Por supuesto que es posible invertir en Cuba. Nadie dice lo contrario.

Sin embargo, durante más de 40 años no fue posible por mandato imperativo del régimen comunista. Pero como consecuencia del derrumbe del muro de Berlín y la pérdida de los subsidios soviéticos, a Fidel Castro no le quedó más remedio, en contra de sus deseos y preferencias, que abrir la economía cubana al capital extranjero.

Todavía se recuerda aquella rueda de prensa en La Habana, con motivo de la inauguración de uno de los primeros hoteles, en la que Fidel Castro justificó ante una periodista argentina, por qué a los cubanos no les autorizaba a entrar a los hoteles. Aquella triste etapa de las “jineteras”, la desesperación y el sálvese quién pueda quedó atrás gracias al petróleo de Venezuela, pero todavía andan por la isla circulando dos monedas, y ese es uno de los efectos más negativos de aquel período especial de triste recuerdo.

La historia de la política de atracción de la inversión extranjera en Cuba ha desembocado en una regulación reciente, la denominada Ley 118, que intenta dotar al sistema económico de la isla, que permanece estable en su definición de socialista, prohíbe el ejercicio de los derechos de propiedad y la libre empresa privada a los cubanos, de una serie garantías y facilidades para atraer al capital extranjero. Una mezcla explosiva que algunos han denominado capitalismo comunista.

No conviene olvidar que Cuba se encuentra en una zona, el Caribe, que es foco de atracción de grandes volúmenes de inversión extranjera, y que en el entorno de la globalización y la cuarta revolución industrial, adquiere numerosos atractivos para que el capital extranjero fluya de forma masiva hacia la zona. Participar en esos flujos crecientes de capital exige tomar una serie de decisiones para atraer los inversores de forma competitiva. Por desgracia, Cuba llega tarde, pero es que además, lo hace mal.

De hecho, nada más y nada menos que para atender el interés de las empresas en los negocios en la isla, no se le ocurre otra cosa a los dirigentes comunistas que poner a disposición de los inversores los activos que fueron confiscados a sus legítimos propietarios a partir de 1959 y que pasaron después a manos del estado comunista. Y las empresas extranjeras, como no tienen libertad para decidir en qué negocios, sectores o actividades quieren colocar su dinero, no tienen más remedio que vincularse al estado castrista como meros gestores de activos, y no como propietarios de la mayoría del capital, del activo o la instalación, que sigue estando en manos del régimen. Lo tomas o lo dejas. Así de claro.

Este modelo de regulación de la inversión extranjera, absolutamente ajeno al que se practica en otras zonas del Caribe o América Latina, no beneficia a los que tienen interés en implementar negocios en Cuba. Por mucho que la legislación comunista se flexibilice, la realidad es que en Cuba no se dan las condiciones financieras, económicas, tecnológicas necesarias para atraer el capital hacia operaciones independientes del estado, desvinculadas del control que este ejerce sobre la economía. Loa asesores jurídicos y financieros tratan de ofrecer una explicación racional del modelo implementado por las autoridades para convencer a sus clientes de unas presuntas bondades de la inversión en Cuba. Los bajos niveles que esta viene alcanzando en los últimos años no esconden esos temores e incertidumbres que planean sobre las decisiones inversoras.

De modo que el desarrollo empresarial y de los proyectos de inversión extranjera se condiciona al cumplimiento de una legislación compleja y deficiente, plagada de trabas burocráticas, procedimientos, negociaciones y pérdidas de tiempo que hacen inviables muchos de los proyectos que se pueden implementar, y que deben formar parte de la denominada “cartera de oportunidades de inversión” que todos los años publica el régimen.

Por otra parte, muchos inversores extranjeros se sorprenden de las facilidades de la Ley 118, como las vacaciones fiscales derivadas de exenciones en el pago de impuestos sobre los ingresos personales, o del impuesto sobre utilidades por un periodo de ocho años y del impuesto aduanero durante el proceso inversionista, también reducciones de tipos impositivos, bonificaciones, que se conceden a sus proyectos, sin embargo, también les causa mayor sorpresa que no puedan contratar libremente a los trabajadores en sus empresas.

