La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprueba la solicitud  de medidas cautelares al gobierno de la Republica de Cuba, solicitada por la activista de derechos humanos en la isla, María Elena Mir Marrero.

En la actualidad la Sra. Mir Marrero es la Coordinadora Nacional de la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios (RELLIC), una organización que se enfoca y promueve el liderazgo democrático en Cuba. Además se desempeñaría como la Secretaria General de la Confederación  Obrera Nacional Independiente  de Cuba (CONIC) e integra la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD).

La CIDH tras  analizar  las  alegaciones  de  hecho  y  de  derecho  presentadas  por  la solicitante,  la Comisión considera “que la información presentada demuestra prima facie que la señora María Elena Mir Marrero se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”.

En su Resolución 13/2020 la CIDH  solicita  de la Republica de Cuba:

“a)    adoptar  las  medidas  necesarias  para  preservar  la vida  y la integridad  personal  de la señora María Elena Mir Marrero;

b)  adoptar las medidas necesarias para que la señora María Elena Mir Marrero pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos en el ejercicio de sus funciones;

c)    concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y

d)   informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y, así, evitar su repetición”.

Los nuevos presos políticos son: Yasser Rivero Boni (periodista independiente), Luis Andrés Domínguez García (FACOZT), y Sandalio Mejías Zulueta (UNPACU).

11.000 civiles cubanos, no afiliados a organizaciones opositoras, son Convictos y Condenados de Conciencia, o están actualmente condenados por acusaciones “pre-delictivas”, a condenas de entre 1 y 4 años por su desafecto y sus críticas al sistema, pero sin delito asociado.

• La lista neta el 1º de enero de 2020 compilada por Cuban Prisoners Defenders arroja un total de 129 condenados políticos por su oposición al régimen.

• En los 5 últimos meses han entrado 21 nuevos Convictos de Conciencia en la lista de Cuban Prisoners Defenders.

Presos políticos reconocidos en oposición al régimen castrista: 1 de febrero de 2020.

Reconocemos en CPD, a 1 de febrero de 2020, a 129 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero además otros 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, ambos grupos de conciencia con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito previo, que tratamos en el apartado 2 de esta nota de prensa.

La tarde del miércoles, 29 de enero, un grupo de 80 hombres fuertemente armados atacó la comunidad de Alal en el territorio Mayangna Sauni As en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Bosawas.

Las primeras víctimas del ataque estaban pescando en el río Casca.  En el lugar fue asesinado Arly Samuel Gutierrez yHeridos comunidad de Alal. Will Fernández, herida de bala en la cabeza. resultaron heridos Centeno Indalecio y Marconi Jarquín, quienes lograron alertar a los comunitarios sobre la presencia del grupo armando. Las mujeres, niños y ancianos huyeron de la comunidad, mientras los hombres se quedaron para defender sus casas.  Poco después, fueron atacados por el grupo armado, que abrió fuego en contra de los comunitarios, quemó 16 viviendas, incluyendo la casa pastoral y mató a todos los animales.

Como resultado del segundo ataque, fue asesinado Juan Emilio David Gutiérrez y resultó herido Will Fernández con un impacto de bala en la cabeza.   Se encuentran desaparecidas las siguientes personas:

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP- manifiesta su extrañeza ante la desproporcionada intervención fiscal realizada en la vivienda de la periodista María Teresa García Valenzuela, editora de la sección política del diario Expreso.

El hecho ocurrió el último miércoles 29 de enero, en horas de la mañana, cuando la periodista se encontraba en su vivienda, hasta dónde llegaron los fiscales Víctor Alfredo Novella Secada y Magnolia Del Rosario Huertas Angulo, titular y adjunta de la 12 Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao. Junto al equipo de la Fiscalía llegó un contingente de aproximadamente 40 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El equipo fiscal se había apersonado para solicitar a García Valenzuela las grabaciones de las cámaras de seguridad de su vivienda, puesto que el 9 de enero último se suscitó un asalto agravado en la esquina del inmueble y sus equipos de videovigilancia registraron el hecho.
Novella y Huertas realizaron esta acción con una orden de descerraje firmada por el titular del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatorio Transitorio del Callao, Renzo Arturo Subiria Ruiz, que autorizó la acción. La periodista accedió a dejar ingresar al equipo integrado que realizaba el allanamiento a su vivienda.

Según relató María Teresa García a la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, el equipo fiscal solicitó insistentemente que ella les entregara la laptop de su propiedad, a lo que ella se negó aduciendo que es su propiedad personal, ante ello, la respuesta que recibió fue que si no colaboraba con la operación fiscal tendría que responder ante un juez por sus acciones.