Con la renuncia de Evo Morales salió el dictador de Bolivia pero sigue la dictadura como sistema que ha liquidado todos los elementos esenciales de la democracia y suplantado la República. La dictadura que continua rigiendo Bolivia está fundada en una estructura jurídico-constitucional violatoria de los derechos humanos, una estructura criminal-territorial asentada en el narcotráfico, y un orden de impunidad. La crisis boliviana es hoy la opresión dictatorial, que ha producido y agrava la crisis de salud, económica, social y política, que tiene importancia continental como precedente para la recuperación de la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La democracia en las Américas es “un derecho de los pueblos” en todos los estados signatarios de la Carta Democrática Interamericana, que por este “tratado constitutivo”, tienen la obligación de cumplir los elementos esenciales de la democracia que son “entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Cuando Evo Morales llegó al poder el 22 de enero de 2006 lo hizo en la República de Bolivia por un mandato de 5 años sin opción de reelección continua por lo que debió entregar el poder en enero de 2011. Permaneció casi 14 años hasta su renuncia el 10 de noviembre de 2019 y para hacerlo eliminó los elementos esenciales de la democracia y con falsificaciones, masacres, exiliados y crímenes, suplantó la “República de Bolivia” con su “estado plurinacional” una constitución promulgada el 7 de febrero de 2009 -cumpliendo la agenda castrochavista- impuso el sistema jurídico de la dictadura, eliminó es estado de derecho, controló todos los poderes, liquidó el sufragio universal y construyó un orden de corrupción e impunidad.
Un “gobierno de transición” tiene el mandato y objeto de “pasar de la dictadura a la democracia”, cesando el sistema dictatorial y sus estructuras para reponer la República y los elementos esenciales de la democracia. Transición es el camino para recuperar lo usurpado por la dictadura devolviendo a los bolivianos derechos, libertades y garantías básicos como el respeto a los derechos humanos, vigencia e igualdad ante la ley, jueces idóneos e imparciales, voto universal basado en la igualdad de los ciudadanos, seguridad jurídica y personal de volver a vivir en un país con “previsibilidad” e “institucionalidad”.
La plena vigencia de la dictadura se expresa y está demostrada por:
1.- la estructura jurídico-constitucional dictatorial con la constitución del estado plurinacional que continúa suplantado la República y que mantiene efectivos los “poderes de la dictadura” en la asamblea nacional o poder legislativo dictatorial, el tribunal supremo de justicia y el tribunal constitucional plurinacional con todos los jueces de la dictadura, los fiscales de la dictadura, los tribunales electorales departamentales y todas las organizaciones dictatoriales que simulan instituciones. Para cesar esta estructura solo hay que reconocer la “vigencia de la República de Bolivia con la Constitución de 1967/94” hasta ahora suplantada y cautiva.
2.- la estructura criminal-territorial asentada en las federaciones de productores de coca/cocaína de las que Evo Morales es el jefe y en los denominados movimientos sociales que son grupos en la metodología del socialismo del siglo XXI, equiparables a los colectivos de Venezuela. Grupos criminales que cometen delitos de amedrentamiento, bloqueos, daños a la propiedad, asesinatos, extorsiones y mas, con los que Morales ha producido múltiples masacres para someter al pueblo boliviano, desde octubre 2003 con confesiones públicas, noviembre de 2019 con prueba grabada de su autoría y el reciente bloqueo con decenas de fallecidos. La restitución del “estado de derecho” y el retorno a la “lucha contra el narcotráfico como política de estado” marcan el desmantelamiento de este flagelo.
3.- un orden de impunidad generado y sostenido por la estructura jurídico-constitucional de la dictadura protege la estructura criminal-territorial. Los delincuentes de la dictadura saben que no serán castigados, están por encima de la ley y si es necesarios hacen “leyes infames” para tener impunidad. Evo Morales es el símbolo de la impunidad, por las masacres de 2003 amparado en decretos de amnistía, impune por el fraude electoral de 2019 e impune por las masacres de noviembre de 2019 amparado por “ley de garantías políticas” aprobada por su legislativo dictatorial después de las masacres, impune por acusaciones de estupro y violación de menores por sus fiscales y jueces. La impunidad cesa con la República.
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