En toda hipótesis, al día siguiente de la Consulta nada habrá variado en el status quaestionis del contencioso, en particular, que su curso en las instancias judiciales internacionales continuará inexorablemente
Cardenal Diego Padrón:
A raíz del Comunicado Episcopal de la Presidencia de la Conferencia Venezolana del pasado 22 de los corrientes y motivado por su contenido, me ha parecido conveniente proponer algunas reflexiones (y atreverme a algunas sugerencias) a manera de complemento, profundización y servicio. Y lo hago desde mi condición de venezolano, de cristiano y, modestamente, como Pastor de la Iglesia y, por designación deferente del Papa Francisco, colaborador suyo desde el Colegio de Cardenales. Me permitiré hilvanar dichas reflexiones, abordando la temática del diferendo sobre el territorio Esequibo y más concretamente sobre la convocatoria a un Referéndum Consultivo sobre el mismo, sin pretensión de experticia particular, histórica o jurídica, sino animado por el deseo de contribuir, desde un discernimiento humanista y creyente, a una toma de conciencia y a acciones coherentes con nuestra historia nacional en consonancia con nuestros valores más arraigados y nuestras esperanzas más sentidas como personas, ciudadanos y creyentes.
Para ello me referiré de entrada a nuestra realidad nacional actual como telón de fondo obligado, vivencial, reflexivo y campo natural de acción histórica: el ¿“dónde estamos”?
A continuación, buscaré hacer “memoria”, en particular jurídico-diplomática, de algunos hitos referenciales de obligatorio recuerdo para saber “¿de dónde venimos”? como herederos modelados, arropados, también condicionados, a ratos determinados, pero igualmente aguijoneados a la novedad, al cambio, al “más y mejor”: “¿hacia dónde queremos, debemos y podemos ir?”. Creo que esto ubicará más ampliamente e iluminará más adecuadamente el sentido y valor de la problemática en cuestión ante las prioridades reales, experimentadas por nuestra comunidad nacional.
LA VENEZUELA ACTUAL
En comunión, los Obispos han expresado, como ciudadanos y pastores, “nuestra postura a favor de la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009 (CRBV) en su artículo 10” El artículo se refiere “a los territorios y demás espacios de la república […] que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 19 de abril de 1.810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”. Esto se relaciona con el Referendo Consultivo promovido y organizado por el Gobierno nacional para el próximo 3 de diciembre, como un instrumento de consulta y participación de los ciudadanos, conforme al artículo 70 de la CRBV. Esa iniciativa, como todas las que permitan y fomenten la soberanía popular ejerciendo su derecho de opinar y decidir, debe ser, en principio, saludada y hasta aplaudida. Pero para ello debe cumplir varios requisitos, el primero de los cuales, es el de una información veraz y exhaustiva acerca de todo lo que ello implica, a fin de que el conjunto de la ciudadanía pueda actuar en libertad y conciencia.
En efecto, la participación ciudadana ha de ser libre, sin amenazas ni exclusiones. En consecuencia, el referendo no debe estar viciado por fines políticos sectoriales, partidistas o de otra índole, como ser unas anti Primarias enmascaradas, un instrumento referido al proceso electoral del próximo año, una lista excluyente de las ya habidas en el país, y, sobre todo, una “cortina de humo” ante la tragedia nacional, sin olvidar lo que histórica y geopolíticamente está en juego, todo lo cual puede convertirlo en un “boomerang” contra el interés nacional bajo la forma de un grave error y torpeza de omisión jurídico-diplomática, y una consideración de amenaza a la buena vecindad y hasta de atentado contra la paz regional.
En este contexto ocupa un lugar privilegiado el amplio historial de declaraciones e intervenciones del Episcopado nacional llamando la atención, en las últimas dos décadas, acerca del problema de deterioro, degradación y creciente inviabilidad de la situación en todos los ámbitos de la vida personal y social. Ésta ha sido resumida simbólicamente en expresiones como “moralmente inaceptable”, “intolerable”, y ejemplificada en la pobreza y miseria generalizadas, la crisis masiva en los servicios públicos básicos, la emigración de casi un tercio de la población, la violación sistemática, con impunidad, de los derechos humanos por hostigamiento, discriminación, represión, incluso letal, a los que no actúan o piensan conforme a las pautas oficiales excluyentes; y la enajenación de los recursos y de la soberanía nacionales, por convenios, pactos y alianzas con desconocimiento u ocultamiento anti-democráticos y ajenos al interés general y a las tradiciones de colaboración y reciprocidad internacionales.
Situación esta que el propio Episcopado, nada sospechoso de “radicalismos” y recogiendo el clamor nacional por un cambio fundamental, ha denominado en más de una ocasión y en forma de creciente preocupación: de necesaria “reconstrucción, reinstitucionalización, refundación”, de la economía, de la institucionalidad, de la nación. Este es el primero y fundamental trasfondo desde el cual hay que analizar, interpretar y evaluar cualquier iniciativa de trascendencia social, con la mira puesta en un factor de primer orden: si contribuye o no, y en qué medida, a la necesaria reunificación nacional con base en la libertad, la justicia, la solidaridad, la verdad y la paz entre los venezolanos, de dentro y de fuera; y con el conjunto de países hermanos y pueblos lejanos...
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