Un arco y una flecha de poco valen para garantizar la supervivencia del medio ambiente

La explotación de recursos naturales, el uso de terrenos vírgenes para proyectos de desarrollo urbanístico o simplemente el trazado de carreteras para abaratar transportes, suelen convertirse en graves conflictos en los que la peor parte la llevan los menos favorecidos por las consecuencias de un desarrollo descontrolado, impulsado más por ambiciones gananciales que por amor al crecimiento de la civilización. Así bosques, tierra, lagos, ríos, montañas y glaciares se convierten en el objeto de un expolio atroz que arrastra consigo fauna, flora y poblaciones autóctonas que viven en armonía con la Naturaleza. Los choques resultan inevitables. Defensores del medio ambiente y activistas sociales se convierten en el blanco de intereses inescrupulosos, haciendo que su labor sea una de las más peligrosas en estos tiempos. La reciente visita del papa Francisco a Chile y Perú quedó marcada por algunos eventos de esta índole.

El arco y flecha que obsequiara una comunidad indígena a Francisco durante su estancia en la Amazonía peruana, era la manera simbólica de hacer al Papa defensor y velador de la comunidad ante los peligros que se ciernen sobre ella por un proyecto que pretende trazar amplias carreteras en el territorio selvático. El Ministerio de Cultura peruano había señalado el impacto negativo que podría significar el plan para la salud e integridad física de los indígenas en aislamiento voluntario, expuestos incluso a la vulnerabilidad inmunológica con un alto riesgo de epidemias. Francisco no dudó en alzar su voz en favor de los afectados a los que calificó como "los más vulnerables entre los vulnerables" y pidió poner fin a la idea cuya consecuencia será la destrucción masiva del hábitat de estas poblaciones.

La problemática medioambiental fuertemente vinculada a la situación de las poblaciones indígenas se traduce en uno de los problemas peor gestionado dentro de las diferentes formas de violaciones de derechos humanos que aquejan a nuestro mundo. Una situación que además de incidir de manera irreversible en la ya maltrecha salud del planeta, cuenta con una saga de violencias, asesinatos y desapariciones en todo el planeta. Las cifras y datos organizaciones dedicadas a velar estas trasgresiones constatan el incremento de asesinatos por esa causa. Una lista dada a conocer Global Witness recoge más de 200 homicidios de activistas defensores del medio ambiente desde el 2016 y veinte y cuatro países encabezando una relación en la que existen pocas excepciones y donde no hay distinciones ideológicas, regionales o de poder. Una situación difícil de evaluar en toda su magnitud porque tras el número de muertes se esconde una cantidad indeterminada de intimidaciones, agresiones de diversos tipos, detenciones y demandas pagadas por el dinero corruptor de los que sacan beneficios de esos saqueos, por lo general empresas y grupos de poder con grandes recursos a su alcance.

En el continente africano la peor parte la llevan los protectores de parques nacionales enfrentados al contrabando de la caza ilegal. En Asia destacan la India, Filipinas e Indonesia. En el primero por el alarmante incremento del número de muertes. En el último por la destrucción incontrolada que ocasionan los productores de aceite de palma, un monopolio que ha puesto al borde de la extinción total miles de hectáreas de bosques con la inminente desaparición de especies protegidas como el orangután. De la relación no escapan naciones del primer mundo, destacando la presencia de Rusia, Canadá o Estados Unidos. Apenas dos días antes de concluir 2017 el activista ruso, director de Vigilancia Ecológica, Andrei Rudomaja recibió una fuerte golpiza por desconocidos, cuando este verificaba una zona boscosa cercana a una propiedad relacionada con el presidente Putin. En Estados Unidos el mandatario Donald Trump barrió de un plumazo 8 mil kilómetros de área protegida en territorios navajos de Utah, lo que ha sido considerada la mayor reducción de parques nacionales en la historia norteamericana y que va acorde con el desmantelamiento que el actual inquilino de la Casa Blanca ha emprendido contra la política medioambiental de su antecesor. Entre las alegaciones de Trump para justificar esta acción están el cese de restricciones a la caza, la ganadería, la recreación y el “desarrollo económico”, todo ello sin tener en cuenta el a los nativos norteamericanos que viven en esa reserva natural.

No obstante es Latinoamérica la región que se lleva las palmas en cuanto a peligrosidad por incidentes relacionados al activismo medioambientalista. Honduras y Brasil aparecen como las naciones más mortíferas. El gigante sudamericano compite por encabezar la triste relación con 49 víctimas seguido por Colombia con 37. Un martirologio que tiene como figuras emblemáticas al misionero católico beato Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por las guerrillas colombianas en 1989 la hondureña Berta Cáceres, cuyo asesinato removió las conciencias del mundo. Una cadena que recientemente agregó a sus eslabones al defensor de derechos humanos y líder de la comunidad Xinca Jordán David Barillas en Guatemala y a Santiago Maldonado en Argentina. En este último país se sigue con tensión el proceso judicial por supuestos delitos comunes contra la activista Milagros Salas, del que sus defensores alegan es un amaño para ocultar la índole política de la causa. La cara esperanzadora se mantiene en el premio Goldman obtenido por la campesina peruana tras ganar un pleito contra la minera Newmont y la nominación al Sajarov para la activista Aurora Lolita Chávez quien ha dedicado su vida a defender los territorios indígenas del Quiché guatemalteco.

Una realidad que afecta por igual a sistemas populistas o de izquierda de la región. En Ecuador un importante movimiento ecologista recibió una orden de disolución durante la presidencia de Rafael Correa porque la organización apoyaba a los indígenas del Amazonas en sus reivindicaciones contra la empresa china ExplorCobres. Correa llegó a acusar a los miembros de la tribu Shuar de terrorismo cuando aquellos se hicieron escuchar con acciones violentas contra la minera. La Nicaragua de Ortega también anda envuelta en problemas con los pobladores de la zona donde se planea la construcción de un canal inter oceánico con todas las consecuencias que ello pueda significar para grupos autóctonos y productores agrícolas, amén del medio ambiente.

Es este el contexto que recibe a Francisco en un continente donde en la patria natal del Pontífice buscan poner en vigor las leyes que permiten el desalojo de indígenas en la Patagonia o la puja para reducir el alcance de las leyes que protegen los glaciares andinos para dar prioridad a las excavaciones mineras. Precisamente en Chile, antes del inicio de la gira papal, varios líderes mapuches fueron acusados de terrorismo por participar en varias acciones de protesta que incluyeron quemas de iglesias y destrucción de equipos pertenecientes a las empresas cuestionadas. Actos violentos que para no pocos fue la reacción lógica de un grupo humano al que grandes intereses dejan sin voz, mientras son aplastados por la razón que imponen las leyes al servicio del que mejor paga.

En las valijas donde se atesoran recuerdos de este viaje pastoral del Papa Francisco están la flecha y el arco que le obsequiara la comunidad indígena de la Amazonia peruana. Pero aún no se apagan los ecos de la estancia del representante vaticano cuando llega la noticia desalentadora de que el Congreso peruano promulgó una ley que permitirá definitivamente construir las vías de acceso a través de los bosques para los que el mismo “viejito bueno” -como llamaron a Francisco los indígenas- pidiera protección.