Los agentes fronterizos los pondrán bajo custodia como parte de un experimento limitado que les concederá acceso a asesoría legal en la petición de asilo.
Washington, DC, Abr.16.– Un número pequeño de migrantes que intenten entrar legalmente en el país pueden contar con asesoría legal desde el viernes 14 de abril como parte de un experimento de control fronterizo anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este experimento se ha puesto en marcha al terminar de aplicarse la norma establecida debido a la pasada pandemia que facilitaba a la mayoría de los migrantes los trámites para obtener asilo. A partir de este viernes, el DHS ha contratado a un proveedor de servicios jurídicos para que represente a los solicitantes y loa asesore para enfrentar el examen de su caso como en las denominadas "entrevistas de temor fundado".
Con este propósito se han construido grandes instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) donde los migrantes podrán ser detenidos por un máximo de 72 horas de espera para la entrevista de evaluación. La Administración del Presidente Trump estableció un precedente cuando introdujo la evaluación expedita mientras los migrantes estaban bajo la custodia de la CBP, pero el Presidente Biden la había cancelado en la primera semana de su mandato. Desde entonces, la espera para la entrevista de evaluación se ha estado extendiendo más de cuatro semanas y, en caso de ser rechazada la solicitud de asilo, quedaban detenidos por cuatro, cinco o seis semanas más hasta ser deportados a sus respectivos países.
Un gran número de ingresos ilegales nunca son detectados. No obstante, el número de personas que son detenidas en la frontera al tratar de ingresar al país eran cerca de 6 mil al día en febrero, pero se pronostica que asciendan a cerca de 13 mil en los próximos meses, según reconocen los funcionarios del DHS.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que es muy alto el costo de proporcionar asistencia legal a los inmigrantes que tratan de ingresar ilegalmente al país o que pretenden demostrar un derecho a que se les conceda asilo. Los abogados de inmigración suelen cobrar entre $250 y $600 por hora en cada caso bajo su supervisión y asesoría profesional. Los expertos estiman que los honorarios adeudados en cualquier caso sencillo nuca son menos de $1,500 y pueden elevarse a más de $15,000 en los casos más complejos. Cuando se trata en particular de solicitudes de asilo, los estimados abarcan entre $1,200 y $6,000 por cada inmigrante. Además, si el abogado debe defender en corte un caso de deportación, los costos de representación pueden elevarse a entre $2,000 y $10,000 por cada caso. Por sólo poner un ejemplo, en 2019 se presentaron en corte más de 504,000 casos de deportación. Aunque muchos de ellos no fueron sufragados por el gobierno a costa de los contribuyentes, el Departamento de Justicia reconoce que “sólo” alrededor del 35% de esos casos sí fueron sufragados por el gobierno.
El conflicto que provocan estas decisiones de gobierno es que se está actuando en contra de la ley vigente. La Immigration and Nationality Act (Ley de Inmigración y Nacionalidad) establece claramente que aunque debe concedérsele a cualquier extranjero el privilegio de defenderse con asesoría profesional en los procesos de deportación y otros procedimientos administrativos, el costo de esa asesoría no es responsabilidad del gobierno. Ya de por sí, la concesión de ese privilegio es extremadamente generoso porque el extranjero que ha entrado ilegalmente al país o ha cometido cualquier delito durante su estancia ilegal no tiene derecho alguno de permanecer en el país. No existe ningún derecho universalmente establecido que obligue a Estados Unidos a recibir y permitir la permanencia en el país de personas que no hayan respetado las leyes de inmigración. No obstante, la actual Administración ha optado por no acatar esas leyes sino que ha procedido a otorgar y ampliar aún más los privilegios a esos inmigrantes a costa de que esos gastos legales los pague el contribuyente.
Esos esfuerzos encaminados a ampliar los privilegios de los inmigrantes ilegales representan que se les conceden beneficios que no tienen los ciudadanos del país porque no pueden reclamar asesoría legal gratis en los procesos legales sobre cuestiones civiles. Los ciudadanos tienen que pagar por esa asesoría professional, sean ricos o pobres. Muchos expertos legales afirman que los contribuyentes no tienen obligación legal alguna de cargar con el costo de los abogados que defienden a los inmigrantes que piden asilo o que han entrado ilegalmente al país. Alegan que es illegal y debe cesar la práctica de dedicar fondos del Estado a pagar la representación legal de esos inmigrantes. En sus alegatos ponen mucho énfasis en que los fondos del Estado proceden de los contribuyentes y los gastos procedentes de esos fondos para pagar los gastos legales de los extranjeros violan la ley porque les están concediendo un privilegio que se le niega a los ciudadanos de Estados Unidos, causando gastos presupuestarios que son, además, insostenibles.
Otros que se oponen a esta indulgencia del Estado argumentan que los abogados financiados por los contribuyentes para extranjeros ilegales o solicitantes de asilo proporcionan un fuerte incentivo a los extranjeros para litigar a voluntad, incluso cuando tienen un reclamo frívolo, ya que no tendrán que pagar las facturas legales sustanciales que acumulan en esos recursos y procedimientos.
En el lado opuesto de esta controversia, por ejemplo, los defensores de las fronteras abiertas y sus aliados en la legislatura del Estado de Nueva York están presionando desde enero pasado para que se reconozca un "derecho" permanente a la defensa legal de deportación financiada por los contribuyentes y el derecho a que se les sufraguen otros procedimientos de inmigración. El Proyecto de Ley del Senado de Nueva York (SB) 999, patrocinado por el Senador Brad Hoylman (D-Manhattan), y el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 160, patrocinado por la asambleísta Catalina Cruz (D-Queens), crearían un derecho legal de defensa gratis en un procedimiento de deportación financiado por los contribuyentes para cada individuo en Nueva York que no pueda pagar por un abogado de inmigración. Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), afirma que la legislación es necesaria para garantizar que "nadie debe defenderse solo contra un capacitado abogado del gobierno para protegerse a sí mismo y a sus familias de la deportación".
En una actividad paralela a esta disputa sobre derechos, costos y responsabilidad del contribuyente, algunas organizaciones benéficas católicas y otras organizaciones benéficas religiosas brindan asistencia legal de inmigración de alta calidad a aquellos que no pueden obtener representación debido a los altos costos. Buscan la asistencia de abogados pro bono tanto para litigios como para casos administrativos, y también aceptan estudiantes de derecho voluntarios durante el verano y durante el año escolar.