El ocaso cívico de una Premio Nobel de la Paz

MIAMI, Estados Unidos.- A mediados de mayo del 2015 la imparable crisis de inmigrantes en el Mediterráneo quedó desplazada por breve tiempo de las noticias por un hecho similar ocurrido en otra zona del planeta. En el Estrecho de Malaca, cerca de Indonesia, dos barcos con 800 personas procedentes de Birmania quedaban abandonados a su suerte en el mar. Los refugiados convertidos en improvisados navegantes pertenecían al grupo étnico de los rohingyas que tres países del área se negaban rescatar. La situación ponía en evidencia una realidad todavía más cruel cuando las autoridades marítimas calculaban en 1600 los desaparecidos en esta terrible tragedia que apenas era la parte visible del iceberg que les impelía a escapar.

La cara invisible del problema apenas desvelada por denuncias de los que lograban huir, terminó por hacerse más nítida cuando en días recientes funcionarios de la ONU publicaron un informe basado en testimonios sobre los actos represivos llevados a cabo por el ejército de Myanmar contra los miembros del grupo étnico en cuestión. Considerados apátridas por la junta militar, más de un millón de pobladores pertenecientes a esa entidad viven en condiciones comparables a las de apartheid, en una región situada en la frontera occidental de Myanmar con Bangladesh.

Considerada de franca limpieza étnica, la operación militar descrita por los supervivientes asegura que más de mil miembros del grupo rohingya han sido aniquilados en los últimos meses. Los datos recogidos describen “asesinato de bebés, niños, mujeres y personas ancianas; la apertura de fuego contra personas que huían; detenciones masivas; violaciones y violencia sexual masivas y sistemáticas; destrucción deliberada de comida y fuentes de alimentación”.

La junta militar ha negado todas las denuncias relacionadas con este caso, alegando que son falsas y que lo que realmente su acción comprende es una campaña “legal” en contra de una insurgencia musulmana que quiere imponer sus normas religiosas a la mayoría budista del país. Encuadrado este argumento en el marco de un mundo enfrentado a los desmanes de radicalismos islamistas, la justificante podría resultar una cortina de humo efectiva no solo para tapar crímenes de lesa humanidad, afectando cualquier empatía con la situación del grupo poblacional diezmado o que se proponga una investigación profunda sobre lo que realmente ocurre en una apartada región noroccidental del país asiático. Pero ocurre que en Birmania, Myanmar o Burma, como quiera que en definitiva decidan llamarle, se encuentra una de las personalidades más destacadas en lo referente a la lucha por los derechos humanos, ahora vinculada al Gobierno desde su partido político en mayoría parlamentaria.

A finales de los ochenta el nombre de Aung San Suu Kyi hacía que las miradas del mundo se volvieran hacia Birmania donde una junta militar tomó el poder imponiendo un fuerte sistema represivo. La activista represaliada recibió el espaldarazo internacional que tuvo como culmen la entrega del Premio Nobel de la Paz 1991. Desde entonces su figura se convirtió en un emblema para los luchadores por los derechos y libertades a nivel mundial. Al paso del tiempo las cosas parecen haber cambiado.

Tras las elecciones llevadas a cabo en 2012 en el que el partido de Aung Suu Kyi logró mayoría de escaños en el Congreso, la líder salió a la palestra pública de su país como una esperanza de cambio. Los años de resistencia cívica y moral junto al prestigio de un premio otorgado por esa causa, constituían una carta de fe su liderazgo en las nuevas circunstancias tendientes a un giro aperturista que en realidad no se ha cumplido y que algunos califican de decepcionante

Durante su visita a Myanmar, el presidente Barack Obama sostuvo un encuentro con la devenida política opositora. Obama sacó a colación el problema de la población rohingya con cierto tono crítico hacia su interlocutora: “No creo que la discriminación contra los rohingya y otras minorías religiosas describa el tipo de país que Birmania quiere ser a largo plazo”, declaró el mandatario. La respuesta de Suu Kyi se limitó a expresar el deseo de que los birmanos vivan “en armonía”. Ahora, tras conocerse los hechos denunciados y tras haber negado casi todas las acusaciones sobre matanzas, violaciones y saqueos, la laureada opositora dijo que investigaría el reporte publicado por la ONU.

