¿Podrían canciones como la mítica “Ya viene llegando” de Willy Chirino o “Patria y vida” abanderar el cambio democrático en la Isla?

Durante los últimos meses se ha ido incrementando la presencia del señor Humberto López en la Televisión Cubana. Empezó como presentador del programa Hacemos Cuba, el cual tiene una audiencia marginal por estar especializado en los áridos temas del derecho. Pero en las últimas semanas ha pasado a ser “comentarista-estrella” del panfleto propagandístico que lleva el nombre de Noticiero Nacional de Televisión.

Salvando las distancias, debo reconocer que con ese señor observo analogías similares que con mi amigo Roberto de Jesús Quiñones Haces. Los tres somos juristas y periodistas. Pero si en el caso de Roberto me siento orgulloso de esa doble coincidencia, en el del tal Humberto me sucede exactamente lo contrario.

No por gusto diversos informadores independientes han arremetido contra el aludido señor y sus planteamientos. Carlos Otero afirma que “merece una patada”. Otro hombre del derecho —Eloy Viera— lo califica de “delincuente”. El propio Quiñones, al darle título a un artículoque contiene un exhaustivo análisis del personaje, incluye una frase contundente: “Cuando la inmoralidad no tiene límites”.

Estas cavilaciones vienen al caso a raíz de escuchar el comentario hecho el pasado martes en la Emisión Estelar del NTV por el referido portavoz castrista. Este arremete contra el papel desempeñado por la música en la desestabilización de diferentes regímenes. Se trata de una alusión vergonzante al tema “Patria y vida”. ¡Este, por supuesto, está en el fondo de todo lo planteado, aunque ese extremo no se explicite!

El ministro de la Agricultura de Cuba pretende revertir 62 años de asfixia agraria en 60 días. 

El ministro de la Agricultura de Cuba mandó a rescatar 3203 cooperativas agrícolas con una situación económica desfavorable, el 66% de las existentes, según expuso en videoconferencia con los delegados provinciales y municipales del sector este 1 de marzo. Gustavo Rodríguez Rollero pretende revertir 62 años de asfixia agraria en 60 días.

El Decreto-Ley No. 365 del 22 de octubre de 2018 y su reglamento complementario confieren amplias potestades al titular, que corre el peligro de pasar a la historia de Cuba por consolidar la destrucción del campo cubano, antecedido por el desmontaje de la agroindustria azucarera. 

La participación de los cooperativistas en el proceso no se mencionó en la nota publicada en el sitio web del MINAG, lo cual demuestra que la voluntariedad y la autonomía no existen. Tampoco están contemplados el fin de la determinación de los cultivos, el encargo estatal, las empresas de acopio ni los precios topados, que han ocasionado el desestimulo a la producción en todas las formas de la agricultura pero especialmente en las empresas estatales a las que están atadas las cooperativas. Con esas condiciones no se frena el éxodo ni se contrarresta la escasez de alimentos. 

Por supuesto, se creó un Grupo Temporal de Trabajo (GTT), se involucrarán las universidades y los centros de investigaciones, se utilizará la informatización y el proceso contará desde el inicio con un expediente para el monitoreo, evaluación y auditoría sistemática. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), usual supervisora de las directivas gubernamentales, no apareció reflejada.

En los 60 días, Rollero, al frente del GTT integrado por los correspondientes grupos y subgrupos provinciales y municipales, así como por representantes de organizaciones e instituciones involucradas en el funcionamiento de esas estructuras productivas, determinará las medidas para rescatar, fortalecer y consolidar los resultados de trabajo de 3203 cooperativas agropecuarias. Las situaciones más complejas están en los miembros de las Juntas Directivas y cooperativistas del 74% de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), el 67% de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y el 54% de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), expone la información.

Los comunistas acostumbran adueñarse de los bienes, ideas, inventos e iniciativas de los demás, para aparentar que sólo ellos pueden transformar la sociedad en un mundo más justo. Así se han adueñado también del mérito que implica promover un homenaje «a las mujeres corrientes como artífice de la historia que hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre», como proclamaron las Naciones Unidas el Día Internacional de la Mujer en 1975. Pero en Estados Unidos, desde mucho antes, ya se conmemoraba el Día Nacional de la Mujer desde el 8 de marzo de 1909.

En realidad, la fecha elegida para la conmemoración de este día no es casualidad. El 8 de marzo de 1857 129 mujeres trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, después de que se habían declarado en huelga en su lugar de trabajo. Y por ese hecho se escogió esa fecha.

Un tribunal dicta en Santiago de Cuba una sentencia que merece el calificativo de “histórica”

Hace un cuarto de siglo que las autoridades castristas no me permiten ejercer mi profesión de abogado. Pero no es raro que acudan a mi mente recuerdos de casos específicos en los que actué cuando todavía la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivosno había aprobado el acuerdo que, sin cumplir con los requisitos legales establecidos, me expulsó de esa entidad.

De aquellos tiempos recuerdo cómo tenía que “buscar donde no había” para defender con lealtad a mis clientes. Esto, en medio de la arbitrariedady la inseguridad jurídica que constituyen la regla dentro del sistema de “Administración de Justicia” (algún nombre debo darle) de la Cuba castrista.

Muchas veces tuve que poner en práctica el sabio refrán: “De los errores de los gatos viven los ratoncitos”. En este caso —¡claro!— me correspondía desempeñar el papel del desvalido roedor pequeño en medio de los fiscales, jueces y meros instructores policiales que, como verdaderos depredadores, interpretaban el papel del felino cazador.

En ese difícil empeño, de vez en cuando —aclaro que muy de tarde en tarde— surgía la posibilidad de aprovecharme, en mi accionar profesional, de algún pequeño margen que brindaban las autoridades castristas cuando aparecía una diminuta hendidura en el bloque sólido de su legislación antidemocrática y represiva.

Una limitada posibilidad de ese tipo surgió cuando el fundador de la dinastía, en 1992, dispuso reformar la Constitución para, entre otras cosas, declarar “la libertad política” como uno de los supuestos fines del Estado Cubano de hoy. Por supuesto que se trataba —aún hoy se trata— de una vulgar engañifa. Es una contradicción en términos enarbolar un concepto tan elevado como ese en un país de partido único y “dictadura del proletariado”.

Pero, como buen “ratoncito”, este servidor trataba de cumplir con los enunciados de la ética profesional al argumentar de forma repetida ante los tribunales que, al lanzar gritos de —digamos— “¡Abajo Fidel!”, un ciudadano no profería una ofensa; sólo estaba exteriorizando su desacuerdo con las políticas del entonces Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Y esto último es una facultad inherente al ejercicio de esa “libertad política” proclamada en la superley reformada.