El proyecto de ley H.R.3599 (Ley de dignidad)

El proyecto de Ley conocido como la «Ley de Dignidad»(H.R.3599), presentado por la representante federal María Elvira Salazar el 23 de mayo de este año, contó con muy poco respaldo inicial -un demócrata, dos republicanos y el Comisionado Representante de Puerto Rico en la Cámara Baja del Congreso de los EE. UU.- y está «muerto desde el mismo momento en que fue presentado, según las opiniones de instituciones que trabajan activamente el tema de la inmigración en este país, tales como America’s Voice y el National Inmigration Forum, pues el actual Presidente de la Mayoría del Congreso, el representante McCarthy, ha manifestado muchas veces que ningún proyecto de ley que incluya una «amnistía», será presentado para su votación.

Al presentar públicamente su proyecto de ley, la representante Salazar contó solo con el respaldo inicial de un pequeño número de copatrocinadores de ambos partidos, una iniciativa bipartidista nada común en el Congreso de los EE. UU. hoy en día, pese a la necesidad que existe de legislar sobre ese tema.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), en uno de sus comentarios sobre el proyecto de Ley H.R. 3599, señalaba que por décadas venían advirtiendo la importancia de la necesidad de que el Congreso se uniera de una forma bipartidista para legislar una reforma del sistema de inmigración de los EE. UU. que fuera integral y compasiva, apuntando que le dan la bienvenida a este proyecto de Ley por haber sido iniciado en la dirección correcta.

Para la Conferencia de Obispos Católicos, tal como está escrita, la Ley de Dignidad «ofrece cambios positivos a las políticas de inmigración del país, como proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los dreamers y los titulares de TPS». A la vez, señala cómo la Doctrina Social de la Iglesia «nos recuerda que las poblaciones vulnerables deben ser protegidas y bienvenidas y que la dignidad inherente de los migrantes e indocumentados debe ser respetada».

Es en ese sentido que, para los obispos católicos, «varios aspectos del proyecto de ley son motivo de preocupación y requieren una evaluación adicional, como exigir tarifas altas y otras condiciones para adquirir un estatus migratorio legal». Destacan además que «muchos solicitantes de asilo que ingresan a los Estados Unidos tienen un amigo o familiar listo y dispuesto a recibirlos a su llegada» así como que la implementación de los «campus humanitarios» definidos en el proyecto de ley crean «la posibilidad de tiempo injustificado bajo custodia del gobierno para personas vulnerables y es una causa potencial de separaciones familiares prolongadas. Esto se combina con plazos acelerados de adjudicación de asilo, que amenazan el debido proceso para aquellos que buscan legalmente protección».

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), en sus declaraciones sobre el proyecto de ley presentado por la representante María Elvira Salazar, manifestó que, si bien no lo apoyan o respaldan, «reconocen la importancia de esfuerzos bipartidistas como este de la H.R. 3599, y de la necesidad que el Congreso legisle inmediatamente sobre la reforma a las leyes de inmigración».

En sus declaraciones, la AILA, al igual que la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU., reconoce algunos de los aspectos positivos del proyecto de ley, pero enumeraran más de trece aspectos peligrosos y en algunos casos incosteables para la legalización de los indocumentados y los potenciales inmigrantes y solicitantes de asilo2.

El proyecto de Ley H.R.3599 fue remitido el 23 de mayo de 2023 al Comité de la Judicatura y a los Comités de Seguridad Nacional, Medios y Arbitrios, Agricultura, Transporte e Infraestructura, Presupuesto, Educación y Fuerza Laboral, Relaciones Exteriores, Supervisión y Rendición de Cuentas, Inteligencia (Selección Permanente), Servicios Financieros y Servicios Armados, por un período que será determinado posteriormente por el Presidente, para el examen de las disposiciones que caen dentro de la jurisdicción del comité correspondiente. Nada ha pasado desde entonces en ninguno de los comités.

Hasta el pasado 13 de junio, según el registro del Congreso, la iniciativa de la representante Salazar ha conseguido el copatrocinio de seis congresistas del Partido Demócrata y solamente de cinco del Partido Republicano. En el Estado de la Florida, solo el representante republicano Mario Díaz-Balart ha respaldado el proyecto.