Deben hacerlo a través de una agencia estatal que proporciona candidatos a los puestos que, en muchas ocasiones, carecen de las cualificaciones necesarias para el desempeño de los puestos, pero son militantes comunistas de probada fidelidad, y eso es más que suficiente para el gobierno. Además, pagan salarios al estado, en vez de los trabajadores, en contra de cualquier disposición de la OIT al respecto, y estos cobran una parte ínfima del coste salarial, además, en moneda nacional, que tiene menor poder adquisitivo. Todo esto, y mucho más, es lo que se encuentran los inversores extranjeros en Cuba. Inaudito, si se pretenden cumplir las normas de ciudadanía corporativa global por las empresas.

Y si bien la Ley 118 permite vender o transmitir los derechos en la empresa, a la vez que da garantías para la libre repatriación de beneficios a la casa matriz, y en moneda libremente convertible, lo cierto es que durante los primeros meses de este año 2019, las difíciles condiciones de liquidez que existen en la economía han llevado al régimen a ejercer un control directo sobre la recaudación de divisas en las empresas hoteleras, que rompe con lo establecido en la norma. La situación es de tal gravedad que algunos han pensado si estas prácticas no acabarán permaneciendo en el tiempo, toda vez que el horizonte no parece despejarse, sino todo lo contrario.

Estando así las cosas, llega la aplicación y entrada en vigor del Título III de la Ley LIBERTAD a partir del próximo 2 de mayo. Una norma que los presidentes anteriores a Trump habían dejado en suspenso, pero que finalmente va a entrar en vigor. Esta norma permite a los ciudadanos estadounidenses y cubanos nacionalizados en dicho país presentar demandas en los tribunales contra las empresas que “trafiquen” con propiedades confiscadas a partir de 1959 a los titulares de las mismas por el régimen comunista. La Ley, en ningún momento, dice nada al respecto de aquellas inversiones que se realicen en otros activos no relacionados con el proceso confiscatorio.

Esto quiere decir que el inversor extranjero que canaliza sus proyectos hacia operaciones no vinculadas con activos expropiados, puede si así lo desea continuar con tranquilidad sus actividades, sin amenaza alguna de demandas. Esto es lo deseable. Existen numerosos sectores y actividades en la economía cubana que no han sido beneficiarios de la inversión extranjera porque el régimen los ha excluido ex profeso, y que tenían propietarios privados antes de 1959, como en el azúcar, la educación o la salud. Y sin embargo, ha autorizado la entrada de capital extranjero en minería, hostelería, infraestructuras de transporte y empresas fabriles diversas que ya tenían dueños. Aquí es donde está el problema con la Ley LIBERTAD. Y la responsabilidad, como no podría ser de otro modo, corresponde al estado comunista, que ha abierto al inversor extranjero puertas a operaciones que, de antemano, sabía que podían acabar mal en los tribunales.

Por ello, lo que deben preguntarse los inversores extranjeros son dos cuestiones de la máxima importancia: ¿Por qué el régimen no les deja libertad para poder realizar las inversiones en aquellas actividades o sectores que surjan de sus estudios y análisis de viabilidad? Y en segundo, ¿Por qué se autorizan básicamente operaciones de inversión en activos que tenían dueños antes de 1959 y que el régimen confiscó? En estas dos cuestiones se encuentra el nudo del problema que ha generado el castrismo con su política de inversiones extranjeras.

La ONEI acaba de publicar cuatro informes que ayudan a comprender el estado real de la economía castrista en 2018.

“Turismo internacional, indicadores seleccionados 2018” permite obtener una idea de cómo se ha comportado el sector turístico. Los datos son realmente descorazonadores. El ministro debería presentar su dimisión o ser apartado.

Cito los datos textualmente. Llegada de visitantes, un aumento del 1,3%, quedando por debajo del objetivo de planificación central comunista, que era de 5 millones. Fuerte descenso de las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros, un -4,7%. Descenso del -10% en la tasa de ocupación, desde el 42,5% al 38,5%. Descenso en los ingresos turísticos del -4,6%. Con signos negativos en las principales magnitudes, si 2018 fue un año malo, muy malo para este sector en la economía de la isla, 2019 será incluso peor. No hay motivo para formarse expectativas de mejora cuando el FMI acaba de anunciar que los principales mercados de viajeros, se encuentran en crisis.

