Qué calificativo merecen acciones repudiables en torno al cóctel explosivo del 11 de julio

Mala gestión de gobierno, asfixiante intrusión en el desarrollo libre de la economía ciudadana y la afectación de una pandemia cuyos efectos se hacen sentir con fuerza en la isla caribeña, conforma una parte importante en la fórmula del inédito estallido social del pasado 11 de julio a lo largo y ancho del territorio cubano. Movimientos de igual y peor virulencia se han podido observar en otras partes del mundo, aquejados por la sumatoria de problemas agravados por el paso apocalíptico del coronavirus. Ha ocurrido en países desarrollados como Italia, Alemania o Francia. Recientemente Colombia fue escenario de unas protestas cuyos efectos violentos aún se evidencian en decenas de personas que permanecen desaparecidas.    
  
En el caso de Cuba a los ingredientes, los propios del sistema que rige, los comunes en otras realidades y los efectos de la epidemia, hay que agregar la incidencia de una tanda de medidas restrictivas y sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump desde casi iniciar su mandato. El suceso conocido como el síndrome de La Habana, fue la excusa para el cierre de las labores en la embajada norteamericana y las primeras acciones que comenzarian pagando miles de ciudadanos que gestionaban trámites migratorios y que, o bien vieron paralizados los mismos de manera indefinida o tuvieron que continuarlos en las misiones consulares de Estados Unidos en otros países (México, Colombia y Guyana) asignadas para dar este servicio a los isleños. Es de señalar que los ataques sónicos bautizados con el nombre de la capital cubana, se ha notificado en otros escenarios. El más reciente tuvo lugar en Viena.  donde una veintena de funcionarios norteamericanos sufrieron similares síntomas que sus colegas en la sede habanera. El hecho ha sido reconocido por el gobierno estadounidense, pero apenas ha sido comentado en las noticias. Tampoco han trascendido “medidas” contra las autoridades austriacas o anuncios de cierres en la delegación diplomática en ese país como ocurrió con Cuba. 
 
  
A la medida preventiva diplomática siguieron las suspensiones de vuelos a diferentes aeropuertos en la Isla y el lanzamiento de numerosas campañas tendientes a limitar recursos financieros de diferentes fuentes bajo el pretexto que los mismos beneficiaban al régimen y a su cúpula militar. Así se pidió el cese del envío de remesas, paquetes, viajes y recargas de teléfono e internet.  Mucho antes de la aparición del Covid 19 en Cuba ya el flujo de turismo desde Estados Unidos había sido cortado por decreto trompista, igual que ocurriera con los viajes de cruceros y las operaciones de la cadena hotelera Marriott. La entrada en vigor de dos capítulos de la Ley Helms Burton llevaba entre sus intenciones la puesta en práctica de estas prohibiciones.  Ni la exigua comercialización de carbón vegetal de producción nacional escapó al listado de recursos sometidos al veto sancionador.  Igual sucedió con los acuerdos que permitían a deportistas y artistas de la Isla desempeñarse en el territorio vecino. La avalancha restrictiva no quedó constreñida al ámbito conflictivo Estados Unidos-Cuba.  Los contratos de misiones médicas que el país antillano tenía con numerosos países pasó a ser objetivo del embate bajo alegatos de trabajo esclavo y tráfico humano. Algunos gobiernos cedieron a las presiones poniendo fin a un rubro importante de entradas en divisas para la Isla y que a su vez daba un aire a los que se insertan en el plan, mal pagados en verdad, pero no esclavos.    
  
El remate llegó con dos medidas tomadas por Donald Trump a pocos días de terminar su estancia en la Oficina Oval. El cese de los envios de remesas por Wester Union y la reincersión de Cuba en el grupo de países patrocinadores del terrorismo, agravaron significativamente una situación que ya de por si era crítica con el avance del coronavirus. El mismo Trump en una reciente entrevista concedida al Canal 51 se ufanó de que con otra estancia presidencial suya, difícilmente el gobierno cubano hubiera aguantado. Y sus votantes cubano americanos precisamente desfilaron apoyando la reelección de “su” presidente bajo el lema cuatro años más de sanciones.   
  