Algunos analistas han señalado que uno de los problemas al que se enfrenta el proyecto de ley H.R. 3599 no es por haberse iniciado de forma bipartidista o por los argumentos que se han hecho hasta ahora a favor de los puntos positivos o señalando los puntos negativos del mismo, sino por algunas posiciones que la propia representante Salazar ha asumido en relación con otras leyes que sobre el tema de inmigración se han presentado ante la actual sesión legislativa del Congreso. Tal es el caso del proyecto de Ley H.R.2, conocida como la Ley de la Deportación de Menores, en que ella dio el voto crítico para que la ley pasara, en contradicción con su postura de ayudar a los inmigrantes e indocumentados en el proyecto de ley que ahora presenta.

No se puede dejar de reconocer lo positivo del camino bipartidista que la representante María Elvira Salazar tomó para abordar el delicado tema de la inmigración en los EE. UU. Pero mientras todo este drama se desarrolla en el Congreso de los Estados Unidos, la situación en la frontera sur sigue igual, así como la injusta situación a la que se enfrentan los solicitantes de asilo político, o el perenne limbo en que se encuentran los indocumentados, los TPS, los soñadores, o los atrasos en las reunificaciones familiares, sin que se tome seriamente en consideración que la «dignidad inherente de los migrantes e indocumentados debe ser respetada».

¹ The Dignity Act of 2023.pdf (usccb.org)

2 AILA - AILA Provides Analysis of the Dignity Act (H.R. 3599)

Siro del Castillo es autor y activista, especializado en asuntos de inmigración y de sindicalismo obrero; Frente de Trabajadores Latinoamericanos y Caribeños Demócrata Cristianos; miembro de la junta editorial y frecuente colaborador de El Ignaciano.

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Sumario de la «Ley de Dignidad»

National Immigration Forum

La representante María Elvira Salazar (R-Florida) presentó la Ley de Dignidad (H.R. 3599) en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 23 de mayo de 2023, un esfuerzo bipartidista para fortalecer la seguridad fronteriza en los Estados Unidos, brindar a las personas indocumentadas la oportunidad de obtener un estatus legal si cumplen con ciertos requisitos y actualizar aspectos del sistema de inmigración legal de los Estados Unidos. Los copatrocinadores adicionales incluyen a los representantes Verónica Escobar (D-Texas), Lori Chávez-DeRemer (R-Oregon), Mike Lawler (R-Nueva York) y Jennifer González-Colón (R-Puerto Rico).

Este esfuerzo bipartidista se produce cuando nuevas encuestas indican que más de 4 de cada 5 estadounidenses, incluido el 80 por ciento de los votantes republicanos registrados, apoyan que republicanos y demócratas trabajen juntos en reformas migratorias que aborden la escasez de mano de obra y la inflación, y protejan a las personas que ya están en los Estados Unidos y contribuyen a sus comunidades. Durante el lanzamiento de la legislación, la representante Salazar indicó que el proyecto de ley tiene la intención de seguir los principios bíblicos de Dignidad y Redención. El proyecto de ley también tiene como objetivo centrarse en modernizar el sistema de inmigración de Estados Unidos para satisfacer las necesidades económicas del país y hacerlo de una manera que apoye a los trabajadores estadounidenses. El título del proyecto de ley significa «Dignidad para los inmigrantes mientras protegemos a nuestra nación para incentivar y entregar la Ley del Sueño Americano de 2023» o «Ley de DIGNIDAD de 2023».

El proyecto de ley se divide en las siguientes cinco secciones:

-Ley de Seguridad Fronteriza para Estados Unidos

-Sueño Americano y Promesa

-Mejorar las Oportunidades de los Trabajadores Invitados de Temporada

-Ley de Dominación Agrícola Estadounidense

-Prosperidad y Competitividad Estadounidense

Este análisis detalla las principales disposiciones dentro de las cinco secciones del proyecto de ley. Si bien no es un resumen exhaustivo del proyecto de ley de 483 páginas, sí subraya las conclusiones clave de la legislación.

