El Grupo Ávila, considera que la integridad territorial de Venezuela está consagrada en el articulo10 de la
Constitución, cuya defensa corresponde al Estado, y es improcedente consultar a los ciudadanos, la forma en que esta deba conducirse;
Es consciente que la controversia territorial con Guyana es del interés de todos los venezolanos, y que debe ser resuelta por medios pacíficos establecidos por el Derecho Internacional y recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, como lo dispuso el Acuerdo de Ginebra de 1966;
Que no puede ignorarse el hecho que dicha controversia en este momento es objeto de un proceso ante la Corte Internacional de Justicia según demanda incoada por Guyana en 2018 y en relación con la cual la Corte declaró su competencia y la admisibilidad de la demanda, y cuya jurisdicción reconoció Venezuela al interponer una excepción preliminar en dicho proceso. Es imperativo, por tanto, que el Estado presente sus alegatos de defensa de los intereses de la Nación, como corresponde, en la oportunidad que ha sido fijada por la Corte;
Que lejos de contribuir con la solución de la controversia y fortalecer la posición de Venezuela acerca de la nulidad/validez de la decisión arbitral del 3 de octubre de 1899, un referéndum tal como planteado por el gobierno de Nicolás Maduro, es inútil, fuera de todo lugar y puede resultar inconveniente a los intereses del país, dentro y fuera del proceso judicial que se conduce actualmente;
Por lo tanto, el Grupo Ávila considera que este referéndum consultivo debe ser revocado para evitar consecuencias perjudiciales a la República en nuestra legítima reclamación y de nuevo hace un llamado al Gobierno a comparecer ante la CIJ a defender la posición de Venezuela, y a que convoque a los venezolanos, juristas y expertos en la materia para que participen en la elaboración de la estrategia jurídica del Estado y en la elaboración de la Contramemoria que deberá presentarse en abril del 2024.
Caracas 25 de octubre 2023
Con información de: Reporte Católico Laico—Control Ciudadano