Franceses, ingleses y españoles disminuyen el número de turistas por encima del -15%, y Canadá, el principal mercado de origen, un -2,2%. Estados Unidos, a pesar del embargo, crece un 3% y los cubanos de la diáspora, que aparecen identificados como un mercado de turistas, un 16%. Y eso que hemos tenido que estar escuchando todo tipo de ataques al embargo y no se sabe cuántas cosas más. A los Castro siempre le suelen salir así las cosas. Lo que se tiene que destacar aquí es que, con crisis en Europa, no parece que vayan a mejorar los resultados anteriores. Y por muchos rusos que vengan su peso en el total no consigue compensar las entradas de los mercados clásicos del turismo cubano.

En cuanto a la composición del turismo que llega a la isla, la práctica totalidad el 91% lo hace por ocio, recreo y vacaciones; mientras que otras fórmulas por las que apuesta la política del ministro Marrero, como el turismo de negocios o el de eventos apenas alcanza cifras marginales, entre ambos apenas un 0,36%. Los recursos de la política turística no están siendo bien ejecutados. La publicidad, por ejemplo, no consigue lo que pretende.

En cuanto a los ingresos turísticos, el descenso registrado del -4,6% con respecto a 2017 se nota en mayor medida en el transporte, -15,2% y el alojamiento, con -14,3%. Estos dos componentes suponen casi el 40% de los ingresos totales y en ellos, el sector privado tiene una participación destacada. A la gastronomía tampoco le salen los números, con un descenso del -6,8% en los ingresos, lo que igualmente habrá supuesto problemas para muchos paladares y pequeños negocios orientados a este sector. Recreación con un 34% de aumento y comercio minorista con un 10% experimentan datos positivos, pero representan entre los dos apenas el 14% del gasto turístico. Estos resultados en los que el gasto turístico cae casi un 5% con respecto al año anterior se ven agravados por la creciente debilidad del CUC, moneda en la que se realizan todas las transacciones cuando los turistas entran en el país, lo que puede afectar negativamente a la competitividad del sector. El punto de partida para 2019 no es favorable.

Por si el ministro quiere tener alguna información, el Cuadro siguiente muestra el atraso relativo de Cuba con respecto a otros destinos turísticos del Caribe y de América Latina. Los datos son del informe estadístico de CEPAL que acaba de ser publicado. Corresponden a 2016, para alcanzar el mayor número posible de países. La primera columna presenta las llegadas de viajeros turistas a cada país, en la segunda la población de ese país, en la tercera un ratio, como porcentaje, entre las dos variables. Los destinos del Caribe se sitúan a la cabeza, con ratios superiores al 1.000, Antigua y Barbuda cierran ese grupo de seis destinos con ratios superiores al 800%. Si, se puede presumir que este resultado obedece al hecho que se trata de países pequeños, con poca población. Bien, no pasa nada. Al final de la tabla, y con un ratio de 35, que es prácticamente la mitad de República Dominicana, y con una población similar a la de Cuba, se encuentra el país cuya política turística dirige el ministro Marrero. Insisto, que se lo haga ver. Las cosas no salen como se planifican.

Fuente: CEPAL, Anuario estadístico

El segundo informe, “Construcción en Cuba, 2018. Indicadores seleccionados” ofrece datos de la actividad de este sector que tampoco se pueden calificar como positivos. Porque, siendo cierto que el número de viviendas construido aumenta un 39% hasta alcanzar un total de 30.437 unidades, esta cifra en términos de perspectiva histórica se sitúa por debajo de la cifra de una fecha tan lejana como 2009.

Los países tienen éxito porque lo buscan, lo trabajan y hacen lo necesario para lograrlo. La dinámica del progreso económico no es otra. Nada es gratis, ni llega del cielo. El futuro de las naciones no depende de consignas, ni de la aplicación dogmática de ideologías fracasadas. Lo que no funciona se debe dejar atrás, y enderezar el rumbo de la nave. La historia ofrece muchos ejemplos. Estamos ante uno.

