Venezuela y la comunidad internacional reconocen que el pasado 28 de abril de 2022, se desarrollaron deliberaciones y compromisos para restablecer las relaciones de trabajo en el país, en el contexto del Foro de Diálogo Social, a partir del diálogo tripartito entre el gobierno nacional, organizaciones sindicales y empleadores privados. Así también que la interlocución social contó con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) representada por una importante representación integrada por nueve funcionarios de alto nivel designada por el organismo internacional, aplicando con este método los resultados de la Comisión de Encuesta visitante del país en 2019.

Por su parte Fedecámaras explicó en esa ocasión que entre el 25 y el 28 de abril los interlocutores debatieron sobre los convenios de la OIT referentes al N° 26 sobre fijación del salario mínimo; el N° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de asociación, y el N° 144 sobre consulta tripartita. En este nuevo encuentro presencial de cuatro días, las conclusiones se fueron desarrollando por las partes conforme al camino fijado.

Así también como manifestara el gremio empresarial a los medios de comunicación «Todo con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan su cabal cumplimiento, así como respecto a las metodologías para tal fin, desarrolladas en el evento, reconociendo el compromiso asumido por el gobierno en facilitar y dar continuidad a este espacio de diálogo, para escuchar los planteamientos de los interlocutores sociales. Lo cual facilitará la consecución de soluciones a las más urgentes demandas de la población venezolana”.

Hasta aquí todo fue amor y temblor ya que los participantes en tan publicitado evento, tanto del lado de los empresarios, como de los trabajadores señalaron su optimismo, en el caso de los empresarios un vocero manifestó «El gobierno dejó de ver a los empresarios como enemigos», recalcando que el foro constituyó “el inicio del proceso de cambio que esperan impacte favorablemente en las fuerzas productivas del país”, y del lado de los trabajadores manifestaron las expectativas de restablecer la libertad sindical y los derechos laborales .

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP, conocido el texto del Proyecto de Ley 02508/2021-PE “que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”, reafirma su posición de condena a esta iniciativa del Ejecutivo que, de ser ley, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país.

La propuesta, cuyo texto íntegro se conoce 12 días después de su aprobación en Consejo de Ministros, contempla un enunciado específico que hace referencia a la difusión de información a través de los medios de comunicación, dictaminando penas más severas, en dichos supuestos. Desde la ANP, advertimos que este postulado vulneraría el secreto profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar. Llevar ante los operadores de justicia a periodistas que revelen información de investigaciones penales contraviene la reserva de fuentes y el fallo del Tribunal Constitucional que garantiza, en todos sus extremos, el secreto profesional.

Esto, además, contradice las declaraciones de ministros de distintas carteras que, de manera reiterada, manifestaron que la iniciativa no contravenía la libertad de expresión ni tendría impacto en el trabajo de periodistas.

El documento ingresado al Congreso de la República propone incorporar el artículo 409 C en el Código Penal para sancionar al agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que proporcione o difunda información de carácter reservada. Igualmente, genera el agravante si esto es cometido por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechaza el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, aprobado por el Consejo de Ministros, en la víspera, según anunció el primer ministro Aníbal Torres. Esta iniciativa afecta de manera directa la actividad periodística en el país.

Criminalizar a las fuentes genera mordaza y afecta el derecho a saber.

Desde el anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, el reciente 12 de junio, sobre la decisión del Ejecutivo de impulsar una ley para sancionar a fiscales y jueces que filtren investigaciones penales, la ANP alertó de las consecuencias de la aprobación de un proyecto de esta naturaleza.

La ANP expresa preocupación por la ruta que seguirá esta iniciativa, al existir plena sintonía en esta materia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que ya febrero de este año, aprobó por unanimidad dictamen de la Comisión de Justicia que penalizaba la difusión de los testimonios de quienes se acojan a la colaboración eficaz.

 Filadelfia, Jun.16.– El déficit presupuestario más grande de la historia de Estados Unidos sucedió en 2020 como consecuencia de la parálisis casi total de la economía debido al estallido de la pandemia y a las medidas de cierre preventivo de muchísimas empresas. Aunque bajó en 2021 fue el segundo déficit más alto de la historia como resultado del derroche de "estímulos" concedidos a prácticamente toda la población de EEUU.

El Presidente Biden alardeó este martes en la reunión sindicalista de la AFL/CIO de una política que, según él, estaba reduciendo considerablemente el déficit presupuestario en 2022. Lo cierto es que según cifras de su propio gobierno el déficit será de $1.15 trillion este año. Es cierto que será más bajo que en los años catastróficos de 2020 y 2021, pero su afirmación triunfalista es una verdad a medias que tergiversa la realidad. Debió reconocer que el déficit de este año será mucho más alto que los déficits presupuestarios de 2015-2019.