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16/01/2021
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Denuncias / Reports

ANP exige responsabilidades políticas y penales ante infame violación de derechos humanos en el país

PRONUNCIAMIENTO

  

ANP exige responsabilidades políticas y penales ante infame violación de derechos humanos en el país

 

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera crímenes de Estado la muerte de dos civiles en el marco de la legítima protesta ciudadana en el país. Dichas muertes deben ser llevadas a los tribunales internacionales y someter a la justicia a los responsables políticos a quienes la renuncia a sus funciones no exime de juicio.

La ANP recuerda que la Policía Nacional del Perú es una institución altamente jerarquizada por lo que hay responsabilidades políticas en este nivel de represión policial no visto en los últimos 30 años. Deploramos, en ese sentido, que el renunciante Manuel Merino de Lama y Antero Flores-Aráoz, en su condición de primer ministro, felicitaran públicamente el accionar de efectivos policiales en los operativos de contención de las protestas, a pesar de las detenciones arbitrarias, agresiones y graves limitaciones al trabajo periodístico denunciadas en el marco de las mismas.

Dichas violaciones a los derechos humanos se han producido en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza policial ante el legítimo derecho a la protesta de la ciudadanía, vulnerando no sólo ordenamiento jurídico nacional, sino todo estándar interamericano fijado sobre el particular.

La ANP ha contabilizado en los últimos cinco días 38 ataques a periodistas. Del total de estos, 31 han sido perpetrados por agentes policiales y siete por sujetos no identificados. Periodistas y fotoperiodistas fueron deliberadamente atacados a pesar de tener visible su identificación de prensa.

En estos días de signo trágico para el país, la ANP expresa su pesar a las familias de los asesinados, demanda inmediata intervención del Ministerio Público para formalizar acción penal contra Manuel Merino de Lama, Antero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez Limo y los jefes de la Policía responsables del operativo e invoca a los actores políticos del país alto sentido de Estado para restablecer el orden democrático.

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ANP denuncia 35 ataques a periodistas durante protestas

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reporta que durante 4 días de protestas ciudadanas (9, 10, 11 y 12 de noviembre) han sido registrados 35 ataques a periodistas.

Del total de estos, 29 han sido perpetrados por agentes policiales y 6 por sujetos no identificados en el marco de las manifestaciones ciudadanas.

La mayor cifra de agresiones a la prensa se han concentrado en la capital con 34 ataques. Solo dos se sucedieron en la provincia de Puerto Maldonado (Madre de Dios).

La ANP reprueba que el Estado evada su responsabilidad de garantizar la seguridad de las y los periodistas durante la cobertura informativa de la protesta social, mandato que emana del marco legal nacional y los estándares interamericanos. Con el agravante, además, de que son, precisamente efectivos de la Policía Nacional de Perú, los principales agresores de hombres y mujeres de prensa.

La ANP, a través de su observatorio de libertad de prensa -que se encuentra en actividad permanente durante los días de protestas-, sigue monitoreando las agresiones y obstrucciones a trabajo periodístico durante la cobertura de las manifestaciones a nivel nacional.

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Arzobispo de Santiago de Chile, denuncia los numerosos atentados que padece la Iglesia chilena

Monseñor Celestino Aós Braco denuncia los atentados, la violencia, la quema de Iglesias, el hostigamiento que padecen la institución y los fieles en Chile. 

Oct. 23.“La violencia es mala, y quien siembra violencia cosecha destrucción, dolor y muerte. Nunca justifiquemos ninguna violencia”, aseguró monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de Chile, en reacción de condena a los violentos ataques que sufrió el domingo 18 de octubre la Iglesia chilena.

“Ya hace un año sufrimos un estallido de violencia que nos causó tanto dolor personal, y tanta destrucción material que pensábamos habría sido una lección amarga y fuerte. Nos ha costado reconstruir las instalaciones, y ha exigido a los más empobrecidos sacrificios e incomodidades constantes; se les hizo la vida más penosa”, recordó.

El primer santuario en arder fue la Iglesia San Francisco de Borja, usado regularmente por el cuerpo policial de carabineros: fue saqueada y algunas de las imágenes religiosas quemadas en la calle. Horas más tarde la violencia alcanzó la Iglesia de la Asunción y su cúpula se desplomó consumida por las llamas. Era una de las más antiguas de la capital (construida en 1876). Ambas se encuentran en las inmediaciones de la ya famosa Plaza Italia, donde también fueron saqueados varios comercios y un supermercado. 

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XINJIANG: Persecution of the Uyghurs is a crime against humanity

It is also the gravest example of a worldwide attack on human rights.  

Party cadres, usually Han Chinese, are stationed in Uyghur homes, a policy known as “becoming kin”.

Oct. 17.– The first stories from Xinjiang were hard to believe. Surely the Chinese government was not running a gulag for Muslims? Surely Uyghurs were not being branded “extremists” and locked up simply for praying in public or growing long beards? Yet, as we report in this week’s China section (see article), the evidence of a campaign against the Uyghurs at home and abroad becomes more shocking with each scouring of the satellite evidence, each leak of official documents and each survivor’s pitiful account.

In 2018 the government pivoted from denying the camps’ existence to calling them “vocational education and training centres”—a kindly effort to help backward people gain marketable skills. The world should instead heed Uyghur victims of China’s coercive indoctrination. Month after month, inmates say, they are drilled to renounce extremism and put their faith in “Xi Jinping Thought” rather than the Koran. One told us that guards ask prisoners if there is a God, and beat those who say there is. And the camps are only part of a vast system of social control.

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Rodean la casa del periodista independiente Boris Gonzalez Arenas, amenazan la familia y le confiscan sus datos móviles

OCTUBRE 14 DE 2020

En el día de hoy, autoridades policíacas del gobierno de Cuba rodearon la casa del activista Boris González Arenas, miembro independiente de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD),  de inmediato procedieron a amenazar a un miembro de su familia y le confiscaron al reconocido periodista independiente sus datos móviles, según ha informado públicamente.

El activista Boris González  había sido invitado a participar como moderador en la videoconferencia  “VII Diálogo sobre Cuba” que trataría, con distintos participantes, el tema relacionado con el papel de las llamadas “personas influyentes” en la esfera pública cubana.

Estos ilegales actos represivos de las autoridades policíacas cubanas en contra de Boris González Arenas, tenían como objetivo el evitar su participación en la videoconferencia y boicotear la celebración de la misma.  Actos que se suman a la oleada de acciones que en contra de much@s disidentes, activistas y artistas se han venido realizando en la última semana.

La Solidaridad de Trabajadores Cubanos, miembro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) denuncia enérgicamente esta política arbitraria e injusta que las autoridades cubanas practican contra los miembros de la sociedad civil independiente cubana. Estas acciones  del régimen cubano constituyen una franca violación de los derechos fundamentales de estas personas. Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y a las organizaciones hermanas afiliadas a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas-Cribe (ADS), para que exijan del gobierno de la República de Cuba el cese inmediato de estas  arbitrarias e injustas prácticas represivas.

 Por la Solidaridad de Trabajadores Cubanos,

Juan Antonio Francés, Presidente

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