Unos cuantos latigazos y unos días de trabajo comunitario son generalmente el castigo que imponen las comunidades indígenas en Colombia a los violadores de niños; así el aberrante ataque haya sido perpetuado por el padre del menor, o un familiar cercano. Lo peor es que en muchos casos la victima continuará viviendo con su violador.
Este castigo, inadecuado y totalmente insuficiente dada la gravedad y consecuencias del crimen, puede variar de una comunidad a otra, pero jamás tiene la rigidez del castigo que impone la ley colombiana, el cual es de 12 a 20 años de prisión para el violador.
Por eso debemos aplaudir la posición del Consejo Superior de la Judicatura cuando conceptuó que, por encima de las atribuciones que la ley concede a la autonomía indígena, está la defensa de los niños de esas comunidades.
Los magistrados de la Judicatura precisaron: “las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes”.
De esa manera, casos como el de la niña de 12 y su hermanito de 9 años, pertenecientes a una comunidad indígena de Vaupés, quienes fueron abusados por su padre con la complicidad de su madre, deberán ser juzgados por la justicia colombiana y no por la comunidad indígena a la que pertenecen.
Desde el 2014 la Judicatura ha enviado 14 procesos de acceso carnal abusivo contra menores indígenas a la justicia ordinaria. Según su opinión: “Los dos hijos de los imputados, sin lugar a dudas, requieren una asistencia integral, desde el aspecto psicológico y de manutención, además de la salvaguarda del peligro que representaría, de constatarse los hechos denunciados, la convivencia con sus progenitores y presuntos verdugos”.
Quiero aclara que aun la condena de 12 a 20 años contra los violadores de menores, que impone la ley colombiana, me parece corta para quienes por un momento de lujuria malsana, maltratan y acaban con la inocencia de un niño, destruyendo muchas veces su futuro.
Haciendo investigación para esta columna quedé completamente horrorizada con la frecuencia de abusos sexuales a menores que existe en el mundo. Las cifras de violadores infantiles en países como México, Paquistán, India, por solo mencionar unos pocos, son asqueantes.
Pero las cifras en los USA me dejaron verdaderamente desconcertada. Las autoridades estiman que 42 millones de estadounidenses fueron abusadas sexualmente en su niñez. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres, lo fueron antes de cumplir los 18 años. 90 por ciento de los abusadores eran familiares o amigos del niño del que se aprovecharon. Algo aún más aterrador, según los datos existentes, un depredador sexual comete aproximadamente 117 violaciones antes de ser identificado y capturado.
Si esto es en uno de los países donde existen más métodos de prevención y educación para evitar este abuso, qué ocurrirá en lugares donde no existe la capacidad o la conciencia para detenerlo. Este es un crimen aberrante que hay que detener. Eduquemos a nuestros niños en sus derechos y a sus padres en sus deberes como guardianes de su integridad. El abuso infantil nos concierne a todos.
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