Los abajo firmantes, cubanos residentes en la Isla que pertenecemos a la Corriente Agramontista (la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos), hemos decidido emitir esta Declaración ante la desastrosa situación que confronta hoy nuestra Patria.
Las raíces de este calamitoso estado de cosas subyacen en el inoperante sistema que, pese a haber demostrado sobradamente su inoperancia, tanto en Cuba como en los estados euroasiáticos que otrora integraron el “Campo
Socialista”, ha sido impuesto y mantenido a sangre y fuego por el régimen castrista.
El país está detenido en el tiempo e incluso involuciona.Los gobernantes insisten con obstinación en mantener ese sistema social, político y económico absolutamente inviable. En lo social, vemos una población alienada, sin posibilidad de expresar lo que piensa o siente, embrutecida cual rebaño y que sólo ansía escapar hacia cualquier lado. En lo económico, constatamos que se ha optado por un capitalismo monopolista de Estado, disfrazado de una forma sui generis de socialismo, que impide el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas últimas están bloqueadas con prohibiciones legales y administrativas, altas cargas tributarias, burocratismo y la presión moral que significa que los emprendedores, conforme a la arcaica teoría marxista-leninista mantenida a ultranza, sean considerados vulgares “explotadores”.
En lo político y jurídico, tenemos una carta magna que es letra muerta, y no se aprecia un cambio del régimen en cuanto al respeto de elementales derechos humanos como las libertades de expresión, opinión, movimiento y asociación; por el contrario, la represión contra todo signo de disenso se reitera y se vuelve más amenazante y violenta. Pese a haber decursado ya dos años, no se ha dictado la legislación complementaria que viabilizaría el disfrute de esos y otros derechos. También se ha incumplido con el plazo previsto para el nuevo Código de Familia. En el plano laboral, puede afirmarse que los obreros y campesinos cubanos están viviendo los peores momentos de su historia, lo cual no deja de constituir una burla en esta sociedad, que dice ser “de los trabajadores”. Continúan siendo un sueño irrealizable los reclamos de los juristas cubanos (proclamados desde hace años por la Corriente Agramontista): que se restablezca el libre ejercicio de la abogacía, que los tribunales gocen de verdadera independencia y que la Fiscalía actúe ajustándose a criterios técnico-jurídicos, y no políticos.
A la ineficacia consustancial a este sistema antihumano se ha unido ahora un fenómeno universal como la pandemia de la COVID-19, así como otro desastre puramente nacional: la mal llamada “Tarea Ordenamiento”. Para realizar esta rebaja masiva de los ingresos reales de los cubanos de a pie, se aumentaron los salarios y pensiones, pero los precios de bienes y servicios fueron incrementados en medida mucho mayor, desatando una inflación brutal. Todo este conjunto de circunstancias determina que, en la Cuba de hoy, se pueda hablar de la existencia de una profunda crisis humanitaria.
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