En mi columna anterior termine sosteniendo que la verdad en sentido histórico no podía ser fruto de un tratado o acuerdo político y tampoco estar en manos de una comisión.
No es la primera vez que se intenta tal cosa. Durante el gobierno liberal de Virgilio Barco (1986-1990) se conformó una Comisión para el estudio la violencia, se designó para ello un equipo de historiadores profesionales dirigido por el investigador Gonzalo Sánchez. Un nuevo libro fue el resultado y las tesis expuestas no han dejado de causar polémicas.
Son varias las hipótesis explicativas que los estudiosos han lanzado sobre la violencia política en distintos momentos de nuestra historia sin que se haya alcanzado un consenso. Se ha dicho, por ejemplo, que el hilo conductor de la violencia ha sido el problema de la tenencia de la tierra o que nuestro pasado está construido sobre la violencia, que esta es un fenómeno permanente. Hay quienes igualan, sin mayor evidencia, los enfrentamientos fratricidas entre liberales y conservadores con el fenómeno de las guerrillas comunistas
Es bueno mirar hacia atrás lo que se ha hecho y observar también experiencias ajenas para tener la certeza de que una cosa es encontrar la verdad jurídica de los hechos cuya función es hallar los responsables de crímenes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, castigar y de ese modo contribuir a la reparación de las víctimas, tarea que debe estar en manos de la Justicia.
Y muy otra es el estudio sistemático de todo el fenómeno que debe promoverse en universidades y estar a cargo de investigadores sin ataduras con misiones oficiales o partidistas ni paradigmas ideológicos.
De manera que las preocupaciones que estoy planteando no deben entenderse como la imposibilidad de establecer consensos académicos respecto del conflicto armado sino que estos deben ser ajenos al interés político y al deseo de las partes por descubrir “que fue lo que pasó”. Más crudamente: firmar la paz no deriva en que tenga que haber un acuerdo en el estudio de la guerra o del conflicto armado o de la lucha del estado contra el terrorismo.
Mírese no más lo ocurrido con el trabajo de unos especialistas designados a dedo y con criterios más ideológicos que académicos en La Habana para, supuestamente, establecer las bases de la verdad deseada por las Farc. Sus jefes siguen pensando que su versión del problema es la verdad verdadera: que su levantamiento obedeció a unas circunstancias internas y que nada o poco tenía que ver la ideología marxista en su decisión de irse a las armas mientras su partido comunista se dedicaba a la política electoral y legal.
Preocupa que en aras de la paz no solo tengamos que tragarnos todas las canonjías dispensadas a una organización sobre el supuesto histórico de su justa lucha en favor de los oprimidos, de la tierra para los campesinos y que se borre o se traslape el fondo marxista-leninista de su proyecto y su programa.
Preocupa que entre activistas de izquierda prime la convicción de que la situación colombiana es asimilable a lo ocurrido en las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, y que el desastre humanitario fue el producto de una política de estado, idea plasmada en la creación e integración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad, aparatos arrancados al gobierno de turno en el marco de una negociación en la que este capituló ante las Farc sus razones políticas y sus motivaciones morales.
¿Qué podríamos esperar, por ejemplo, de la pluma del antropólogo Alfredo Molano cuyos textos, muy bien escritos desde el punto de vista narrativo, presentan una versión idílica, heroica y justiciera de las guerrillas? O ¿de la visión de sociólogos que sembraron la idea de las “causas objetivas” y a la vez solapan el rol de miembros del Comité Central del Partido Comunista como Manuel Cepeda, Jacobo Arenas, Alfonso Cano y el mismo Manuel Marulanda Tirofijo en el adoctrinamiento marxista-leninista de campesinos y en el de emprender el camino de las armas?
Y se nombra para presidirla a Francisco de Roux, sacerdote jesuita, como queriéndonos decir que la sotana inspira autoridad histórica. No es nada en especial contra él sino por lo que hemos dicho, porque no es pertinente una Comisión de la verdad y adicionalmente porque sus miembros fueron escogidos con claro sesgo ideológico.
¿Para qué se quiere esa verdad oficial, definitiva y de cierre? ¿Será la que le van a enseñar a nuestra juventud en la escuela, colegios y universidades? La verdad oficial es cosa propia de dictaduras para deformar los hechos y homogenizar a la población con dogmas políticos como la supremacía de una raza, de una nación o de una clase, entiéndase nazismo, fascismo y comunismo.
El asunto, para dejar aquí, por ahora, es que la Comisión de la Verdad carece de sentido, y que de una Comisión integrada con claro sesgo izquierdista por Alfredo Molano, el jesuita De Roux, la excompañera del excomandante guerrillero León Valencia y caracterizados activistas políticos, no podemos esperar sino la reedición pulida de textos que ya han circulado ampliamente en las columnas de Molano, de De Roux y en las diatribas de literatos como William Ospina.
Darío Acevedo Carmona, 27 de noviembre de 2017
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