División A:

Ley de Seguridad Fronteriza para Estados Unidos

El proyecto de ley requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) despliegue barreras físicas, infraestructura táctica, tecnología y personal a lo largo de la frontera donde sea más efectivo. Específicamente, autoriza al menos $ 35 mil millones en fondos para mejorar y mejorar la infraestructura y la tecnología entre y en los puertos de entrada. También reforma el sistema de asilo de los Estados Unidos para hacer una determinación final de la elegibilidad de asilo para la mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera dentro de los 60 días.

Seguridad fronteriza

*Seguridad fronteriza: barreras y tecnología. Autoriza $25 mil millones, disponibles en segmentos hasta el año fiscal (FY) 2031, para completar «un sistema de infraestructura fronteriza impenetrable». Este sistema incluiría barreras físicas y diques de barrera. También incluiría tecnología de detección asociada, carreteras, iluminación y tecnología para asegurar completamente la frontera. El proyecto de ley incluye varias disposiciones relacionadas con la infraestructura y la tecnología fronterizas, incluida la inversión en grupos de trabajo de túneles, operaciones de inspección no intrusivas, uso de un espectro electromagnético y más. También actualiza la ley actual para autorizar explícitamente la construcción de barreras físicas y diques de barrera.

*Puertos de entrada. Autoriza $10 mil millones durante los años fiscales (FY) 2024 a 2028, o $2 mil millones cada año, para mejoras, incluida la construcción de nuevos puertos o la modernización y expansión de los puertos actuales según sea necesario. Dentro de cinco años, el DHS debe ampliar los carriles de inspección de vehículos, carga y peatones en los puertos de entrada.

*Personal. El proyecto de ley requiere que CBP contrate, capacite y mantenga para el 30 de septiembre de 2025 un nivel mínimo de personal de 22,478 agentes de la Patrulla Fronteriza, 27,725 oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) en los puertos de entrada y 1,200 coordinadores de procesamiento de CBP. El proyecto de ley autoriza bonos de reclutamiento y retención, así como pagos especiales para el personal asignado a ubicaciones remotas y difíciles de llegar. También aumenta el salario mínimo para los agentes de la Patrulla Fronteriza en el nivel GS-12 en al menos un 14 por ciento.

*Salida biométrica. El proyecto de ley ordena al DHS implementar un sistema biométrico de datos de salida en todos los puertos aéreos, terrestres y marítimos dentro de cinco años. Autoriza $100 millones en fondos.

*Operación Stonegarden. Según el proyecto de ley, este programa de subvenciones está financiado en $ 110 millones para los años fiscales (FY) 2024 a 2028, en comparación con $ 90 en el año fiscal 2023. La subvención proporciona fondos a entidades estatales, del condado, tribales y otras entidades cercanas a la frontera para ayudar a mejorar la seguridad fronteriza.

El proyecto de ley establece un Fondo de Infraestructura de Inmigración, que se utilizaría para pagar la nueva infraestructura, el personal y otros costos asociados con el proyecto de ley. Según el proyecto de ley, se cobraría una tarifa del 1.5 por ciento de los ingresos de las personas que reciben autorización de trabajo bajo el Programa Dignidad (descrito en la División B). Ese dinero luego se depositaría en el fondo de infraestructura de inmigración.

Reforma al sistema de Asilo

El proyecto de ley reformaría el sistema de asilo de los Estados Unidos para adjudicar la mayoría de las solicitudes de asilo hechas en la frontera a través de un oficial de asilo dentro de los 60 días y evitar la liberación de la mayoría de las personas de la custodia mientras esperan una determinación final sobre su solicitud.

*Establecer cinco campus humanitarios. El proyecto de ley crearía cinco campus humanitarios (HC) administrados por CBP a lo largo de la frontera sur. Los migrantes serían retenidos en estas instalaciones. Los oficiales de asilo realizarían entrevistas de asilo y tomarían las determinaciones finales en estos campus. Los migrantes tendrían acceso a personal médico, trabajadores sociales con licencia, profesionales de la salud mental, defensores de los niños y organizaciones privadas que brindan asistencia humanitaria y asesoramiento legal.

