Declaración sobre el uso de armas militares contra ciudadanos pacíficos

El InterAmerican Institute for Democracy (IID), el Center for Security Policy, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC), Participatory Democracy Cultural Initiative (PDCI) y su subsidiaria en la WEB, DemocraciaParticipativa.net (DP.net), rechazan categóricamente la reciente aprobación de la resolución 008610 del Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero, de un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye situaciones en los que la fuerza armada "cumpla funciones de policía y emprenda acciones de control de orden público” (Art.21) que las autoriza al "uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal" (Art.22, 7) en reuniones públicas y manifestaciones cuando la fuerza armada estime que ha agotado otros medios de control.

Esta resolución desconoce los postulados de la Constitución venezolana , que en su artículo 68 señala: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

El nuevo modelo aprobado de control militar para reuniones de la ciudadanía no distingue entre manifestaciones pacíficas o violentas, simplemente estipula que cuando exista una situación de "riesgo mortal " los efectivos militares deberán usar las armas de fuego, tomando las precauciones para reducir los daños. Esta decisión se aleja de toda forma democrática y de respeto a los Derechos Humanos. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que Venezuela suscribe) establece que "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas".

La ordenanza también desconoce normas internacionales establecidas en instrumentos como en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos , elaborado por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) en 2009, en el cual se establece que: "...dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno" (Cap.IV B.5, Artículo 100). En ausencia del respeto debido a esta norma establecida por la CIDH, más de 40 personas fueron asesinadas y decenas resultaron heridas durante las manifestaciones que se registraron en el territorio nacional entre febrero y junio de 2014. Los abusos han continuado y amenazan agravarse con las nuevas medidas decretadas por el Ministerio de Defensa.

Otras organizaciones están advirtiendo sobre la delicada situación de los Derechos Humanos en Venezuela, incluyendo a Freedom House, que en su más reciente Informe Anual alerta sobre las agresiones contra los derechos de los venezolanos "debido a la respuesta represiva del gobierno a las manifestaciones contra el gobierno, incluida la violencia por las fuerzas de seguridad, los arrestos politizados de partidarios de la oposición y el fracaso del sistema jurídico para proteger los derechos básicos del debido proceso para todos los venezolanos detenidos". O también como el más reciente World Report de Human Rights Watch (HRW) que alerta sobre la fuerza excesiva ejercida contra manifestantes desarmados, la falta de independencia del Poder Judicial, los graves problemas de libertad de expresión y el acoso reiterado a defensores de los derechos humanos. Nos sumamos a estas advertencias porque estas medidas represivas empeoran la situación de los derechos humanos y son otro paso atrás en un proceso que conduce a la pérdida total de los valores y mecanismos democráticos en Venezuela.

Las organizaciones firmantes apoyan la campaña recientemente lanzada por el World Movement for Democracy (WMD) sobre este tema y reiteran su respaldo a la labor de las organizaciones amantes de la democracia que defienden y promueven los Derechos Humanos en Venezuela, así como a los activistas de la sociedad civil, organizaciones e instituciones democráticas, que a pesar de medidas intimidatorias como esta siguen sumando esfuerzos por la libertad y soberanía del pueblo venezolano.

• Exigimos al gobierno de Venezuela, a nombre de los principios del derecho internacional y de los instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos, que cumpla con su obligación esencial de respetar y defender a sus ciudadanos y cese sus medidas represivas y el uso de la fuerza desmedida para intimidar y reprimir a los integrantes de la sociedad civil venezolana y a los miembros de organizaciones políticas de oposición.
• Exhortamos dentro de este contexto a la comunidad internacional, en particular a los países de América Latina y del Caribe, a expresar su solidaridad con quienes en Venezuela se esfuerzan por promover el debido respeto a las Libertades, la Democracia y los Derechos Humanos del pueblo venezolano.

Firmado:

Guillermo Lousteau
Presidente del Instituto Interamericano por la Democracia (IID)

René Hernández Bequet
Presidente de Participatory Democracy Cultural Initiative (PDCI)
Presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC)

Gerardo Martínez-Solanas
Director de DemocraciaParticipativa.net (DP.net)

Luis Fleishman
Senior Advisor de Menges Hemispheric Project (Center for Security Project)

Andrés Hernández
Vicepresidente, Internacional Demócrata de Centro (IDC)

El Foro de Promoción Democrática Continental (ForoPDC), como plataforma para voces diversas en la promoción de la Democracia en el Continente Latinoamericano y paises del Caribe apoya la iniciativa del InterAmerican Institute for Democracy (IID) y Participatory Democracy Cultural Initiative (PDCI) y rechaza la aprobación de la resolucián 008610 del Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero, 2015.

La Resolucion 008610 viola expresamente los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales suscritos y ratificados por la República de Venezuela en materia de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional y deben aplicarse de manera preferente cuando sean más favorables para el ejercicio de estos derechos de reunión y expression. El enunciado no especifica las diferencias en el uso de armas , entre manifestaciones pacíficas o no pacíficas, y forma parte de la creación de un entramado legal orientado a la intimidación de los manifestantes mediante el uso desmedido de la fuerza publica a través del empleo de armas “potencialmente mortales” por parte de las autoridades militares.

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