Para decir lo que voy a decir quiero dejar claro que parto del principio de que cualquier ciudadano puede y debe participar en política sin perjuicio de entender la conflictividad entre actividades, oficios, profesiones y dignidades con la acción política.
El estado republicano y democrático-liberal instauró la ciudadanía, un valor altamente político acompañado de deberes y derechos cuyo ejercicio supone atributos e impedimentos, reconocimiento de fronteras fuertes o leves, duras o porosas que las personas deben discernir y respetar de tal forma que se entienda qué corresponde y qué no al mundo de la política.
Una primera frontera de la política moderna es la que se da con la religión y las iglesias. Alude a la implantación, lenta pero firme, de la separación de la iglesia y el estado, acuñada en la frase romana “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí se resguarda la acción política de la muy fuerte influencia moral que tenían los curas sobre la población y de la utilización del púlpito, la sotana y la investidura sacerdotal para fines partidistas y proselitistas, lo cual no les impide, en tanto ciudadanos, ejercer sus derechos electorales.
Una segunda frontera es la que existe con la Justicia. Este sí que es un mundo en el que permitir que lo político contamine o franquee la impartición de justicia es fatal para el ordenamiento institucional y social. Por eso la Justicia es representada por una diosa (Artemisa o Astrea) vendada para que no vea el reo, espada en mano para castigar y una balanza para sopesar lo bueno y lo malo del reo. Juez, magistrado, corte o tribunal que actúe bajo imperativos partidistas o de facción distorsiona su misión. Al igual que con los curas, los jueces no pierden sus derechos políticos.
Una tercera frontera es la que tiene que ver con la academia. De alguna manera el profesor se asemeja al sacerdote por su estatus especial de persona escuchada, con autoridad y liderazgo, además de contar ambos con públicos cautivos. Pero su función principal es la de educar, crear y divulgar conocimiento.
La misión de la institución educativa estipula con rigor que el docente o el científico no deben usar el aula, la cátedra, el laboratorio y sus clases para difundir sus ideas políticas o adoctrinar a sus discípulos. Además, que no se use el prestigio alcanzado en el ejercicio académico como carta de presentación para justificar o darles brillo a sus posturas políticas.
¿Se puede ser un buen académico y un buen político?, aunque es raro, no es imposible, pero ser lo uno no garantiza lo otro. Un docente o investigador puede ser muy exitoso en su labor académica, pero ello no tiene por consecuencia que en su actividad política le ocurra algo similar, o que por ello sea más creíble.
La experiencia vivida desde hace varias décadas en las universidades públicas respecto de la relación conflictiva entre vida académica y militancia y actividad política es algo sobre lo que es preciso debatir mucho más de lo que se ha visto. Las universidades han sido utilizadas de manera sistemática como espacio de confrontación política, arena de combate ideológico, fortín de propaganda y publicidad de ideas de izquierda y hasta campo de paradas cuasimilitares de encapuchados.
Nada de eso tendría que ocurrir en las instituciones académicas puesto que esa no es su misión, pero, se arguye que la universidad no puede ser neutral o insensible frente a los problemas de la nación, una idea con la que se quiere validar el aprovechamiento de la libertad de los campus y la presencia de una población joven que tiende a ser crítica, para promocionar causas político-partidistas.
Se trata, sin duda, de una grave distorsión de la misión de la academia. No porque los miembros de ella deban ser indiferentes con los temas políticos sino porque se confunde a las personas y su condición ciudadana con la misión institucional. Es comprensible que investigadores, profesores y estudiantes pueden interesarse e intervenir en política, pero, es deseable que cuando lo hagan entiendan y respeten la autonomía académica y que la acción política discurre por otros espacios: la calle, la plaza, los medios, las urnas, el congreso, entre otros.
Un ejemplo concreto que ilustra lo dicho es el movimiento que algunas directivas, profesores y estudiantes de universidades públicas están fraguando en estos momentos para exigir un presupuesto adecuado, la derogatoria de los artículos de la última reforma tributaria que graban los gastos de representación de los profesores y otros temas puntuales.
Sus gestores no reconocen el error de haberse comprometido con la causa política de la paz de Santos, cuyos costos jurídicos, institucionales y económicos son elevadísimos. Mientras aplaudían, Santos pasaba sin resistencia su reforma tributaria que ahora quieren cobrarle a un presidente que apenas se posesiona y que aún no ha echado a caminar toda su política educativa.
El sistema universitario público y privado fue cooptado para una causa política, que nos interesa a todos como ciudadanos mas no a instituciones académicas. Bajo la sombra del alero pacifista se crearon centros de pensamiento, grupos de investigación, se organizaron foros, congresos de los pueblos, se han usado masivamente las redes y los medios académicos para divulgar las negociaciones de paz, profesores se convirtieron en activistas de esa causa, se crearon cátedras sobre el tema, en esta ocasionan proponen la creación de un movimiento profesoral permanente.
El signo invariable de este conjunto fue el sesgo izquierdizante, la ausencia de debate, el aplauso incondicional a la paz Santos-Farc y la condena y exclusión a sus críticos.
Darío Acevedo Carmona, 1 de octubre de 2018
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