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17/10/2018

REPÚBLICA DOMINICANA: LOS QUE ESTAN Y NO DEBIERAN Y LOS QUE DEBIERAN Y NO ESTAN

Como si no fuera poco con los índices negativos que registramos en muchos aspectos a nivel regional y mundial, tenemos que fuera de Haití y Paraguay somos el país del continente que registra un mayor número de presos preventivos. O sea, de personas que son enviadas a prisión provisional en tanto llega el momento de ventilar sus juicios, donde se fallará sobre su inocencia y culpabilidad. 

Al presente, hay un 75 por ciento de reclusos ocupando espacio en nuestros superpoblados establecimientos penitenciarios, o tres cuartas partes del total, lo que nos sitúa  en un muy poco honroso tercer lugar, muy por encima de la media continental que es de un 44 por ciento. 

Según han expresado algunos juristas consultados sobre el tema, el problema parece radicar en  fallas de nuestro sistema judicial, entre las cuales figuran también los propios abogados que con frecuencia apelan al procedimiento de plantear incidentes alargando el proceso  y también la permanencia de los acusados tras las rejas.   Parte también de culpa se atribuye también a la Procuraduría a la que se le reprocha la no conducencia de los imputados a las audiencias lo que obliga a la suspensión y la fijación  de las mismas para una fecha posterior.

No escapan a la repartición de culpas los propios jueces, a quienes por otra parte se les atribuye dictar con demasiada frecuencia prisión preventiva como medida de coerción en vez de libertad bajo fianza, aun en casos de escasa monta y ningún índice de peligrosidad o riesgo de fuga.

Al respecto, el conocido abogado litigante Tomás Castro hace notar que en ocasiones se impone prisión preventiva a un joven al que se le encuentra encima un cigarrillo de marihuana para fines de consumo, pese a que se trata simplemente de un adicto y no de un proveedor.

Paradójicamente, ocurre por el contrario, que en otros casos grandes traficantes de drogas, apresados en el preciso momento en que están recibiendo un cargamento de estupefacientes, obtienen  el beneficio de la libertad provisional a cambio de una fianza que por mas que elevada representa una pequeña parte del valor del cargamento incautado. 

Son fallos que se dan con frecuencia y bajo argumentos que generan todo tipo de suspicacias, dejan mal parada a la Administración de Justicia y ocasionan la baja del magistrado, y en ocasiones, inclusive, su sometimiento a la justicia ordinaria, donde su papel de juzgador se cambia por el de reo.

Por otra parte, hay que tomar en consideración que dados los muy limitados recursos que se asignan en el presupuesto al Poder Judicial, este carece de medios suficientes para dar aplicación estricta al Código Penal, que muchos juristas y gran parte de la ciudadanía  consideran muy permisivo y favorecedor de los delincuentes.  Una clara demostración es la carencia de personal para dar seguimiento a los sometidos que son favorecidos con libertad provisional, muchos de los cuales incumplen con el requisito de presentación periódica en tanto a otros no se les vuelve a ver el pelo.

Así tenemos que personas acusados de delitos menores, sin antecedentes  y sin asomo de constituir peligro público son mantenidos tras las rejas, mientras otros, que por el contrario, cuentan con un abultado expediente policial, donde inclusive figuran delitos graves, son beneficiados con la libertad provisional y retornan fácilmente a las calles para continuar enriqueciendo su historial criminal.

La conclusión es que no están todos los que debieran mientras no debieran estar muchos de los que están.

 

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