“Los catalanes quieren la independencia”. He aquí un postulado falaz. Más preciso sería decir que algunos catalanes, un segmento que no llega al 50 por ciento, quiere privar a España de un territorio que le es connatural. España —que adquiere la fisonomía que le conocemos con los Reyes Católicos— se constituye con Cataluña que, desde mucho antes, formaba parte del reino de Aragón. El independentismo catalán existe como aberración, que se afinca en una lengua horrible (con perdón, no aspiro a que todo el mundo piense lo mismo) en torno a la cual unos provincianos con ínfulas se han querido inventar una identidad separada, cuando tendrían que sentirse orgullosos de integrar una de las naciones más antiguas de Europa y de ser parte del universo lingüístico de uno de los primeros idiomas del mundo.
Pero lo que suscita esta reflexión no es tanto lo que yo creo que debiera ser cuanto la realidad de un movimiento separatista que, aunque no cuenta con la mayoría del pueblo catalán, se dispone a romper la nación española y, a ese fin, ya ha dado varios pasos encaminados a la franca rebeldía promovida y orquestada desde el gobierno autonómico y con el respaldo del parlamento regional. Los tribunales han hecho comparecer a algunos líderes del secesionismo a quienes han inhabilitado políticamente y el gobierno central, que preside Mariano Rajoy, ha descalificado en varias ocasiones el proyecto de los llamados nacionalistas catalanes, que no se arredran por estas advertencias y regaños. A mí me parece que el gobierno español reacciona, hasta el momento, con peligrosos paños tibios frente a los que conspiran abiertamente para violar el orden constitucional y romper la estructura del Estado.
El secesionismo es un delito contra la soberanía nacional y, en consecuencia, sus promotores son unos delincuentes que, en lugar de ostentar cargos públicos y disponer de tribunas desde las cuales defender sus agendas, deben encontrarse en prisión. El parlamento catalán es, desde hace tiempo, un organismo rebelde, controlado por unos vociferantes subversivos que merecen ser tratados como tales, de lo contrario el impulso hacia la ruptura no tardará en tornarse inexorable, no obstante todos los llamados a la responsabilidad y las lamentaciones adjuntas.
Los secesionistas terminarán por salirse con la suya —para mal de los españoles y sobre todo de los catalanes— a menos que el Estado se decida a abortar la situación a tiempo invocando —como primera providencia, no como último recurso— el artículo constitucional (155) que contempla la intervención del Estado “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.
Las fuerzas disolventes que pretenden sustraer a Cataluña de su contexto histórico y legal no me parecen motivadas por el noble patriotismo que siempre está en la raíz de los genuinos proyectos independentistas, sino por el oscuro encono de un republicanismo desfasado, por la venenosa revancha de los que se agrupan bajo el estandarte del “antisistema”, de los que aspiran a reivindicar, aunque sea en el ámbito regional y de manera un tanto oblicua, a los anarquistas y comunistas que terminaron derrotados en la Guerra Civil; canalla ávida de desquite que a veces, como en el caso del notorio diputado Gabriel Rufián, lleva en el propio nombre el abolengo de su vocación.
Si España, nación tan cercana y tan querida, no ha de fragmentarse, el momento de que el Estado intervenga de manera decisiva en Cataluña es ahora, sin excluir la supresión de las instituciones de gobierno locales y los servicios, como en los viejos tiempos, de un capitán general. Estoy seguro de que mi bisabuela catalana habría aplaudido.
©Echerri 2017
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