Pronunciamiento ante el proceso electoral de Nicaragua

Unión Ciudadana por la Democracia

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PROCESO ELECTORAL DE NICARAGUA

Las elecciones programadas para noviembre del presente año nos colocan como sociedad ante una grave encrucijada: transitamos hacia el afianzamiento y prolongación de un régimen dictatorial que más temprano o más tarde desembocará en confrontación; o nos enrumbamos por el camino de restaurar el proceso democrático y aseguramos la convivencia pacífica.

Como Unión Ciudadana por la Democracia, UCD, consideramos oportuno compartir un balance sobre el punto en que nos encontramos, a partir de las decisiones adoptadas por el grupo gobernante y las instituciones que controla.

Un proceso plagado de anomalías

Hasta ahora, los principales hechos a subrayar son los siguientes:

1. El 6 de mayo el Consejo Supremo Electoral convocó de manera inexplicada e inexplicablemente tardía a las elecciones generales previstas para noviembre del 2016, contradiciendo la práctica sana instaurada hace más de veinte años de convocar con un año de antelación.
2. La Corte Suprema de Justicia, cuya responsabilidad principal es tutelar el orden jurídico e institucional, violentó disposiciones constitucionales expresas al invadir campos de competencia del Consejo Supremo Electoral, en particular el artículo 173 Cn, inciso 13 que atribuye al CSE la facultad de “Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos políticos y sobre el cumplimiento de disposiciones legales que se refieran a los partidos políticos, sus estatutos y reglamentos”.
3. La Corte Suprema de Justicia, al paralizar el proceso de integración de los Consejos Electorales Departamentales alteró gravemente el calendario y la integridad de la estructura electoral, violentando el artículo 16 de la Ley Electoral que en su parte conducente establece “Los Miembros de los Consejos Electorales Departamentales o Regionales tomarán posesión de su cargo al menos cinco meses antes del día de la elección”. A esta fecha esos órganos electorales siguen pendientes de completar.
4. El Titular del Poder Ejecutivo, señor Daniel Ortega, quien, además de Secretario General Frente Sandinista es candidato presidencial proclamado por ese mismo partido, sin tener competencia legal alguna anuló toda posibilidad de observación electoral independiente, nacional e internacional. Un ingrediente que ha sido esencial para la legitimidad de los comicios realizados en el país, cuando se cumplieron estándares internacionalmente reconocidos.
5. El Consejo Supremo Electoral incurre en omisión impropia, en el ejercicio de su competencia constitucional, al ignorar el artículo 168 Cn que consigna “Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos”.
6. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia en un acto a todas luces extemporáneo, atropellado y carente de base legal creíble, adulteró el marco político electoral y amenaza con desestabilizarlo al desconocer una resolución del Consejo Supremo Electoral que ha servido de fundamento al andamiaje institucional y jurídico durante el último quinquenio.

Es obvio que la acumulación de estas anomalías no obedece a la casualidad sino a la voluntad expresa del grupo gobernante de perpetuarse en el poder mediante la imposición de un modelo de poder que muy certeramente describió el Centro Carter en su informe sobre las elecciones del 2011: “En la práctica, las autoridades judiciales y electorales, si bien son poderes independientes del Gobierno, han estado siempre en condición de inferioridad con respecto al Poder Legislativo y al Ejecutivo, y en años recientes han caído bajo el control del partido gobernante, de forma tal que para efectos prácticos funcionan ya en gran parte como lo harían en un Estado neocorporativista”.

La disyuntiva es entre circo electoral o elecciones verdaderas

Sin embargo, nuestra obligación ciudadana es hacer una vehemente exigencia al grupo gobernante para que recapacite y, si bien el proceso electoral está lesionado, todavía es tiempo de revertir algunas anomalías, al menos mediante las siguientes medidas:

• Invitar a lo inmediato y asegurar la acreditación de observadores independientes, nacionales e internacionales.
• Respetar la competencia del Consejo Supremo Electoral para resolver sobre la legitimidad de los representantes y directivos de partidos políticos y en consecuencia acatar las resoluciones que en esta materia adoptó el CSE en el 2011, las cuales dieron base legal al marco institucional del último quinquenio.
• Estructurar los Consejos Electorales Departamentales de conformidad con dichas resoluciones, así como las demás decisiones contempladas en el calendario electoral.

Complementariamente, es indispensable asegurar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

• Depurar el del padrón electoral.
• Reglamentar cuanto antes lo concerniente a los fiscales asegurando que las credenciales se otorguen oportunamente y garantizando la presencia y permanencia de los fiscales, en todos los niveles de la estructura electoral, y eliminación de los Jefes de Centro por carecer de toda base legal.
• Cumplir con la prohibición absoluta del uso de los bienes y recursos públicos para fines de proselitismo electoral así como la participación impuesta a empleados públicos en actividades de campaña.
• Asegurar la publicación de los resultados electorales por cada Junta Receptora de Votos.

El derecho al voto es condición para la convivencia pacífica
El proceso electoral se encuentra en situación precaria pero todavía hay oportunidad para rescatarlo. Conforme el calendario electoral, el 12 de agosto se publicarán las listas definitivas de candidatos y por consiguiente determinará la verdadera naturaleza y la irreversibilidad del proceso. Por consiguiente, de no revertirse las anomalías descritas ni asegurarse el cumplimiento de las condiciones necesarias indicadas, quedaría patente que el grupo gobernante quiere circo electoral y no elecciones. Quedaría patente que el grupo gobernante apuesta por la fuerza y la confrontación, y no por la convivencia democrática. Quedaría patente que los afanes de perpetuarse en el poder son más importantes para el grupo gobernante que la paz y la concordia.

El Estado de Nicaragua es suscriptor de la Carta Democrática Interamericana y por consiguiente está en la obligación de cumplir sus términos. En este sentido es resaltar el artículo 1 que establece: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

Corresponde pues la OEA y a la comunidad internacional contribuir a la restauración de los derechos ciudadanos y de la democracia en Nicaragua.

Los nicaragüenses debemos tomar conciencia de que el derecho a elegir y ser electos es por encima de todo un derecho ciudadano. Los atropellos a ese derecho no conciernen únicamente a los partidos políticos. Nos conciernen a todos porque el respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas es condición indispensable para la paz y la bienandanza del país.

Unión Ciudadana por la Democracia
Managua, 11 de junio del 2016