*Evaluación inicial (inicial screening) (primeros 15 días). Según el proyecto de ley, los migrantes recibirían un período de descanso de 72 horas. Después de eso, el personal de HC proporcionaría una evaluación inicial dentro de los 15 días. El personal realizará verificaciones de antecedentes penales, analizará datos biométricos, verificará la identificación, realizará evaluaciones médicas, evaluará a las víctimas de la trata de personas y realizará una entrevista inicial de temor creíble. Los migrantes que no pueden establecer un temor creíble durante una evaluación inicial están sujetos a una expulsión acelerada de los EE. UU.

*Evaluación secundaria y determinación de asilo (días 15 a 60). Dentro de los 45 días posteriores a la aprobación de la entrevista inicial de temor creíble, un oficial de asilo capacitado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) revisaría la solicitud de asilo del individuo y tomaría una determinación final. Los oficiales de asilo deben negar, aprobar o remitir casos complejos / inciertos a un juez de inmigración. Los solicitantes de asilo tendrían opciones limitadas para solicitar una revisión adicional de tales decisiones, con denegaciones que resultarían en una expulsión acelerada.

*Remisión al Juez de Inmigración. Para aquellos remitidos a un juez de inmigración, el proyecto de ley crearía un sistema por el cual los solicitantes de asilo recibirían un aviso para comparecer, ser liberados del campus humanitario, participar en un programa de administración de casos y ser monitoreados a través de un rastreador GPS y registros semanales.

*Procesamiento en el país en América Latina. Estados Unidos establecería cinco instalaciones en el hemisferio occidental donde los migrantes podrían ser preseleccionados para el asilo, los niños solteros menores de 21 años con padres legalmente en los Estados Unidos podrían ser considerados para la reunificación familiar, y los posibles trabajadores no ciudadanos podrían aprender sobre visas de trabajo u otras vías hacia la ciudadanía. Como parte de esta sección, se crearía una nueva visa humanitaria para las personas que eligen ser preseleccionadas para el asilo y tienen casos creíbles. La visa se limitaría anualmente al mismo nivel que el límite anual de refugiados.

*Patrocinio de menores no acompañados. El proyecto de ley requiere verificaciones de antecedentes penales, con muestras biométricas cuando corresponda, para posibles patrocinadores de niños no acompañados y otros miembros adultos del hogar, prohíbe la colocación de un niño no acompañado con posibles patrocinadores que están siendo juzgados o han sido condenados por delitos especialmente graves, ordena llamadas de seguimiento regulares con niños no acompañados una vez liberados e impone sanciones penales más severas por fraude relacionado con la transferencia de custodia de un niño migrante no acompañado.

*Política de dos “strikes”. En virtud de esta disposición, cualquier persona que cruzara entre los puertos de entrada sería registrada y dirigida a solicitar asilo en un puerto de entrada. Si intentaran cruzar de nuevo entre puertos de entrada, estarían sujetos a una expulsión acelerada.

Otras secciones El proyecto de ley también incluye disposiciones relacionadas con la seguridad de visas, organizaciones criminales transnacionales, verificación de empleo y desarrollo económico en Centroamérica.

*Seguridad e integridad de la visa. El proyecto de ley ampliaría el Programa de Seguridad de Visas (VSP) administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los 75 puestos de mayor riesgo en todo el mundo, requeriría que CBP emplee el escaneo electrónico de pasaportes y alguna tecnología de reconocimiento facial en los aeropuertos, requeriría un informe sobre el exceso de visas, dirigiría al DHS para garantizar que el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) esté disponible para los oficiales de CBP en todos los puertos de entrada y permitir la verificación de ADN de las relaciones familiares caso por caso con la intención de prevenir la trata de personas, entre otras disposiciones.

*Organizaciones delictivas transnacionales. El proyecto de ley tiene como objetivo combatir a las organizaciones narcotraficantes, pandillas y criminales. Requeriría que el secretario del DHS designe a ciertos cárteles como Organizaciones Criminales Transnacionales Especiales y aumenta las penas por contrabando de no ciudadanos a los Estados Unidos si se trata de un arma de fuego. El proyecto de ley también aumenta las penas para aquellos acusados de reingreso ilegal a los Estados Unidos. Además, el proyecto de ley incorpora la «Ley de Sarah», que ordenaría la detención de ciertos no ciudadanos acusados de delitos que resultaron en la muerte de alguien o lesiones corporales graves.

