Entre los derechos más importantes que integran la Constitución de Estados Unidos figura el derecho a tener un juicio amparado por todas las garantías procesales (fair trial) cuando el acusado tiene que enfrentar cargos ante un tribunal. Esto implica que el acusado sea considerado inocente hasta que se le prueba la culpabilidad "sin lugar a dudas". Por eso, en los casos criminales, se le exige al jurado unanimidad, ya sea para declarar "culpable" o "inocente" al acusado. Cuando no se logra la unanimidad del jurado en un caso criminal, el juicio se anula y, en la mayoría de los casos, debe convocarse a otro juicio con nuevos jurados. En algunas localidades se permite que el jurado presente una lista de preguntas para que se les dé respuesta en una audiencia posterior y puedan así llegar a un veredicto antes de declarar el juicio nulo si todavía no logran la unanimidad.

Este sistema obliga a los fiscales a exigir pruebas comprobables por parte de los investigadores para proceder a llevar a juicio a un acusado. Además, las garantías procesales implican también los derechos a tener un abogado (aun si no puede sufragar su costo), a un juicio público y sin demora, a no utilizar pruebas incautadas ilegalmente (sin una apropiada orden del tribunal), a no enfrentar confesiones obtenidas ilegalmente o bajo coacción, a no exigir la autoincriminación bajo juramento (porque podría ser coaccionada), etc.

Sin embargo, estos requisitos no agotan las garantías procesales sino que un debido proceso legal requiere que los procedimientos sean justos aunque la equidad sea un concepto relativo, no absoluto, porque lo que es justo en un conjunto de circunstancias puede ser un acto de tiranía en otros. Por consiguiente, aplicadas estas consideraciones a un juicio penal, la denegación del debido proceso es el incumplimiento de esa equidad fundamental esencial para el concepto mismo de justicia. Para declarar la anulación de un juicio y dejar en libertad al acusado sin juicio, la Corte debe encontrar que la ausencia de esa equidad infectó fatalmente el proceso; es decir, los actos denunciados deben ser de tal calidad que impidan necesariamente un juicio justo. 

Las arcas nacionales están vacías, sin esperanzas de recaudar divisas mediante exportaciones de bienes y servicios para pagar importaciones urgentes de combustibles y alimentos básicos

Las Casas de Cambio (Cadecas) suspendieron el serviciode recanje de moneda libremente convertible (MLC) en los aeropuertos internacionales de Cuba desde este 20 de mayo.

Las arcas nacionales están vacías, sin esperanzas de recaudar divisas mediante exportaciones de bienes y servicios para pagar importaciones urgentes de combustibles y alimentos básicos, según evidencia el incremento de las  restricciones aplicadas por el Gobierno. 

Ahora se torna peligroso posponer aún más los pagos de las deudas contraídas por el país; las inversiones en la industria y la agricultura se vuelven más lejanas y las producciones locales tardarán en despegar. El turismo, llamado la locomotora de la economía, está tan enclenque como los ferrocarriles cubanos. Por su parte, las inversiones destinadas al sector, en detrimento de la producción y los servicios sociales, han endeudado a varias generaciones de cubanos, sin que las miles de habitaciones construidas puedan ocuparse en los próximos años. 

Ciertamente, no hay un Período Especial similar al existente entre 1989 y 2005, cuando se deterioraron por negligencia los inventarios en los almacenes. La industria y la agricultura tenían maquinarias con tecnologías atrasadas, pero en buen estado y producían. Ahora existe un “Período Coyuntural de Continuidad”, sin esperanzas de salvación exterior ni recuperación endógena a corto plazo, debido a las industrias obsoletas, el campo con apenas arados y bueyes, y el capital humano devaluado.

La imposibilidad de pagar los cargamentos de combustible ha sido la causa fundamental de los cortes de electricidad en todo el país, así como de la minimización de las asignaciones de combustible a la industria, la agricultura, los servicios y el transporte público; de la disminución de la venta liberada de pan y la incorporación de un 20% de harina de maíz a su masa, según han reconocido ejecutivos cubanos en los reportajes televisivos y otros medios oficiales.

