El Reino del Poder y la Violencia

La democracia participativa en cualquiera de sus formas, que pueden ser tan variadas como cada pueblo lo decida, es un proyecto político destinado a institucionalizar la participación popular en las decisiones de cada país mediante mecanismos de consulta e intervención ciudadana en el análisis y solución de los problemas. No se trata de una anarquía sino de un sistema ordenado y equilibrado donde el imperio de leyes justas intentan beneficiar a la inmensa mayoría de la población en una armoniosa diversidad donde las divergencias se resuelvan mediante el diálogo, la negociación, la transacción y, en los casos necesarios, mediante las urnas.

¿Es esta la “democracia participativa” que proclama el sector político que gobierna Venezuela? Venezuela ha hecho alarde durante el prolongado gobierno del Coronel Hugo Chávez de una “democracia participativa” que supuestamente devolvía al pueblo su soberanía. Pero el pueblo es soberano cuando puede decidir como un todo, donde no hay unidad, pero sí respeto mutuo, y donde impera la ley y el derecho, y no cuando un sector de la población toma una posición dominante y califica de “enemigo” a todos los que se atreven a criticar sus errores o sencillamente a pensar distinto.

¿Es que acaso el sector político de la oposición en cualquier país deja de ser “pueblo” porque tiene un proyecto distinto y porque plantea soluciones diferentes? La “unidad” obligatoria de todo un pueblo es en realidad una táctica divisionista que lo polariza entre los que están a favor y los que están en contra, echando por tierra todo intento negociador, y sentando insidiosamente las bases del totalitarismo, que suele surgir de una masa amorfa y vociferante que respalda incondicionalmente a un líder mesiánico hasta caer en el dominio absoluto de una ínfima minoría que ocupa todas las posiciones de poder. Por el camino van quedando los engañados y los acomodados.

Hasta el domingo 14 de abril de 2013, Venezuela mantenía un barniz electoral que ostentaba como prueba de su “democracia participativa”. Sus gobernantes proclamaban que actuaban por mandato del pueblo. Pese a que los mecanismos de participación ciudadana eran mínimos y a que las posiciones de poder se iban concentrando en unos pocos, el mundo y muchos venezolanos aceptaban buenamente la democracia venezolana como un proyecto “perfectible”, como toda democracia auténtica debe ser.

Ese barniz ha desaparecido radicalmente con una dura muestra de arrogancia en el uso de la violencia como reacción a las legítimas protestas de quienes aspiran a un proceso electoral trasparente y legítimo. Ha desaparecido al proclamarse el triunfo del sector oficialista con el rechazo irresponsable y caprichoso a cualquier intento de comprobación, auditoria o investigación de las irregularidades electorales o, al menos, de los errores que son siempre posibles en el conteo de los votos, sobre todo cuando los resultados anunciados son tan parejos que cualquier error importante, a propósito o no, los podía hacer cambiar. El mismo candidato oficialista proclamó en su discurso triunfal que estaba dispuesto a aceptar una auditoría electoral, pero parece que pronto le hicieron ver que la victoria que proclamaba no era tan segura y volvió la espalda al control y comprobación de su legitimidad para imponerse por la fuerza con el débil pretexto de una “decisión electoral irreversible”. Para justificar semejante decisión caprichosa y totalitaria, han invocado hasta la Constitución y le han dado al Consejo Nacional Electoral (CNE) un poder absoluto de decisión que ningún órgano de ese tipo tiene en ninguna parte del mundo. El poder absoluto de decisión radica en el pueblo y en su capacidad de exigir la comprobación de su voluntad expresada en las urnas mediante una auditoría trasparente y compartida.

La veta totalitaria de un gobierno que se ha quitado descaradamente la careta para mantenerse en el poder a la fuerza queda al descubierto cuando la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, hace declaraciones tan absurdamente antidemocráticas como las de afirmar que: “La Constitución de 1999 eliminó ese mecanismo. Las elecciones no se auditan a través de las papeletas depositadas en la urna, sino por medio del sistema. El conteo manual no existe”. ¿Para qué se depositan papeletas en una urna si no es con el propósito de tener un medio de comprobación cuando existe la duda? Claro está que ella puede hacer semejantes afirmaciones sin que sus colegas la reprochen o desautoricen porque el Tribunal Supremo de Justicia ha sido progresivamente dominado por magistrados que no ocultan su afiliación al sector político dominante sino que más bien alardean de ello.