*E-Verify obligatorio. El proyecto de ley requeriría que los empleadores atestiguaran, bajo pena de perjurio, que han verificado que un empleado potencial no es un inmigrante indocumentado. Los empleadores deben verificar la elegibilidad de empleo de los trabajadores a través de un nuevo Sistema de Verificación de Elegibilidad de Empleo (EEVS) administrado por el DHS. Si el empleador recibe confirmación de que no es elegible para el empleo después de contratar a un ciudadano extranjero, el empleador debe terminar el empleo. Esta sección sería obligatoria en diferentes plazos para los empleadores, que van de 6 a 24 meses, dependiendo del número de empleados: 10,000 o más empleados (6 meses), 500 a 10,000 (12 meses), 20 a 500 (18 meses) y uno o más empleados (24 meses). Los empleadores de trabajadores agrícolas tendrían hasta 30 meses para cumplir con las disposiciones de la ley, independientemente del número de empleados. El proyecto de ley aumentaría las sanciones civiles y penales para las personas involucradas en un patrón de violaciones sistémicas.

*Desarrollo en Centroamérica. El proyecto de ley requiere que el Secretario de Estado desarrolle una estrategia de cuatro años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras, con un enfoque en el fortalecimiento del estado de derecho, la lucha contra la pobreza, el enfrentamiento de la violencia de pandillas y otros problemas similares. El proyecto de ley también ampliaría la investigación y el enjuiciamiento de las redes de tráfico y trata de personas y aumentaría las sanciones penales de los contrabandistas hasta 20 años de prisión.

División B:

Sueño Americano y Promesa

El proyecto de ley brinda a los dreamers, incluidos los beneficiarios de DACA, y a ciertos titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) la oportunidad de adaptarse al estatus legal. También establece el Programa Dignidad, que brinda a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de obtener un estatus legal si cumplen con ciertos requisitos.

Dreamers. El proyecto de ley incorpora una versión del Dream Act, que permite a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños y han vivido en los Estados Unidos durante la mayor parte de sus vidas obtener un estatus legal. Esta sección podría permitir que hasta 1.9 millones de dreamers, incluidos los aproximadamente 600,000 beneficiarios de DACA, vivan y trabajen en los EE. UU.

*Los dreamers y los beneficiarios de DACA serían elegibles para un estatus de «residente permanente condicional» válido por hasta 10 años que los protegería de la deportación, les permitiría trabajar legalmente en los EE. UU. y viajar fuera del país.

*Para calificar como «residente permanente condicional», las personas deben haber vivido continuamente en los Estados Unidos durante tres años, ingresar a los Estados Unidos a una edad menor de 18 años, graduarse de la escuela secundaria y / o estar inscrito en la escuela secundaria.

Los dreamers y los beneficiarios de DACA pueden eliminar la base condicional de su estatus para convertirse en residentes permanentes legales (LPR) si logran uno de los siguientes:

- Obtener un título universitario o de posgrado;

- Servir al menos tres años en el ejército de los Estados Unidos; o,

- Estar empleados y trabajando durante al menos cuatro años.

Es posible que los solicitantes deban pagar una tarifa de hasta $ 495.

El proyecto de ley extendería el acceso a la matrícula estatal en la educación superior a los dreamers y beneficiarios de DACA.

Titulares de TPS

Esta sección incluye una versión de la Ley de Promesa Americana que permite que ciertos titulares de TPS y de Salida Forzada Diferida (DED) se ajusten al estatus de Residente Permanente Legal (LPR). Podría permitir que alrededor de 335,000 titulares de TPS continúen viviendo y trabajando en los EE. UU.

*Los titulares de TPS serían elegibles para el estado de LPR si han estado presentes continuamente en los Estados Unidos durante tres años, fueron elegibles para el estado de TPS a partir del 8 de marzo de 2021 y cumplen con ciertos otros requisitos, incluida una verificación de antecedentes.

*La disposición generalmente ayudaría a la mayoría de los beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero la fecha límite no incluiría a los de Venezuela, Afganistán, Haití y Ucrania.