El 11 de julio ocurrió de manera inesperada lo que no debía ser sorpresa. Autoridades de la isla, exilio y líderes de la disidencia fueron sorprendidos por la reacción ciudadana que explayó sus frustraciones, pobreza y angustiosas necesidades sin respuestas. Y si bien se escucharon peticiones por cambios políticos y libertades, este no fue el principal motivo incentivador de las manifestaciones, aunque algunos insistan en poner este reclamo como único y principal motivo de la revuelta.  La precariedad económica y la pobreza generalizada han sido los elementos impulsores de un grito que no tuvo liderazgo, más allá del que ciertos titulares han puesto sobre determinado “elegido”. Tampoco se puede señalar  dinero o manos externas en el evento, tal como ocurriera cuando tras las manifestaciones en Chile o Bogotá en el 2019 se trataba de indicar la mano oculta de Cuba y Venezuela.   
  
Responder a esta reacción popular con violencia represiva sin atender las razones que la motivaron, no ha sido la mejor ni la más inteligente respuesta de los que en gran parte han sido causantes del mal. Pero por igual merecen la más fuerte repulsa aquellos que desde la otra orilla apelan por la intervención militar, bombardeos y la increible aplicación de la Doctrina Moroe para Cuba.  Es curioso que la incentivación radical del enfrentamiento entre cubanos y la bochornosa petición de una intromisión extranjera se produjera casi al unísono en pleno desarrollo de los acontecimientos. Me pregunto qué apelativo aplicar a estas acciones. Para el presidente cubano Díaz Canel desde antes del conflicto se ha utilizado un vocablo de frecuente y abierto uso en el argot del lenguaje popular cubano.  Apareció en las redes sociales en carteles portados por ciudadanos y supuestos disidentes. Después se hizo presente en los propios medios oficiales de la isla cuando fue enarbolado en medio de las transmisiones de pelota durante los juegos clasificatorios para las Olimpiadas, celebrados en Florida.  Una palabra que tiene un amplio abanico de aplicaciones, desde la ofensa hasta la opinión sobre la mala fe y actuar de una persona, según el punto de vista del que la aplique o sobre el que se aplique. Lo mismo sirve para calificar al que se opone a la concreción de una fechoría y frustra la comisión de la misma. Quien no permite por ejemplo la ejecución de un robo, o la indisciplina de un colectivo o uno de sus miembros, es definitivamente tildado con ese apelativo. Pero por igual sirve para destacar y hasta celebrar la capacidad de un individuo en las malas artes  para joder a los demás.   
  
Creo que no hay necesidad de acudir a la vulgaridad de un concepto para definir acciones condenables para las que el español tiene palabras directas y apropiadas, aplicables tanto para quienes atizan la violencia entre compatriotas en una parte, los que reprimen y para los que desde la bonanza y la abundancia de sus vidas apelan por restricciones que a otros les significan aumento de sus miserias y necesidades. Reclamos de “Parones”  de remesas, paquetes y viajes familiares y peor los que ruegan y hasta exigen a un mandatario por el que no votaron, al que acusan incluso de fraudulento y que no reconocen como su presidente, que invada, agreda o bombardee la tierra en la que nacieron, a sabiendas de que las bombas no tienen nombre y la destrucción causada traerá peores consecuencias para la recuperación de un país que ya de por si necesita ser reconstruido en todas sus dimensiones. Acciones todas que cazan con los conceptos de infamia, ruindad, vileza o canallada.  
 
El pasado 13 de julio el gobierno de Biden dio nuevos pasos en el levantamiento gradual de las sanciones decretadas por Trump contra el régimen de Maduro. El proceso de flexibilizaciones, iniciado a pocas semanas de inaugurarse la administración demócrata, está en consonancia con el criterio emitido en un reporte de la ONU sobre la situación en el país sudamericano señalando la incidencia de las sanciones norteamericanas en los problemas de Venezuela “sumida en una profunda crisis política, social y económica atribuida a la caída de los precios del petróleo y a dos décadas de mala gestión por parte de gobiernos socialistas.” Una opción reflexiva y humana que debería aplicarse sin ambivalencia en el escenario cubano y que seguro rendirá mejores frutos que la porfía de castigos y amenazas.