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13/07/2020
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Covid-19 y la crisis catastrófica que se cierne sobre el Estado español

El gobierno socialista español no parece estar asumiendo su tradicional papel populista de largueza presupuestaria "a favor del pueblo" en estos momentos de crisis exacerbada por una peligrosa epidemia que amenaza dislocar la economía, caer en una violenta recesión y llevar a amplios sectores del país a la miseria. Algunas medidas encaminadas a paliar la catástrofe han comenzado a aplicarse desde el 12 de marzo, pero son tardías y todavía insuficientes.

Las medidas tributarias frente a la crisis: inefectivas y totalmente insuficientes

Madrid, Marzo 20.– Desde el día 7 de marzo el Gobierno ha aprobado cuatro normas Reunión de emergencia–dos con rango de Real Decreto y otras dos con rango de Decreto-ley– en las que se adoptan distintas medidas para responder al impacto económico de la crisis causada por el COVID-19.

A pesar de esta avalancha legislativa, expresión de un Gobierno desbordado y desnortado, que va muy por detrás de una crisis de consecuencias incalculables, llama poderosamente la atención la resistencia del Ejecutivo a adoptar las medidas tributarias que la situación exige.

En realidad, la única medida efectiva en esta materia se incluyó en el Real Decreto 7/2020, de 12 de marzo, al permitir el aplazamiento de las deudas tributarias de las PYMES, cuyo plazo de declaración e ingreso finalice entre los días 13 de marzo y 30 de mayo, con límite conjunto de 30.000 euros por obligado tributario. Se incluyen deudas que ordinariamente no se pueden aplazar, como las correspondientes a pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta, y las derivadas de tributos repercutibles como el IVA. El plazo de aplazamiento será de seis meses, no devengándose intereses de demora durante los tres primeros.

Aunque este aplazamiento suponga un alivio a corto plazo en la tesorería de unas empresas a las que el bloqueo económico priva de ingresos, resulta claramente insuficiente en su duración temporal, y parece poco presentable en este contexto que en los tres últimos meses de aplazamiento, obligado por la situación, se exija el pago de intereses de demora.

Buena prueba del desconcierto del Gobierno lo encontramos en la suspensión de plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos ...

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