La crisis del Perú bajo la óptica del nuevo orden mundial

La crisis política desatada en Perú tras los hechos que llevaron a la destitución y apresamiento del presidente Pedro Castillo ha desembocado en una estela de violencia que ya acumula decenas de muertes. En este caso, como en la mayoría de los eventos que están teniendo lugar en el resto del planeta, se hace presente el clima de manipulación y la confusión desde la narrativa mediática y el enfoque político en torno al que se desarrollan diferentes discursos y posturas relativas a estos acontecimientos. Una vez más se ponen en juego etiquetados ideológicos que en realidad ya no funcionan y sirven para camuflar las realidades, intenciones y oscuros manejos que se esconden tras estos hechos. Da igual donde ocurran y los motivos que sirvieron como detonantes.  

Las partes involucradas son acusadas o justificadas según el punto de vista de detractores o simpatizantes respectivos, pero al final el dominio real de la opinión queda bajo la influencia contaminante de los que manejan los hilos de una trama global que asusta por los detalles que se vislumbran, de alcances y propósitos cada vez más difíciles de definir, pero que sin dudas se aprecian peligrosos. Algo que no es nuevo pero que se hace cada vez más evidente desde hace un tiempo a la fecha. En noviembre del 2019 fui testigo de una situación relacionada con protestas en ambientes democráticos. Ocurrió en Bogotá con una manifestación estudiantil poco difundida en medios internacionales. Algunos que dieron cobertura a la noticia coincidieron en señalar la “violencia” de los perturbadores, vandálicos e indisciplinados, seguramente pagados desde el exterior para desequilibrar al sistema democrático, en este caso colombiano. Obviaron señalar los reclamos de aquellos jóvenes y adolescentes que pedían un sistema educativo más justo, salud asequible, cumplimiento de los acuerdos de paz, protección para lideres ambientalistas y cívicos, entre otras demandas. La respuesta represiva, aun cuando los estudiantes estaban dentro del recinto universitario, fue realmente desproporcionada y abusiva. Balas de goma, explosiones pavorosas de gases lacrimógenos, antecedieron a la arremetida policial. Ocurrió justamente cuando el mundo estaba a las puertas de una extraña pandemia que habría de influir en todos los ámbitos de la humanidad y cuya irrupción precipitaría el avance de un programa previamente anunciado, pero apenas perceptible en sus proporciones. La destitución y encarcelamiento del presidente Castillo reúne muchos elementos de este libreto. 

La vicepresidenta Digna Boluarte, nombrada en ese cargo por Castillo, tras asumir como mandataria insiste en describirse parte de una izquierda inclusiva y moderada. Pero voces autorizadas la sitúan en un sitio más a la zurda que su predecesor y al servicio de intereses como los que representan la agenda 2030 y transnacionales extranjeras dedicadas a explotar recursos mineros en el país. Precisamente uno de los que centran el actual conflicto se ubica en los disputados yacimientos de Tina María. Sin embrago ninguno de estos detalles parece causar mucha inquietud a los enjuiciadores del izquierdismo representado por Castillo. Lejos de evitar la crisis o llevarla a vías de solución, el esquinazo de Digna a su compañero de gobierno, en un movimiento que bien puede calificarse de golpe político, se ha convertido en catalizador del malestar social. Las manifestaciones estallaron en diferentes puntos del territorio peruano, fuera de la órbita capitalina limeña, pero a diferencia de aquellas que ocurrieron en la capital contra Castillo, ponderadas por el espíritu ciudadano y democrático de sus participantes, estas reciben el calificativo de turbas callejeras enfocadas en el pillaje y la propagación del terror. Que han ocurrido hechos relativos a estos señalamientos, no es incierto. Algunos tan terribles, como la muerte de un agente incendiado dentro del auto policial. Actos violentos también se produjeron en la jornada de enero 6 en el Capitolio de Washington y recientemente en Brasilia con el protagonismo de miles de seguidores bolsonaristas. Pero las tesis, para nada descartables, sobre elementos provocadores infiltrados en el escenario o las proyecciones de “falsas banderas” que se apuntan sobre esos conflictos no parecen tener el mismo grado de estimación para los eventos peruanos. Retomando aquella experiencia en Bogotá recuerdo la actuación de individuos que incendiaban tanques de basura situados en zonas aledañas al teatro de las protestas, y que inmediatamente desaparecían en veloces motos. 

