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CON LA USURPACIÓN MUERE LA LIBERTAD

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Los adjuntos a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, difundieron un comunicado este miércoles en torno a los comicios legislativos convocados por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 6 de diciembre y manifestaron que los resultados que figuran de vencedor a la dictadura “son un fraude”.

El documento señala que el evento estuvo signado por el desconocimiento de los valores y principios que sostienen a un Estado democrático. “Hoy reafirmamos que no se puede analizar el caso venezolano desde una perspectiva restringida a lo constitucional, por cuanto no estamos en un régimen democrático, ni en el marco de un Estado Constitucional de Derecho”, detallan.

También, insiste en que hay una violación sistemática de los derechos fundamentales de los venezolanos, además de la pérdida de la soberanía nacional y una crisis humanitaria compleja que no ha podido ser contenida por ineficiencia y corrupción.

“Son responsabilidad exclusiva del régimen de facto, y particularmente de quien lo encabeza: Nicolás Maduro”.

Asimismo, el texto denuncia además la existencia de un “Estado Forajido, pero también la de un Estado Fallido donde reina el desconocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad, así como el irrespeto a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país”.

“En particular, de un accionar signado por la violación de los derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, y los valores democráticos, que se asocia a la acción de grupos internos paramilitares y grupos criminales fuera del país, en complicidad con organizaciones transnacionales dedicadas a actividades ilícitas” añade la misiva.

Leer más: EVTV

A continuación parte del Comunicado y enlace al texto completo:

 

Universidad Central de Venezuela 

Cátedra de Derecho Constitucional 

CON LA USURPACIÓN MUERE LA LIBERTAD

 

“Cuando vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé  

porque no era comunista. 

Cuando vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no  

                hablé porque no era lo uno ni lo otro. 

Cuando vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era  

                                               judío. 

Cuando vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba  

nadie que pudiera hablar por mí”. 

Pastor Martin Niemöller 

La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, conformada  por los profesores que imparten esta materia, así como otros profesores de derecho público  integrados a sus actividades, reunidos por convocatoria expresa de su jefatura, considera su  deber emitir un pronunciamiento de conformidad con el artículo 2 de la Ley de  Universidades, en los términos siguientes: 

LOS HECHOS HABLAN POR SI MISMOS 

En virtud de la realización del evento de fecha 6 de diciembre de 2020, se ha consumado el  fraude electoral que denunciamos en el pronunciamiento de fecha 27 de agosto de 2020,  documento en el que destacamos un diseño que ha sido objeto de desarrollo continuado y  que parte del desconocimiento de los valores y principios que sostienen a un Estado  Democrático. Hoy reafirmamos que no se puede analizar el caso venezolano desde una  perspectiva restringida a lo constitucional, por cuanto no estamos en un régimen  democrático, ni en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Aseveración tan  grave por parte de profesores dedicados a la enseñanza del Derecho Constitucional es el  producto de un análisis de la realidad política venezolana signada por las situaciones  siguientes: 

 

1. La sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos, la  pérdida de la soberanía nacional y la crisis humanitaria compleja que no ha podido  ser contenida por ineficiencia y corrupción, son responsabilidad exclusiva del  régimen de facto, y particularmente de quien lo encabeza: Nicolás Maduro. 

2. La existencia de un Estado Forajido, pero también la de un Estado Fallido. Se trata  del ejercicio del poder bajo un sistemático y anómico desconocimiento de la  constitucionalidad y de la legalidad, así como el irrespeto a los convenios y  acuerdos internacionales suscritos por la República. En particular, de un accionar  signado por la violación de los derechos humanos y comisión de crímenes de lesa  humanidad, y los valores democráticos, que se asocia a la acción de grupos internos  paramilitares y grupos criminales fuera del país, en complicidad con organizaciones  transnacionales dedicadas a actividades ilícitas. Causando la depredación de los  recursos de la Nación, un daño sistemático al ambiente, y comprometiendo la  integridad del territorio y la soberanía de la Nación. Adicionalmente, este Estado  forajido, que atiende a fines extraños al interés de los venezolanos, presenta la más  absoluta incapacidad para cumplir con las obligaciones que un Estado debe poseer  para garantizar el bienestar de la sociedad a la que se debe. 

3. De manera que la depredación de los recursos nacionales y la trepidante corrupción,  configura al Estado fallido con incumplimientos en su carga obligacional de  bienestar y resguardo de las necesidades básicas de la población, lo que ha  impulsado a millones de compatriotas a huir del país. Venezuela es, en este preciso  momento, el país con la segunda más aguda crisis migratoria del mundo, después de  Siria un país con una guerra civil, constituyéndose en un riesgo para la Región por  tal hecho.  

4. La Asamblea Nacional electa por el pueblo en diciembre de 2015 es actualmente la  única institución constitucional que goza de legitimidad de origen en Venezuela.  Así ha sido reconocido por los organismos internacionales y las democracias del  mundo. Dicha elección reflejó el rechazo al proceso de instauración del Estado  fallido y a la destrucción institucional de Venezuela. El resultado de dicho proceso  electoral fue una contundente respuesta de la sociedad que no pudo ser contenida  por el ventajismo, el fraude, ni los delitos electorales amparados por el Consejo  Nacional Electoral y por un Poder Judicial, ilegítimo de origen, parcializado y al  servicio exclusivo de la tiranía. 

