo este régimen las leyes se “inventan” por conveniencia de esos intereses creados o de esas determinadas minorías, estableciendo normas que hay que cumplir (por eso se las califica de “positivas”) en lugar de obedecer a situaciones que se “descubren” como causantes de inestabilidad o de injusticia y que deben ajustarse a los parámetros constitucionales mediante leyes que confirmen y robustezcan el Estado de derecho. Por el contrario, las leyes positivas que complican cada vez más la jurisprudencia de muchos países democráticos, establecen que el “derecho” nace de esas leyes (en otras palabras, que el Estado otorga el derecho), en vez de tomar la vía legítima, por la cual la ley es una confirmación del “derecho” (es decir, que el derecho es una condición inherente, inalienable e indivisible del pueblo en general).

Este régimen de legalidad que insidiosamente se está imponiendo en los países democráticos, acaba por ser inestable e ineficaz, socavando el consenso nacional que permite el diálogo, la negociación y la transacción dentro de los parámetros de la ley y el orden. Esto se debe a que la creciente oleada de normas, reglamentos y privilegios específicos son disposiciones inventadas para controlar la sociedad e intentar modificar su cultura, costumbres y hábitos, porque operan en planos distintos de las leyes que son derivadas de los precedentes de esa misma cultura, costumbre y hábitos que constituyen el derecho consuetudinario.

Además, las “leyes positivas” que alimentan el régimen de legalidad, alimentan también la lucha de clases, destruyen el consenso nacional y promueven el odio al adversario hasta conducir a un ambiente revolucionario. Cuando los intereses creados se ven beneficiados, la reacción de los perjudicados puede llegar a ser violenta o, al menos, es fuente de grave inestabilidad. Igualmente, cuando se proclaman leyes que privilegian a las minorías, las grandes mayorías exigirán otras que les favorezcan. Poco a poco, la sociedad democrática se va convirtiendo en un duelo legislativo en el que cada sector tratará de imponer por todos los medios disponibles sus respectivos privilegios y donde imperan la intransigencia y la rivalidad.
Fragmentado y debilitado el Estado de derecho, dividida la sociedad hasta llegar a situaciones de violencia, la estamos viendo con gran desaliento enredarse progresivamente en una miriada de ataduras creadas por una cada vez más enmarañada jungla “legal”, la cual es caldo de cultivo del fraude y la corrupción a través de las innumerables fisuras legalistas que provoca en el contexto jurídico.

Las “leyes positivas” son discriminatorias en su enorme mayoría porque están ideadas y redactadas para que consientan hacer sólo aquello que permitan, contraviniendo el propósito de toda sociedad democrática de fortalecer la libertad, la paz, la cooperación social y el bienestar de todos los ciudadanos. Son leyes que “otorgan” derechos en lugar de limitarse a “reconocerlos”. Son leyes que conceden privilegios en lugar de limitarse a promover las libertades fundamentales del cuerpo social.

Aleksander Isayevich Solzhenitsyn señaló certeramente y en pocas palabras lo que la norma inventada carece: “La letra de este tipo de leyes es demasiado fría y formal como para ejercer una influencia benéfica en la sociedad. Cuando el tejido social está urdido con relaciones legalistas, hay una atmósfera de mediocridad moral que paraliza los impulsos más nobles del hombre … y todos acaban operando en el límite extremo de esos marcos legales”.*
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* Solzhenitzyn, Alexander: El Futuro de Occidente; Revista General, 133. Guatemala, 1979