No ha sido la única postura negativa que ha trascendido en esta nueva etapa de la Premio Nobel. En abril del 2013 encabezó una comisión que investigó un acto represivo llevado a cabo por la policía del régimen militar birmano contra un grupo de agricultores y monjes budistas. Estos protestaban por el impacto de una explotación de cobre operada por propietarios chinos. La conclusión de la investigación avalada por Suu Kyi determinó que la empresa minera podía continuar operando pese a los daños medioambientales y los conflictos de tierra que ello implicaba. El veredicto llevó la indignación y la ira de los locales contra el partido presidido por la connotada activista.

Muchos se preguntan si lo que se considera silencio cómplice de esta personalidad tendrá que ver con sus aspiraciones presidenciales. Precisamente en su encuentro con Obama el tema principal de su argumentación antigubernamental fue el contenido de la Carta Magna que impide su postulación a la presidencia por el hecho de que sus hijos ostentan nacionalidad británica. El razonamiento hecho por Suu Kyi suena irónico al citar que la Constitución vigente proclama igual trato para todos los ciudadanos. A esto y a la extraña minimización de críticas y denuncias sobre violaciones de derechos humanos dirigidas contra los rohingyas y otras minorías como las kachin, karen o san, se suma el acercamiento en una especie de alianza con el general Shwe Mann, tercera figura de la junta militar que gobernó hasta 2011 y corresponsable de los actos represivos contra la Nobel, calificada por algunos de sus compatriotas de ambiciosa y decepcionante.

“Me pasé toda mi juventud leyendo sus escritos, admirando su valor y esperado su oportunidad para cambiar nuestra Historia”. Es la reflexión de una joven periodista birmana, quien considera que la opositora no está denunciado la situación que sufren las minorías del país. Un juicio que parece generalizarse entre la sociedad birmana y que pudiera terminar conformando el peor epitafio para una activista laureada con el Nobel, vencida por las ambiciones y el deseo de acceder al poder gubernamental en detrimento de las ideas que un día le dieron notoriedad y prestigio. Un fiasco para millones de seres humanos que vieron en ella un símbolo de libertad y entereza cívica. Valga este ejemplo para quienes siguen el camino empedrado de la lucha por los derechos y la justicia en cualquier parte del mundo.

El Premio Nobel de la Paz es diferente de los otros galardonados con el Nobel, porque se otorga en un medio político. Aparte de que poderosas organizaciones del socialismo más radical actúan con gran eficiencia en presentar candidatos y en promover campañas de apoyo a sus candidatos, el Premio Nobel de la Paz lo concede el Parlamento Noruego mientras que los otros premios son otorgados por la Fundación Nobel, con sede en Suecia.

Por lo tanto no es sorprendente que se le otorgara a Barak Obama cuando todavía no tenía un historial que presentar que lo justificara, así como a otros galardonados mucho menos merecedores del mismo, como Kofi Annan, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Henry Kissinger y otros. Esto no quiere decir que no hayan sido galardonados muchos que lo merecían sobradamente, como Liu Xiaobo, Muhammad Yunus, Médecins Sans Frontières, Nelson Mandela, Gorbachev, el Dalai Lama, Martin Luther King, etc. No obstante, muchos de estos merecedores del Premio Nobel de la Paz distan de poder ser catalogados como conservadores o políticamente moderados. Luego se nota el favoritismo socialista entre los seleccionados.
Como señala Miguel, el caso de Aung San Suu Kyi, a quien se le concedió el encumbrado galardón en 1991, un año antes que a la Menchú, ha resultado decepcionante a la vista de su actuación cuando ha logrado una parcela de poder en el Parlamento de su país y se desempeña actualmente como una importante Ministro del Gabinete, pero opta por dar la espalda a situaciones que su condición de Premio Nobel de la Paz, cuyo galardón fue recibido por ser una firme defensora de los derechos humanos, le exige fomentar una política coherente frente a flagrantes violaciones de esos derechos.

Pero con respecto a la persecución de la minoría olvidada de Birmania, no se pronuncia. Por décadas, cientos de miles de rohingyas han vivido en el estado de Rakhine, en el oeste del país, fronterizo con Bangladesh. Este grupo ha estado en las noticias recientemente, pero su libertad de movimiento y la imposibilidad que tienen de acceder a la nacionalidad birmana, no es una novedad.

Actualmente hay alrededor de 800.000 personas en el oeste de Birmania a quienes se les niegan los derechos más básicos y se les discrimina debido a las circunstancias de su nacimiento. Su pobreza y desesperación ha hecho que caigan en las manos de crueles traficantes. Desde el punto de vista humano, es una atrocidad que debería avergonzarnos a todos, sobre todo a Aung San Suu Kyi.