5. Desde el mismo momento de la elección de la Asamblea Nacional, en diciembre de  2015, se produjo un desconocimiento de sus funciones constitucionales, lo que  manifiesta un desacato a la soberanía nacional en ella representada. Las vías de  hecho contra los diputados, que ha incluido la persecución, el secuestro, el  encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada y el enjuiciamiento de los  parlamentarios, han sido complementadas con zarpazos judiciales como los  contenidos en las sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional del TSJ que,  como denunciamos en su oportunidad, “constituyen actos arbitrarios que instauran  una tiranía judicial y la ruptura del orden constitucional”. A lo que se agregó la farsa  de una “Asamblea Nacional Constituyente”, coaptada con el único objetivo de anular la expresión plural y democrática de la soberanía de la Nación representada  en la Asamblea Nacional. En consecuencia, en Venezuela no existe Estado de  Derecho, se violenta abiertamente el régimen de libertades públicas y se ha  materializado la abrogación de facto de la Constitución. 

6. La sistemática violación de derechos humanos y los crímenes atroces asociados a  las ejecutorias del régimen de Nicolás Maduro, ha sido documentada en el Informe  Detallado de la Misión de Determinación de los Hechos, aprobado por el Consejo  de Derechos Humanos de la ONU,2además de incontables documentos producidos  por diversos organismos como la OEA,3la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos4y diversas ONG nacionales como PROVEA y Acceso a la Justicia; e  internacionales, como Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas,  DPLF y HRW, entre muchas otras. La Fiscalía ante la Corte Penal Internacional que  realiza un examen preliminar sobre la Situación I de Venezuela, ha establecido en  su fase 2, que los hechos acontecidos en nuestro país son de la competencia  material, territorial, personal y temporal de dicha instancia judicial, por lo que ahora  estudia su admisibilidad (Fase 3 del examen preliminar).5

7. El 6 de diciembre de 2020 la élite despótica culminó una nueva fase del fraude  continuado dirigido a reproducir el dualismo institucional que ha implantado desde  hace dos décadas en el ámbito, económico, político y social, para debilitar las bases  del Estado Constitucional de Derecho y la misma Democracia. Previamente,  mediante maniobras hilvanadas y ejecutadas por el Poder Judicial al servicio de esa  cúpula autoritaria, los partidos políticos opuestos a la dominación totalitaria fueron  inhabilitados y todos sus recursos y símbolos fueron confiscados y luego cedidos a  simpatizantes y aliados del partido oficial, para eliminar así toda competencia. 

8. El 5 de enero de 2021 debería expirar el mandato de la representación popular electa  en el proceso electoral de 2015; sin embargo, las mismas instancias de la comunidad  internacional y los Estados que le han dado reconocimiento y cualidad a la  Asamblea Nacional 2016-2021, han procedido desde la convocatoria de las  fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado a realizar  señalamientos válidos que califican su ilegitimidad e inconstitucionalidad. Existe  consenso, entre las democracias consolidadas en el mundo, sobre que este último  evento no puede ser definido como un proceso electoral válido, porque su único  propósito era destruir el último resquicio de constitucionalidad y legitimidad  democrática, refugiado en la Asamblea Nacional electa en 2015. 

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL ESTÁ CONSUMADA, LA  ENTREGA DE LA SOBERANIA NACIONAL ESTÁ EN EJECUCIÓN 

Todo análisis o evaluación de la situación, cualquier planteamiento sobre la salida aplicable  al caso venezolano, tiene que partir de la destrucción del Estado Constitucional y la captura  del poder político subsistente por un régimen de facto que utiliza la violencia, en todas sus  modalidades, para controlar en forma total a la población. La desintegración del Estado de  Derecho, la constitucionalidad y la legalidad se manifiestan ante los siguientes elementos  que implican la pérdida de soberanía: 

i. La falta de control sobre el territorio nacional, especialmente en la frontera; y el  riesgo inminente del despojo definitivo de territorio patrio, ante la debilidad  institucional de Venezuela o la connivencia criminal del régimen de facto. Esta  situación se evidencia en la situación planteada por acción incoada por Guyana ante  la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la reciente decisión que asume la  jurisdicción para conocer fondo y forma de la controversia sobre el Esequibo y la  validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899. 

ii. Una dramática crisis migratoria venezolana que en este año superó la de países bajo  conflicto bélico como lo son Sudán del Sur, Myanmar (Rohinyá), Afganistán y  Somalia, en el orden de gravedad según la ACNUR, y pronto podría superar la de  Siria6. Un sufrimiento que se refleja en episodios como la tragedia que se vive en  Güiria de La Costa, la frontera con Colombia y tantos actos de discriminación y  xenofobia ejecutados en países a los que Venezuela brindó apoyo y refugio a sus  nacionales. Esta situación justifica una intervención decidida y comprometida de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR), y los demás organismos multilaterales asociados a la solución de esta  emergencia humanitaria compleja7

 Lea el documento completo en: drive.google.com/file/d/1W5fCqv

 

 

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