El año 2011 comenzó con las muy alentadoras noticias que EEUU había adoptado medidas para facilitar el envío de remesas a Cuba, así como el intercambio cultural y educativo bilateral. Ambos pasos, aunque modestos, son importantes para la eventual normalización de las ineludibles relaciones entre ambos países.
Sin embargo, más de un año después de haber sido encarcelado sin habérsele formulado cargos específicos, ahora comienza un proceso penal contra el “mercenario” estadounidense Alan Gross por haber entrado y distribuido equipo y material en la isla para facilitar comunicaciones no autorizadas de los blogueros cubanos con el exterior mediante wi-fi. Por lo tanto, son consideradas “subversivas” y “desestabilizadoras[/i]” (ver blog anexo de la seguridad del estado en Cuba).
Después de los comentarios del funcionario del Ministerio del Interior Eduardo Fontes Suárez sobre Alan Gross en un país donde los tribunales (el Poder Judicial) no es independiente, es muy probable que sea condenado a 20 años de prisión.
Se puede predecir la enérgica reacción que habrá en el exterior, y particularmente en EEUU, cuando estos cargos coinciden con los recientes acontecimientos liberalizadores de Túnez y Egipto que se han ganado tantas simpatías, excepto de los grupos más conservadores.
La tecnología informática y comunicacional avanza mucho más rápido que los procedimientos para reprimirla. Por ello es poco efectivo y erróneo intentar realizarlo, especialmente cuando ello se fundamenta en impedir las evidentes y crecientes críticas a los errores cometidos por las autoridades cubanas.
En 2010 hubo varios casos de notorias y escandalosas corrupciones en la isla que llevaron a la destitución de los involucrados. ¿Cómo y por qué se pretende arbitraria y caprichosamente que no existan críticas independientes contra el gobierno cubano? Hay que rehabilitar la cultura de la trasparencia y de la responsabilidad de los gobernantes.
En cualquier caso los críticos análisis del presidente Raúl Castro contra el sistema son más contundentes y severos que los efectuados por los blogueros, entre ellos, Yoani Sánchez. La gran diferencia es que estos últimos no están oficialmente autorizados, o sea están prohibidos.
Adicionalmente, el acceso a la información es un derecho humano fundamental, particularmente en sociedades que se auto consideran igualitarias. Reprimirlo va contra la soberanía ciudadana.
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