Las elecciones para corporaciones públicas y presidente de la República el próximo año podrían ser un pulso definitivo sobre la paz impuesta. En principio, cada fuerza política habrá de definir sus objetivos en concordancia con el diagnóstico de la situación.
Me ocuparé en estas líneas del debate que va cobrando fuerza en las filas de la Oposición: uribistas, conservadores y liberales disidentes, militares en retiro, voceros del NO, entre otros. La cuestión está planteada en términos de hasta dónde se debe corregir, deshacer o revocar lo que se está imponiendo a través del llamado fast track. El debate se calentó a raíz de un trino del expresidente Uribe en el que manifestó que en caso de un triunfo del candidato del Centro Democrático en la elección presidencial no se revocaría todo el acuerdo de paz sino aquellos puntos que consagran impunidad total y que representen el peligro del modelo castro-chavista.
Algunos intelectuales reviraron al planteamiento de Uribe calificándolo en los peores términos, casi como una traición o cuando menos un paso atrás y mostraban en cambio, la firme posición del precandidato conservador Alejandro Ordoñez. Estamos pues, ante un desacuerdo en el tema principal de la coyuntura que a no dudarlo es y seguirá siendo el de la paz.
En mi parecer, pienso que los analistas no podemos esperar que nuestros puntos de vista sean plenamente adoptados por los dirigentes políticos. Son estos, en últimas, los que conocen sobre el terreno el estado de las fuerzas y las consecuencias positivas y negativas o el impacto de una propuesta en la población. La lucha política se parece en muchos aspectos a una guerra. Hay batallas de diverso calibre y aunque el objetivo final de cada bando es la victoria, los generales son los que conocen el método para librar cada batalla. Ellos saben, desde sus primeras lecciones, que no basta tener la razón o la justicia de su parte para ganar.
Pienso que las batallas electorales en estos dos años cobrarán elevada importancia, pero, difícilmente serán definitivas, pueden venir otras de mayor calado después de la elección presidencial.
El expresidente Uribe, en trinos siguientes al que provocó el alboroto, ha aclarado asuntos muy importantes que no siempre son tenidos en cuenta por los “teóricos” o “estrategas” de escritorio. Por ejemplo, que no se puede dar la impresión a la ciudadanía de que “somos enemigos de la paz”, que se debe insistir en la revocatoria de aquellos puntos que después del plebiscito se pusieron en la mesa de conversaciones con el Gobierno , y que no se debe confundir lo ideal con lo real. Esto último quisiera leerlo de la siguiente manera: la paz no será cien por cien acorde con los deseos de los del SÍ o los del NO.
Si uno piensa en la envergadura del daño institucional que el gobierno Santos les está infligiendo a las instituciones, a la Constitución, a la Justicia y por ende a la sociedad, puede concluir, en teoría y con el deseo, que lo ideal es revocar todo e imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, considero que ese pensamiento es exactamente igual a lo que piensan y hacen los impulsores del Acuerdo impuesto, es decir, que un sector importante de la sociedad pretenda imponerse sobre el otro sin escucharlo, pisoteando sus derechos. No se dan cuenta que es un error echar en un mismo saco al gobierno y a quienes han liderado la paz entreguista con los millones de personas que han creído, a pesar de sus imperfecciones, en el proceso Santos-Farc.
Claro que los del NO ganamos el plebiscito, así hubiese sido por poca diferencia se ganó. Y cuando los voceros del NO aceptaron sentarse a discutir algunos puntos con De la Calle y compañía lo hicieron pensando en grande, pensando en la Nación, en la paz, en que había cosas rescatables aunque no fueran plenamente digeribles. Yo creo que esa actitud le ha ganado muchísimos nuevos adeptos al NO, que se podrían echar a perder si se adopta en esta coyuntura una posición radical de oposición en toda la línea a todo lo acordado.
Es cierto que estamos ante un desastre, no dudo que el gobierno propició un golpe de estado al violar y sustituir la constitución. La cumbre de la ignominia es la aprobación de la peor monstruosidad de todo ese proceso de entrega, la Jurisdicción Especial de Paz, que será el órgano judicial supremo del país, que administrará justicia según la versión guerrillera. Militares, civiles, empresarios, políticos, intelectuales, serán expuestos a acusaciones sobre la base de la teoría (Roxin) de “los responsables de atrás” y de que en ultimas la guerrilla fue la víctima de una ilegal política de estado.
Para reversar en esos temas puntuales hay que obtener la presidencia y las mayorías en el Congreso. Eso está en el campo de lo posible, pero quizás no sea suficiente. El punto lo ha dado el analista Daniel Mera Villamizar planteando (elespectador.com 18/02/2017) que lo procedente en un nuevo gobierno es la convocatoria de un referendo derogatorio de todo aquello que ha sido impuesto de manera ilegal.
Finalmente, lo mejor de todo es que sea el constituyente primario, como debió haber sido, el que decida con su voto qué asuntos (en 5 u 8 preguntas) acepta y cuáles rechaza. Y si esto no fuese posible por razones incontrolables, convocar una asamblea nacional constituyente para que redefina el rumbo de la Nación.
Darío Acevedo Carmona, 27 de febrero de 2017
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