*Es posible que los solicitantes deban pagar una tarifa de hasta $ 1,140.

Programa Dignidad El Programa Dignidad permitiría a los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos obtener estatus legal si pasan una verificación de antecedentes penales, pagan los impuestos adeudados y cumplen con otros requisitos. Los participantes también deben pagar restitución para ser elegibles. Programa Dignidad. El proyecto de ley establece un programa de acción diferida de siete años que otorgaría autorización de empleo y viaje a los residentes indocumentados que han estado continuamente en los Estados Unidos durante al menos cinco años antes de que se promulgara el proyecto de ley. Bajo el programa, los participantes deben pagar una multa y contribuir al Fondo de Trabajadores Estadounidenses.

El programa requiere que los participantes paguen impuestos y se inscriban en la cobertura de salud, al tiempo que prohíbe el uso de cualquier beneficio o programa federal de derechos sujetos a comprobación de recursos.

Durante la duración del programa, los participantes deberían tener un empleo remunerado o estar en la escuela durante al menos cuatro años, con excepciones limitadas. Todos los no ciudadanos que están presentes en los Estados Unidos sin estatus legal deben partir si no solicitan el Programa de Dignidad o participan en otras alternativas.

*Restitución y buena reputación. Los participantes deben pagar un total de $ 5,000 durante los siete años del programa, registrarse con DHS cada dos años y permanecer en una buena posición pública general.

Presencia legal continuada. Aquellos que completen con éxito el Programa Dignidad tendrían dos vías para una presencia legal continua:

1) Estatus de Dignidad. Un estatus legal de cinco años con autorización de empleo y la capacidad de volver a ingresar a los Estados Unidos, que puede renovarse cada cinco años; o

2) Programa de redención. Un estado de redención condicional de cinco años con autorización de empleo y viaje. Las personas deben completar el Programa de Dignidad de siete años para calificar. Al finalizar el Programa de Redención, las personas podrían tener la oportunidad de adaptarse al estatus de residente permanente legal (LPR).

▪ Las personas deben aprender inglés y educación cívica de los Estados Unidos, y contribuir a su comunidad, incluso a través del trabajo voluntario local o contribuciones continuas al Fondo de Trabajadores Estadounidenses.

▪ La implementación de un sistema E-Verify obligatorio y la certificación de una frontera totalmente segura deben completarse antes de que las personas puedan obtener un estatus legal permanente.

Fondo de Trabajadores Americanos.

El proyecto de ley establece un fondo con contribuciones de los Programas Dignidad y Redención. El fondo administraría subvenciones a estados y organizaciones para ayudar a los ciudadanos estadounidenses que buscan trabajo o hacen la transición a diferentes carreras. Las subvenciones cubrirían aprendizajes, programas de ganancia y aprendizaje basados en el trabajo y oportunidades educativas para carreras de alta demanda. El proyecto de ley tiene como objetivo cubrir la mejora de habilidades o volver a capacitar al menos a un trabajador estadounidense por cada participante en el Programa Dignidad.

División C:

Mejorando las oportunidades de trabajadores invitados de temporada

Esta sección ampliaría la definición legal de «trabajador que regresa» para incluir a cualquier trabajador que ingresó con una visa H-2B en cualquiera de los tres años fiscales anteriores.

*Alivio del límite de H-2B. Un «trabajador que regresa» incluye a cualquier trabajador que ingresó con una visa H2-B para trabajadores invitados estacionales en cualquiera de los tres años fiscales anteriores.

*Descuido. El proyecto de ley autoriza al Departamento de Trabajo (DOL) a investigar y tomar medidas según sea necesario para garantizar el cumplimiento del programa H-2B, establecer un proceso de queja e imponer recursos, incluida la descalificación temporal o permanente del programa por múltiples violaciones.

El proyecto de ley requiere que los empleadores H-2B desarrollen y mantengan planes de seguridad y cumplimiento en el lugar de trabajo. También prohíbe a los empleadores o reclutadores recibir honorarios por el reclutamiento de empleados H-2B.

