¿Por qué la paz que Santos dice haber alcanzado tiene un margen tan elevado de incredulidad entre los colombianos? ¿Acaso estamos locos al manifestar nuestro rechazo a los acuerdos firmados por él y las Farc?
En vez de cerrarse a la banda negando las fallas profundas del proceso y de los términos del acuerdo, los firmantes deberían esforzarse en reconocer la evidente crisis en que está sumergido el país por cuenta de ese pacto. Empezando por el vicio madre de todos los males que es el haber incorporado las 312 páginas del entuerto como un capítulo inmodificable de la Constitución Nacional por espacio de doce años, prorrogables.
De haber elevado el anhelo de la paz a la categoría de dogma que puede alterar, sustituir o reescribir la Constitución, la institucionalidad y la Justicia y reventar valores y costumbres de la sociedad. ¿Cómo olvidar que para llegar tan lejos fue necesario aceptar que estábamos sufriendo las consecuencias de una guerra civil por más de cincuenta años, que esa guerra tenía causas materiales y objetivas fruto de políticas de exclusión de las fuerzas políticas que se habrían visto obligadas a tomar las armas como último recurso.
En esa declinación moral, que nace también de una conciencia de culpa de círculos de las elites dominantes, había que concederles, en consecuencia, estatus de fuerza beligerante a las Farc. Por eso, el Gobierno Santos negoció de tú a tú con ella y la igualó con el Estado colombiano, desconociendo y desaprovechando que se trataba de una guerrilla derrotada estratégicamente, afectada en su voluntad de poder y presa de una crisis de liderazgo con sus jefes huyendo en países vecinos, descoordinados, sin opción de triunfo a la vista.
Las desafiantes ironías de Santrich, las prepotentes intervenciones cuadriculadas de Timochenko, los retos y exigencias de Iván Márquez, y las numerosas demostraciones de arrogancia y desprecio hacia una opinión que esperaba una respuesta más pausada y tranquila, menos provocadora y subida de tono, más acorde con lo que debía ser una actitud de reconocimiento del dolor causado y de búsqueda sincera de la reconciliación, rebasaron la capacidad de aceptación de buena parte de la ciudadana que hoy se manifiesta hastiada de que la comandancia fariana se pasee como “Pedro por su casa” y se burle del sentido común.
Para que se entienda bien la razón por la que no consigue una atmósfera favorable y de que la diplomacia, las giras internacionales, el premio Nobel, la visita a Trump, a la ONU, al Papa, las multimillonarias campañas publicitarias en los medios nacionales y extranjeros, no produzcan efectos positivos en el sentimiento de la mayoría de colombianos hay que tener en cuenta el diseño entreguista de la política oficial al mando.
Y también ciertos procederes arbitrarios, engañosos y antidemocráticos como la citación de un plebiscito con pregunta amañada, en bloque las 286 páginas, con financiación oficial de publicidad por el SÍ, la amenaza con una guerra tenebrosa si ganaba el NO, reducción del umbral de aprobación al 13%. Luego, perdido el plebiscito, la maniobra engañosa para aparentar búsqueda de una nueva negociación bajo un consenso nacional y de nuevo la trampa dando a entender que se habían hecho modificaciones profundas y que se tenía, como se afirmó en principio, la venia de los líderes del NO.
Y cuando se desgrana la mazorca emerge a la luz lo que el tal nuevo acuerdo contempla, entre otras atrocidades: impunidad para las Farc, representación en el Senado y Cámara sin impedimentos para responsables de crímenes de lesa humanidad, incorporación de las 312 páginas del “nuevo” Acuerdo a la Constitución en calidad de inmodificable o parte del bloque de constitucionalidad, alteración de las funciones del Congreso, implantación de una nueva Justicia la JEP superpuesta a todos los órganos judiciales del país, adopción del mecanismo fast track para reformar la Constitución con proyectos votados en bloque y salidos de la mesa constituyente integrada por delegados del gobierno y de la guerrilla, entre ellos un jurista comunista español, financiación con el dinero de nuestros impuestos de la actividad política y de un centro de pensamiento de la ideología totalitaria marxista-leninista y la conformación de una comisión de seguimiento con poderes gubernamentales.
De modo que, llegados al punto de la implementación de los pactos y luego de cumplirse los 180 días estipulados y supuestamente inalterables para la desmovilización de las Farc, el balance es un país dividido, incontrolado, con un presidente en caída profunda de su imagen y sin gobernabilidad, inepto, una guerrilla insolente e inflada, invitada de honor a eventos culturales y ocupando primeras planas en los medios enmermelados.
No han entregado los menores de sus filas que son miles, no quieren desestructurar su formación jerárquica militar, no quieren entregar sus bienes, no soportan la menor crítica, vetan al Fiscal gentral, a magistrados, a las Cortes, a congresistas y se ufanan de haber entregado a la misión de la ONU, cuyo papel no genera confianza, el 30% de sus armas sin una foto o video de sustento, sin testigos independientes, y quieren que la opinión les crea y se dé por satisfecha como si el cumplimiento de un compromiso puntual fuese suficiente para borrar el desastre institucional y constitucional provocado por las tres fuentes del descontento: el proceso de negociación, los contenidos inconstitucionales del acuerdo final y su implementación.
Darío Acevedo Carmona, 12 de junio de 2017
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