Las tiendas de las cadenas CIMEX, TRD y otras que no pasaron a la categoría de venta en pesos libremente convertibles han sufrido la desidia y apenas reciben algún producto para matar el hambre de la mayoría de los cubanos, que realizan colas y pagan con los devaluados pesos, resultantes de la Tarea Ordenamiento.

Esas empresas monopólicas pasaron sus prioridades a las tiendas de venta en MLC (dólares) que, según el Gobierno, servirían para abastecer los establecimientos en moneda nacional.

Sucesos recientes han puesto en tela de juicio la actuación del más destacado portavoz televisivo del régimen castrista

 En los últimos días ha vuelto a ser noticia el inefable “Humbertico”. Estamos hablando del jurista que hizo una carrera meteórica como locutor de la Televisión Cubana bajo el mando del antiguo jefe del Departamento Ideológico en el Comité Central del único partido. Estoy hablando de Víctor Gaute, quien durante el reciente Congreso pasó a engrosar las filas del “Plan Payama”.

El personaje se nombra Humberto López, pero los ciudadanos suelen chiquearle el nombre. Y no precisamente por cariño (esos, si los hay, serían poquísimos). Muchos se refieren a él así por verlo aún joven, pero los más lo hacen como forma de menospreciarlo; de “tirarlo a relajo”. Eso con todo y la flamante condición de miembro del Comité Central que acaban de otorgarle.

Como se sabe, el jurista hace frecuentes apariciones en el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) para fusilar reputaciones ajenas. De paso, ofende la inteligencia del cubano, como en su más reciente ejercicio: calificar de “terrorista” a un exiliado por realizar prácticas de tiro junto a unos amigos. Todos bien armados; ¿pero no sabe el “informado locutor” que eso es algo normal y lícito en Estados Unidos!

El hecho “denunciado” se derivaba de una conversación telefónica que “Humbertico” publicó. Se trata de una más de las pláticas que la policía política y el pulpo de las telecomunicaciones ETECSA (disculpen el pleonasmo) graban de modo sistemático. El presentador, poniendo de manifiesto su íntima vinculación con esos represores, la publicó en su más reciente entrega.

En el referido telefonema, el exiliado exhortaba a un compatriota residente en La Habana a desfilar por una calle céntrica de la capital lanzando consignas antigubernamentales. Se habló también de unas proclamas que debían distribuirse entre los asistentes. Palabras mediante, López transformó esa manifestación pacífica en un acto “terrorista”, el cual —además— calificó de particularmente canallesco, por producirse en vísperas del Día de las Madres.

A longstanding legal rule tells us that because the Constitution lists the federal government’s powers, any power not on the list is denied.

"

One of the Constitution’s most important features—limits on the central government—has been the target of a propaganda campaign for many decades.

“Progressive” commentators in politics, academia, and the media claim these limits impede creative and effective solutions to social problems. Over the years, they’ve enlisted many issues to promote their cause:

“We can end poverty only through bold federal initiatives!”

“To save the planet, we need more federal regulation!”

“The path to college affordability is for the federal government to pay full tuition!”

“The way to jump-start the economy is through massive federal stimulus spending!”

Other issues on the list have included civil rights, consumer protection, inequality, K-12 education, climate change, racism, and “crumbling infrastructure.” Whatever the malady, the prescription—federal action beyond what the Constitution authorizes—is always the same.

Just for once, I’d like to hear one of the propagandists admit that, in retrospect, too much federal intervention made a problem worse. They would have a lot of examples to choose from, but I don’t ever expect to hear it.

Unfortunately, the campaign to persuade Americans that the federal government is and should be omnipotent has enjoyed great success. One reason is that public school civics education often misrepresents the Constitution’s meaning and the reasons behind that meaning. This essay helps fill the gap by explaining how the Constitution confines federal power and why it does so.