La catarsis de los cubanos para relajar la tensión social y conocer las opiniones por el incremento de las restricciones políticas y económicas, se promueve con el largo proceso de la promulgación de una nueva Constitución, destinada a recrudecer el gobierno de 60 años, bajo la simulación de modernidad del presidente Miguel Díaz-Canel. El procedimiento de manipulación fue utilizado por Fidel y Raúl Castro en varios momentos complicados desde 1959, y contribuyó a crear una imagen agradable para la comunidad internacional.
¿Por qué las reuniones? El socialismo y el sistema político-social revolucionario seguirá irrevocable, y los cubanos no podrán reformarlo en la Constitución que aprobarán. Cualquier opinión discordante se considera traición a la patria socialista punible con las más severas sanciones, ¿pena de muerte?
Las asambleas para que la población exprese sus opiniones son antecedidas y seguidas por las argumentaciones oficiales enfocadas a desviar la atención del reforzamiento de los dictados de la pequeña cúpula de poder, ante la profundización de la crisis económica debido a la ineficiencia del monopolio estatal y la insolvencia doméstica, creciente según se encoje la economía y colapsa el chavismo en Venezuela. La solución de los problemas económicos, incluidos los ínfimos salarios y las viviendas, quedará como aspiración, pero a muy largo plazo. La inevitable unificación monetaria y cambiaria, con la devaluación del mísero peso cubano-moneda nacional (CUP) y el aumento de los ya altos precios, impactará en la mayor parte de los cubanos, que sufren la caída de su calidad de vida desde el inicio del Período Especial a inicios de la década de 1990.
El gobierno no puede esgrimir las ventajas sociales de la revolución, en realidad resultado de los sacrificios del pueblo, a fin de alcanzar las promesas de bienestar para todos. Tampoco puede llamar a las asiduas marchas por la incertidumbre sobre la asistencia, ni culpar al embargo-bloqueo de Washington para encubrir todos sus fracasos. El éxodo realizado por tierra latinoamericana hacia Estados Unidos fue posiblemente la última salida en masa estimulada por las autoridades cubanas, cortada por el presidente Obama al eliminar la política de pies seco-pies mojados y los programas para médicos. La restricción del servicio consular de la Embajada en La Habana por el presidente Trump ha ralentizado la unificación familiar y disminuido las visas temporales. Sin embargo, los cubanos continúan añorando escapar al extranjero, pues las autoridades cercenan las más mínimas posibilidades de progreso personal y familiar, con lo cual se pierde la renovación poblacional y el talento, en detrimento del desarrollo de la Patria.
El Código Penales es uno de los instrumentos legales que se ha anunciado será reformado para adecuarlo a los dictámenes de la nueva Constitución, aun más endurecida. Actualmente, todos los cubanos por expresar sus opiniones pueden ser acusados de contrarrevolucionarios al servicio de un Estado extranjero (Estados Unidos), por el Artículo 91 recibir condenas de 10 y 20 años de cárcel o pena de muerte, y por el Artículo 103 referido a propaganda enemiga hasta 15 años. También está vigente la Ley 88. Estos fueron utilizados contra los 75 prisioneros de conciencia apresados durante la Primavera Negra de marzo de 2003 para dictar sentencias de hasta 28 años.
La apatía de una parte considerable de los ciudadanos, convencidos de que no se puede modificar lo que ya está decidido ha primado, especialmente entre los jóvenes. La concentración de opiniones sobre asuntos agradables a las autoridades, como la conveniencia de ampliar la edad y los dos períodos de cinco años del presidente, y el matrimonio entre dos personas en igualdad absoluta de derechos y deberes (…) la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común (…) promovido por Mariela Castro Espín, se repiten en los reportes de los medios nacionales. Los salarios y los precios se han reiterado, con comentarios sobre la imposibilidad de resolverlo a corto plazo y las intervenciones de Díaz-Canel en igual sentido.
Sin embargo, no se ha reportado cuestionamientos a la concentración de poder del presidente, la eliminación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular con la sustitución por los gobernadores “designados a propuesta del presidente por la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado”, y el nombramiento del vicegobernador por el primer ministro a propuesta del gobernador. Todos los cargos han sido determinados siempre por Fidel y Raúl Castro con su estrecho entorno mediante el Partido Comunista de Cuba en farsas electorales, podría argumentarse como motivos para las omisiones populares. Esto también estaría en correspondencia con los cambios en las funciones de la Asamblea Nacional y sus ejecutivos, vinculados al Consejo de Estado, mientras las funciones ejecutivas se dictan y ejecutan por el presidente y su amplio equipo encabezado por el primer ministro. También la eliminación del proceso de elecciones a nivel provincial sugiere la intención de eliminar alguna sorpresa con la nominación de un candidato independiente.
La Carta Magna enunciará los preceptos básicos del régimen político, que adaptará las opiniones de la población según convenga a sus redactores. Pero las duras leyes complementarias solo serán conocidas por la población cuando se publiquen en la Gaceta Oficial. El referendo se reportará, como es usual en las elecciones, con una votación por encima del 90%.
La Habana, 24 de agosto de 2018
Miriam Leiva
Periodista Independiente
Publicado en cubanet.org
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