División D:

Ley de Dominancia Agrícola Estadounidense

El proyecto de ley crearía un nuevo programa de visa de trabajador temporal sin límite para los trabajadores agrícolas no autorizados actualmente llamado estado de Trabajador Agrícola Certificado (CAW, por sus siglas en inglés). Las visas CAW serían renovables y de cinco años y medio de duración.

*Trabajador Agrícola Certificado (CAW). La visa CAW estaría disponible para inmigrantes no autorizados que han pasado al menos 180 días de los últimos dos años en empleos agrícolas en los EE. UU.

Para los trabajadores agrícolas no autorizados que no han trabajado suficientes días para calificar, las visas H-2A adicionales estarían disponibles para aquellos que han trabajado por un umbral más bajo de al menos 100 días en los últimos tres años.

*Ajuste de estatus. Después de mantener con éxito ocho años de estatus CAW o cuatro años de estatus CAW más diez años de experiencia laboral agrícola previa, los trabajadores agrícolas no autorizados podrían solicitar el estatus de Residente Permanente Legal (LPR, por sus siglas en inglés)). El proyecto de ley también permitiría a los empleadores completar sus solicitudes H-2A en una sola plataforma.

División E:

Prosperidad y competitividad estadounidense

El proyecto de ley actualiza aspectos del sistema de inmigración legal de los Estados Unidos con el objetivo de proteger la unidad familiar, reducir los retrasos y mejorar las oportunidades basadas en el empleo.

*Cónyuges o hijos de un LPR. El proyecto de ley eximiría a los cónyuges e hijos menores de residentes permanentes legales (LPR) de los límites actuales de la tarjeta verde de preferencia familiar. Las 89,700 visas anuales que normalmente van a cónyuges e hijos menores de LPR (categoría F2A) serían reasignadas a la categoría de preferencia familiar F1 (hijos e hijas solteros de 21 años o más de ciudadanos estadounidenses). aumentando el número de visas para ese grupo de 23,400 a 111,300 por año.

*Eliminación de atrasos (backlogs). La acumulación de visas legales se reduce a un máximo de 10 años. Las personas que han estado esperando en el atraso (ya sea familiar o basado en el empleo) durante más de diez años recibirán esa visa.

*Límites por país. El proyecto de ley aumenta el límite de la tarjetas verdes por país, del 7 por ciento al 15 por ciento del número total de visas preferenciales basadas en el empleo o patrocinadas por la familia cada año. Esta disposición tiene por objeto reducir y, en última instancia, eliminar los atrasos específicos de cada país cuando se combina con otras reformas.

*Soñadores documentados. El proyecto de ley protege a los Dreamers documentados de envejecer fuera de estatus una vez que cumplen 21 años debido a retrasos en la disponibilidad de visas.

Visas F-1 para estudiantes internacionales. El proyecto de ley cambiaría las visas de estudiante F, reservadas para estudiantes internacionales, para que sean visas de doble intención. En otras palabras, los estudiantes internacionales ya no tendrían que demostrar su intención de regresar a sus países de origen después de completar sus estudios.

*Visas basadas en el empleo: derivados. El proyecto de ley evitaría que los derivados (hijos y cónyuges) se cuenten contra los totales anuales de visas. En virtud de esta disposición, sólo el solicitante principal contaría como parte del número total de visados. Esta disposición podría aumentar el número anual de trabajadores altamente calificados en un 50 por ciento sin aumentar los límites de visa.

*Autorización de trabajo para visa H-4. Bajo esta disposición, a los cónyuges de inmigrantes H-1B se les otorgaría automáticamente autorización de trabajo al recibir su visa H-4.

*Elegibilidad para la visa O. El proyecto de ley crearía una presunción de elegibilidad para una visa O, reservada para personas con habilidades extraordinarias, para estudiantes que han obtenido un doctorado en un campo relacionado con STEM o médico. El proyecto de ley también crearía un Coordinador de la Agencia de Inmigración para supervisar las funciones de inmigración en USCIS, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo y autorizaría alrededor de $ 3.5 mil millones para ayudar a mejorar el procesamiento y reducir los retrasos en las visas y autorizaciones de trabajo.

Tomado de: El Ignaciano Volumen 6 / Año 6 #3-Septiembre 2023. Volume 6 / Year 6 #3-September 2023

Enlace al original: El Ignaciano

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