El campo de concentración de Auschwitz tenía su propia lógica.  En su diseño todo encajaba.  Los cautivos que no morían a la llegada sólo duraban un promedio de seis meses.  Se aprovechaban todas sus pertenencias, reciclándolas entre la población aria del Tercer Reich.  Además, les extraían las piezas dentales de oro y se recuperaban las prótesis.  Con la grasa humana se hacía jabón.  Algunas pieles tatuadas terminaban en pantallas de lámparas y como petacas para tabaco.  Los cabellos eran utilizados en la fabricación de zapatillas especiales para las tripulaciones de los submarinos.  Las cenizas de los crematorios resultaban abundante abono… En fin, todo era productivo, racional… hasta que los tanques de guerra aliados abrieron aquella realidad al mundo exterior.

Una pertinaz visión esquemática, también con su propia “lógica” sobre el futuro próximo de Cuba, ha sentado sus reales tanto en ingenuos como defensores de la actual dictadura militar desgastada en el poder.  Hasta lo que da la vista, toda valoración crítica a los asuntos nacionales marcha casi siempre a la saga y en la estela de las intentonas del régimen por hacer sobrevivir, y no cambiar, el sistema imperante en la isla.

Se concede demasiado crédito a un régimen totalitario que, de por si mismo, es un absurdo.  De un sistema dictatorial como el que rige el destino de la nación cubana resulta disparatado esperar sensatez.  Así se aceptan las premisas de lo irrazonable. Si la junta militar gobernante amaga en una u otra dirección se le ensalza o se le critica, mas ambos criterios aceptan la “lógica” de los acontecimientos.  Denominadas “actualizaciones” por el oficialismo, “reformas” por los optimistas y "pasos insuficientes" por adversarios, se llega al extremo de valorar esas medidas como promovidas por una sincera y pragmática voluntad de transformación.  Y hasta cuentan con un persistente optimismo alucinado y solidario de analistas y de diversa prensa que otorga virtudes de progreso a lo que no es otra cosa que un desmontaje totalitario de la responsabilidad, con el cínico objetivo de la brutal y más que aburrida perpetuación de los Castro en el poder.

El Frente Sandinista ha obtenido una importante (pero cuestionada) victoria en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2011, dando a Daniel Ortega un nuevo mandato presidencial y alcanzando la mayoría absoluta del parlamento, lo cual refuerza su hegemonía dentro del panorama político nicaragüense. Oficialistas y opositores reconocen que el voto sandinista alcanzó más del 50 % de los boletas válidas sufragadas, aun cuando las denuncias de irregularidades empañen el triunfalismo de los voceros del Frente (Unión Europea, 2011). Con todo, semejante resultados incrementan el interés de la opinión pública por conocer los rumbos y contenidos de la agenda política de esta fuerza política ahora que Ortega (re)asumió la banda presidencial el pasado 10 de enero.

El actual Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) debe analizarse en el marco de su trayectoria y desempeño concretos y recientes (Martí, 2009) (Saldomando, 2011) diferenciándolos del mantenido durante el periodo revolucionario (1979-1990). Los defensores del actual gobierno lo presentan como paladín de la soberanía nacional, garante de los intereses de los pobres y proclive al diálogo con las demás fuerzas políticas dentro del contexto nacional. Para los opositores, el Gobierno de Ortega estaría procurando, desde sus inicios y mediante el empleo de medios legales y/o inciviles, un control total de las instituciones del Estado, la justicia, los medios y la sociedad civil. Ambas lecturas podrían ser confirmadas/refutadas por un análisis del accionar gubernamental en algunas de sus iniciativas políticas fundamentales, como el llamado Poder Ciudadano.

Desde el inicio de su mandato, en enero de 2007, el presidente Ortega se empeñó en construir un sistema de participación ciudadana paralelo al establecido en la Ley 475 de Participación (2003) y en asignar a Rosario Murillo, su esposa y jefa de campaña del FSLN, la coordinación de esta nueva estructura. En enero del 2008 una resolución de la Corte Suprema de Justicia —afecta al sandinismo— reconoció el derecho del Ejecutivo para emitir decretos relacionados con la participación ciudadana que contribuyan al buen desempeño de su gobierno. Semejante decisión posibilitó la confirmación de Rosario como Coordinadora del Consejo y la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN), con la responsabilidad de coordinar todos los programas sociales de las instituciones públicas, administrar la relación con los medios de comunicación y diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y acciones para promover la formación de los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC) en todo el territorio nacional.

El Partido Comunista no solo es responsable de la situación de los cubanos, sino también el principal obstáculo para el desarrollo nacional.

La corrupción, la burocracia, el discurso vacío y la mentira constante son los pilares que sustentan el sistema imperante en Cuba; por tanto, sería iluso pensar en eliminar esos males manteniendo el sistema: la única manera de salir de la crisis es eliminando esta especie de socialismo-comunista como única y obligada forma de pensamiento en Cuba.

Llegados a este punto, miles de cubanos que no piensan del mismo modo que el gobierno podrían proponer nuevas formas de hacer —formas que no tendrían que ser las de “antes del 59”—, que estarían mucho más a tono con lo que la mayoría de la gente piensa y desea.  Pero no.  El gobierno ha dejado claro que no va a hacer lo que la gente quiere, sino lo que al mando le parezca mejor en aras de garantizar su permanencia en el poder.

Cuando se analiza con detenimiento cada rama de la actividad económica y social cubana, se ve, en primer lugar, que todo, absolutamente todo, anda mal.  En segundo lugar, que cada actividad es “orientada, guiada y controlada” por el PCC.

Para comprender la actual coyuntura política venezolana hay que remontarse a la llamada IV República. A partir de 1958 en Venezuela se erigió un modelo de gobernabilidad basado en la alternancia entre los partidos dominantes (AD y COPEI) con acuerdos para redistribuir la renta petrolera y expandir la inversión social. Se construyó una democracia tutelada a través de un sistema de pactos partidistas y sociales —en un ambiente de modernización acelerada— bajo el rol redistributivo de un Estado con grandes recursos disponibles, que los canalizaba mediante un clientelismo corporativo dirigido por los partidos.

En ese contexto se expande, desde mediados de la década de los años 80 del pasado siglo, la organización social (popular y de clase media) como respuesta a la crisis del Estado rentista, la irrupción del neoliberalismo y el incremento de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Junto al expandido imaginario policlasista y reformista, se incorporaron sectores populares a la política y se introdujo en buena parte de la población venezolana una noción de dignidad y de derechos, acompañada de un rechazo a las élites. Esos actores y demandas fueron las que llevaron a Hugo Chávez a la presidencia en 1998, comenzando —hasta 2006— la implementación de un proyecto democrático participativo, promotor de la justicia social, que buscaba superar los déficits de la IV República.

Pero esta iniciativa, impulsada por amplios sectores populares y medios, organizaciones de izquierda y gobiernos locales, coexistió con un componente militar autoritario que paulatinamente cobró fuerza dentro del campo bolivariano, abonado por la polarización política y las tradiciones del personalismo/populismo venezolano y latinoamericano. De 2007 a la actualidad, se presenta una sustitución del proyecto de “democracia participativa y protagónica” por el “Socialismo del Siglo XXI”, lo que conduce a un estrechamiento y homogeneización de los espacios de participación abiertos, acompañados por una expansión de la acción colectiva de toda la sociedad (oficialista y opositora) como reclamo de derechos al Estado y, como colofón, una agudización del conflicto y la polarización sociales.