La Asamblea Nacional Popular de China, por aplastante mayoría¹, ha dado el visto bueno a una nueva ley de inversión extranjera, que supone, de facto, aceptar las posiciones planteadas por EEUU en el contencioso entre los dos países, y que abre un nuevo espacio para el desarrollo de las inversiones, el comercio y la tecnología entre las dos potencias. Aunque el proyecto original fue elaborado en 2015, los dirigentes comunistas chinos han acelerado la tramitación desde finales de 2018 debido teniendo en cuenta que esta nueva regulación puede satisfacer demandas presentadas por Estados Unidos en el marco de las negociaciones para resolver la disputa comercial entre ambos países.

El presidente de la Asamblea Li Zhanshu calificó la ley como fundamental para promover la apertura económica de alto nivel en esta nueva era y la determinación China por definir una nueva etapa en sus relaciones internacionales. También algunos observadores y analistas consideran que se trata de un paso importante para la consolidación del gigante asiático como gran potencia a lo largo de este siglo.

La Ley introduce, por primera vez, una serie de provisiones unificadas para garantizar la entrada, promoción, protección y gestión de la inversión extranjera, con el objetivo de mejorar la transparencia de la política de inversión extranjera y garantizar que las empresas nacionales y foráneas estén sujetas a una serie de reglas unificadas y que compitan en igualdad de condiciones.

Los comienzos de cada año son el momento propicio para explorar las perspectivas económicas. Para acometer este ejercicio, los economistas centran su atención en el crecimiento del PIB, que justo en el año que ha acabado 2018, se caracterizó, al menos durante la primera mitad, por mostrar un ritmo robusto y sincronizado entre los países del mundo.

Pero este escenario, sin duda favorable, empezó a cambiar, sobre todo a partir de los meses de verano, y el final del ejercicio trajo consigo unas perspectivas menos favorables, con la aparición de tendencias dispares entre las principales áreas geográficas del mundo. Estas tendencias se toman en consideración para formular las previsiones para 2019.

El crecimiento va a buen ritmo en EEUU. Esta es una buena noticia. Las estimaciones para 2019 se sitúan en el 2,6% un avance robusto del PIB, que se beneficia del aumento de la población laboral y de la productividad. También han actuado los estímulos fiscales, consistentes en rebajas de impuestos, así como el aumento de los gastos, que impulsaron el crecimiento del PIB hasta el 2,9% en 2018. Los analistas creen que el impacto de los estímulos se dejará sentir todavía durante 2019, pero irá disminuyendo conforme avance el ejercicio. La diferencia de tres décimas menos en la estimación del crecimiento del PIB viene a confirmar que la economía de EEUU continuará siendo de las más dinámicas del mundo.

Por el contrario, la Eurozona se aleja de estas cifras de crecimiento, como consecuencia de la creciente inestabilidad política. Un proceso que viene motivado por los efectos negativos del Brexit, unidos a las protestas sociales contra el presidente francés Macron, o el final del mandato de Merkel en Alemania, y el auge en todos los países de los populismos. Todo ello ha arrastrado a la baja las cifras de crecimiento económico desde el techo alcanzado en la segunda mitad de 2017. Por si la inestabilidad política no fuera suficiente, el panorama económico en la Eurozona se ve perjudicado además por las dificultades del crédito y el efecto negativo de las tensiones comerciales sobre la confianza empresarial.

Una cuestión central que ha preocupado a los economistas a lo largo de la historia es el éxito económico de las naciones. Es decir, ¿por qué unos países crecen y se desarrollan mientras que otros languidecen y se atrasan? Un estudio reciente de McKinsey Global¹, relativo al comportamiento de las economías emergentes ha destacado la relevancia que tienen las políticas públicas, la eficiencia del gobierno y el comportamiento de las empresas competitivas globales en la receta del éxito económico de las naciones. A ello me refiero en este post.

La importancia del crecimiento para contribuir a crear un clima favorable a la realización de los ahorros y las inversiones permitiendo a las empresas invertir, acumular capital, construir capacidad productiva y abrir el resto de la economía, se ha convertido en el eje principal de una visión compartida que está detrás del éxito económico de las naciones.