Sin pretender obviar verdades, errores o malos manejos de los que se acusan al ya expresidente Castillo quedan muchas interrogantes sobre la contraparte que lo desalojó del mando. Un proceso dudoso sin presunciones ni atenuantes que en muchos aspectos justifica la ira, la indignación y las protestas de los que han salido a las calles. Y es que esa masa de “revoltosos”, señalada con los peores epítetos, mayoritariamente compone el voto ciudadano que hizo llegar a la presidencia a Castillo en unas elecciones ganadas de manera estrecha, pero limpia, por un indígena de izquierdas con el respaldo de aquella parte de la población, indígena y menospreciada como él. Poco podría hacer el flamante mandatario en una legislatura donde apenas se le permitió legislar. Con el disfraz de la resistencia democrática, los poderes establecidos llevaron las aguas al cause previsto de la ingobernabilidad. Y aquí se produce la confluencia de factores paradójicos y acciones dirigidas a desbancar al inexperto mandatario, propósito que ayudó a materializar el propio presidente con el autogolpe que pretendió dar en solitario, sin siquiera contar con el apoyo de sus correligionarios de partido. Es notable que en la votación que condujo a su destitución y posterior arresto, se contabilizaran 101 votos a favor y solo 6 en contra. La pregunta se hace obligatoria. ¿Cómo pudo decidir Castillo disolver el Congreso sin antes asegurarse de contar con respaldo sólido para llevar a efecto esa acción? ¿Acaso cabe aquí la teoría alegada por el abogado Guillermo Olivera sobre la inducción premeditada a la consumación de un delito que justificara la remoción del gobernante que se había tornado incómodo con algunos temas sensibles en las agendas de este mundo globalizado? Me refiero a la negativa de Castillo a aprobar el matrimonio homosexual, su disposición a terminar con el uso del lenguaje inclusivo en el discurso oficial, así como la puesta en consideración de concesiones a explotaciones mineras por consideraciones medio ambientales, reclamo de pobladores que señalan la acción contaminante de esas empresas para ríos y corrientes fluviales. De esto poco o nada se habla. 

El presidente podía disolver el Congreso en casos específicos. De acuerdo con el artículo 134 si la Cámara censurara o negara su confianza a dos Consejos de ministros. Solo así existía la posibilidad del cese parlamentario para elegir una nueva legislatura, paso que Castillo sí tuvo en cuenta. Al parecer la inexperiencia le jugó una mala pasada al maestro de escuela rural que nunca había ostentado un cargo público hasta su ajustada victoria en el balotaje de junio del 2021 y que ahora enfrenta acusaciones por corrupción y por plagio en su tesis magistral. Omar Coronel, profesor de sociología de la Pontificia Universidad de Perú, afirma que aunque las acusaciones de corrupción y las críticas a la falta de experiencia del mandatario tendrían fundamento, las mismas están teñidas de racismo, “una constante en cualquier ecuación peruana”, afirma Coronel y añade: “Se puede criticar su inexperiencia política, su torpeza, sus delitos, pero la forma como se presentó la situación señalando que Castillo era de una comunidad rural con costumbres diferentes es un discurso profundamente racista y tremendamente hipócrita, porque los presidentes de derechas también han enfrentado acusaciones de corrupción.”

Tras una campaña en la que Castillo prometió nacionalizar la industria minera y reescribir la constitución, aspectos que le valieron amplio respaldo entre sectores del campo empobrecido y el rechazo de los grupos de interés opuestos, sus seguidores vieron como el mandatario enfrentó las mismas muestras de discriminación racial que ellos suelen recibir. Fueron tantas y tan marcadas que la OEA las documentó durante una misión recuente al país. Sobre este aspecto la socióloga y excongresista peruana Indira Huilca coincide en destacar que fueron precisamente esas regiones empobrecidas, con recursos naturales estratégicos cuya explotación no se refleja en el desarrollo de su gente, las que dieron la victoria a la candidatura de Pedro Castillo y ahora salen a las calles porque aprecian que de alguna manera ese voto les fue arrebatado. En días recientes Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en una conversación sostenida con el “think tank” Atlantic Council explicó la importancia de Latinoamérica para su país. Richardson señaló la existencia de ricos recursos y tierras raras que conforman el llamado “triángulo de litio” con un 60 por ciento mundial de ese mineral concentrado en un área comprendida entre Argentina, Chile y Bolivia. Perú queda incluida dentro de ese importante enclave. 

Por su parte señala Huilca la ausencia de la aplicación de una estrategia represiva para controlar las movilizaciones de forma razonable, sino mediante el abuso explícito, disparos a la cabeza y en el cuerpo de los manifestantes. A todo esto, mientras pide perdón por los muertos, la señora Boluarte se aferra al timón de la nave proclamando con firmeza su negativa a renunciar con eslóganes feministas: “No al machismo. Basta de la violencia contra la mujer, déjenme trabajar en paz”, olvidando que el espacio que ella pide para gobernar con tranquilidad tampoco le fue concedido al defenestrado Castillo. Y mientras la presidenta en funciones une su voz al corro que acusa a los manifestantes de radicales y violentos, las noticias recogen más de 40 muertos, la mayoría por disparos de armas, haciendo que el balance de su ejecutivo se caracterice por tener mayor número de muertes que días de gobierno, como señala una nota de la periodista Marina Velazco para Huffpost.  Es posible que al final la suerte de la primera presidenta de Perú siga el mismo camino de su predecesor e incluso le corresponda asumir responsabilidades jurídicas por genocidio, algo que ya se cocina a pesar del apoyo del almirantazgo que comanda las pretensiones de un nuevo orden mundial.  En definitivas al final ella es solo una pieza más dentro de este complejo tablero político donde el destino de los gobiernos se decide aparentemente en las urnas.