Esta circunstancia transforma el recurso de apelación del candidato opositor ante la Sala Constitucional, que también preside Luisa Estela Morales, en una tragicomedia sin sentido. Sus jueces también responden incondicionalmente al oficialismo que los nombró. En los últimos 14 años han ido eliminando paulatinamente las voces de magistrados que todavía respondían a la letra y el espíritu de la ley sin consideraciones políticas o partidistas.

Por lo tanto, el candidato opositor se ve acorralado y con sólo un último recurso “legal” de reclamación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), una institución en la que cuatro de sus cinco rectores no tienen empacho en proclamar su fidelidad a la revolución bolivariana impuesta en Venezuela por Hugo Chávez. Fue la propia Presidente del CNE, Tibisay Lucena, la que proclamó con el mayor desparpajo, cuando hizo el anuncio de los resultados electorales con cuatro horas de retraso en la madrugada del lunes 15 de abril, que los resultados que anunciaba eran “irrevocables”.

El candidato opositor no sólo enfrenta a las cuatro quintas partes del CNE que abiertamente simpatizan con su rival político, sino a una serie de condiciones que hacen prácticamente imposible una petición formal ante esa instancia. Cuenta con 20 días hábiles para hacer la petición, demasiados días para confiar en que las boletas que supuestamente se contarían están a buen resguardo, pero además debe identificar con precisión qué actos impugna y, en caso de impugnar actas de votación o actos de escrutinio, deberá precisar también en cada caso cuáles son las mesas electorales en las que presume que se cometieron irregularidades. Si en el mejor de los casos, el candidato logra reunir tantas pruebas en tan corto tiempo, el CNE cuenta después con 45 días para decidir si procede la impugnación y, después, con otros 45 días para llegar a una decisión. Tratándose de personas abiertamente parcializadas, no es difícil pronosticar que harán lo que sea necesario para que la reclamación no prospere, por no apostar a que harían trampa, como lo han venido haciendo las autoridades gobernantes en todo el proceso electoral previo. Es muy difícil llegar a conclusiones tremendistas cuando el que opina es amante de la paz, la armonía y el entendimiento entre las personas y los pueblos, pero hay situaciones en las que no hay otra salida que el firme enfrentamiento al abuso de autoridad. La historia siempre ha demostrado que no se puede negociar con matones, que no se puede entablar un diálogo con quien te desprecia, que no hay posible transacción con quienes buscan el punto débil del adversario y esperan su momento para pisarle la cabeza. Como dijo con mucha razón el General Antonio Maceo, uno de los próceres libertadores de Cuba, “La libertad no se mendiga, sino que se conquista …”

La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) ha convocado hoy jueves 18, en Lima, Perú, a una reunión de urgencia para "analizar" la situación creada en Venezuela tras los incidentes que siguieron a las elecciones presidenciales. En especial les preocupa que Estados Unidos no haya reconocido aún el triunfo de Nicolás Maduro Moros.

La posición de USA es lógica para cualquier Estado democrático: a causa del estrecho margen entre Maduro y su adversario Henrique Capriles Radonski, un recuento de los sufragios y una auditoría de las actas de los centros de votación, es el método correcto para legitimar el triunfo electoral de un candidato, sobre todo si se tienen en cuenta la cantidad de denuncias de irregularidades que se acumularon antes del proceso electoral y el día de las elecciones.

Lamentablemente, en la mentalidad autoritaria de la mayoría de los gobernantes de los Estados representados en UNASUR, no cabe la elegante solución de pedirle a las autoridades venezolanas que accedan a un proceso de comprobación que es parte esencial de la tradición democrática para mantener un mínimo de trasparencia en el proceso electoral.

La mesurada exhortación publicada en este mismo FORO por la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, dirigida a los organismos internacionales que dicen defender la democracia en el continente americano, pidiendo su intercesión para un recuento de los votos en Venezuela , ha pecado quizás de ingenuidad si esperaba de UNASUR una actitud más decorosa.

Nunca se habrá visto mayor desparpajo, ni siquiera en los sistemas más dictatoriales, que el espectáculo que han ofrecido las autoridades venezolanas de proclamar Presidente a un candidato y proceder a su "toma de posesión" cuando está todavía pendiente el recuento y auditoría de los votos.

Es evidente que no tienen la más mínima disposición de reconocer una derrota bajo circunstancia alguna y, por lo tanto, el recuento ya está viciado antes de comenzar. Es otra farsa de este proceso electoral.

La democracia venezolana ha quedado aplastada.