Lo más importante es que esta visión no ocurre de manera natural, automática, ni resulta fácil su aplicación, sino que depende de una agenda compartida de los responsables políticos con los dirigentes empresariales privados de los países, que establezca lo que se tiene que hacer, por ejemplo, estimular las exportaciones en un determinado sector de la economía, o situar los incentivos en el sitio correcto, promoviendo el impacto de la acción integrada de los distintos agentes para conseguir altos niveles de ahorro y de acumulación de capital en la economía.

¿Por dónde empezar? Parece evidente que lo primero es lograr elevadas tasas de ahorro y movilizar los recursos financieros de la gente hacia la inversión productiva. Para ello, se necesita aumentar el valor de los ahorros, de modo que si se ponen realmente a trabajar puedan producir un incremento significativo de la riqueza en el futuro. De igual modo, hay que garantizar la seguridad de los ahorros, para que puedan salir de debajo del colchón con tranquilidad y pasar a instituciones crediticias transparentes, competentes y seguras.

Han pasado diez años desde la quiebra de Lehman Brothers, el que fuera cuarto banco de inversión de Estados Unidos, y que generó una crisis financiera mundial de la que pocos países escaparon. Los diez años transcurridos desde aquel mes de septiembre de 2008, han permitido a los países contar con experiencia sobre lo que se debe y no hacer en relación con la gestión financiera, a nivel global.

Lehman Brothers, que poseía activos por valor de 639.000 millones y una plantilla estimada en 26.000 empleados en todo el mundo quebró dejando un agujero de 613.000 millones de dólares. Una cifra que se convirtió en la mayor quiebra de la historia. Cuando faltan apenas dos semanas para el décimo aniversario de aquel percance económico, del que fuera cuarto banco de inversión de Estados Unidos, podría resultar interesante realizar unas reflexiones sobre el tiempo transcurrido, lo que hemos aprendido, las consecuencias de aquellos acontecimientos, y finalmente concluir si la economía mundial en la actualidad está mejor preparada para afrontar crisis sistémicas, o por el contrario, persiste la debilidad y en cualquier momento puede surgir una crisis financiera generalizada de efectos similares.

Tal vez por ello, un poco de historia sea conveniente a fin de centrar los sucesos acaecidos hace diez años. Los primeros síntomas de las turbulencias se detectaron en la primavera de 2007, concretamente en el mes de abril, cuando tuvo lugar la quiebra del New Century Financial, que era una pequeña entidad especializada en la concesión de hipotecas de alto riesgo, un producto financiero que tuvo mucho que ver con lo ocurrido después.

Aquel acontecimiento no dio para más, salvo para atraer la atención de algunos medios. La razón: la economía se mostraba fuerte y nadie podía pensar que se estaba a las puertas de una grave crisis. No obstante, algunos analistas y expertos situaron el comienzo de la grave crisis financiera, que vendría después, a comienzos del mes de agosto de 2007. En cuestión de tres días, entre el 6 y el 9, se produjo la quiebra de tres sociedades hipotecarias estadounidenses, en tanto que al otro lado del Atlántico, donde los efectos no se habían producido aún, el banco francés BNP Paribas anunciaba la suspensión de tres de sus fondos. Para la institución francesa, la disminución del precio de los activos vinculados a las hipotecas de alto riesgo le impedía calcular el valor de los fondos, por lo que estaba obligado a lograr que los inversores retirasen su dinero.

A partir de entonces, los sucesos fueron siendo cada vez más graves y la enfermedad empezó a extenderse con rapidez, y como consecuencia, los bancos dejaron de confiar sus operaciones en el mercado interbancario, que quedó completamente paralizado. Las entidades no se atrevían a prestar a otras, y el nivel de desconfianza aumentó de manera vertiginosa ante el desconocimiento de lo que se contenía en los productos financieros que los analistas calificaban de tóxicos, pero que hasta entonces se habían comercializado prácticamente sin límites. Ni siquiera las inyecciones masivas de liquidez por parte de los bancos centrales sirvieron para contrarrestar el clima de desconfianza, ni tampoco el descenso de los tipos de interés que acabaría llevando el precio del dinero a mínimos históricos.