The Pakistan Penal Code, the main judicial law of Pakistan, prohibits blasphemy (Urdu: قانون توہین رسالت‎) against Islam, providing penalties ranging from a fine to death. Since 1990, nearly 70 people have been executed, lynched or murdered as a result of blasphemy allegations and many more are awaiting sentence."

‘The blasphemy law destroys the lives of those who have been accused, even if they avoid being executed’.–Father James Channon

Lahore, Jan.23.– There are nearly 200 cases of Christians in Pakistan charged with blasphemy – the controversial law made famous by Asia Bibi, according to a January 23, 2019, report by Aid to the Church in Need (ACN).

Father James Channon, director of the Peace Center in Lahore, which promotes inter-faith relations, said research by the Catholic Church had revealed 187 live cases of Christians charged with blasphemy which in Pakistan can carry sentences of life imprisonment or death.

El asalto a CONFIDENCIAL, la confiscación del edificio donde funciona la redacción, y la agresión de la Policía en contra del equipo de esta publicación, es parte de la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que esta vez está dirigida a medios de comunicación independientes, defensores de derechos humanos y organismos no gubernamentales críticos. De acuerdo a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “cuarta fase de la represión” se acelera, consolidándose “un estado de excepción”.

“En Nicaragua los decretos que prohíben protestas, leyes que amenazan a los negocios privados, autorizaciones para allanamientos, actos legislativos que intentan cerrar ONGs, son las nuevas acciones que vienen a sumarse al proceso de persecución y criminalización de la oposición”, expresó Abrao. “Se acelera la cuarta fase de la represión: la consolidación de un Estado de Excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad’ para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”, agregó.

El secretario de la CIDH insistió en que la reducción de los espacios de la sociedad civil confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente y criminalizar a los opositores, “se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes”. “Las democracias exigen pluralidad política”, recomendó Abrao.

Mientras que la relatora especial para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, preguntó en su cuenta de Twitter: “Primero reprimieron brutalmente las protestas (325 muertos); después apresaron y procesaron sin garantías mínimas de debido proceso a líderes de movimiento estudiantil y campesino; hoy van por acallar a la prensa y a las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué democracia es esa donde no hay espacio para disentir?”.

Las activistas María Mercedes Benítez Rodríguez (Cope)  y María Elena Mir Marrero (Conic) ambas integrantes de la Red de Lideres y Lideresas Comunitarios (Relic) denuncian el asedio  que sufren por partes de las autoridades cubanas que han sido amenazadas y detenidos por las autoridades represivas cubanas por tratar de hacer su trabajo pacifico de luchar por una Cuba verdaderamente democrática.

La situación fue la siguiente: el día 6 de diciembre la activista María Mercedes Benítez Rodríguez se dirigía hacia la Habana y la guagua en la que viajaba fue interceptada cerca del intermitente de Alamar por dos patrullas y el oficial que se hace llamar Salvador el cual la  bajo de la guagua y la llevaron a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del Cerro, allí le mostraron fotos de todos los movimientos que había realizado en días anteriores para la realización de la conversación deliberativa constitucional que se efectuó el día 29 de noviembre, dejando claro que todo el mes de diciembre no iban a permitirle realizar ningún tipo de actividad, además le dijeron que no le iban a perder ni pie ni pisada pues conocían de todo el activismo en Santiago de Cuba y del grupo que represento en el mismo.

 En el caso de María Elena Mir Marrero fue detenida,  el pasado 6 de diciembre, por dos patrullas por el oficial que se hace llamar Charles en 5ta avenida esquina a 486 en la localidad de Guanabo y conducida a la PNR del mismo. Después de un interrogatorio amenazante con todo tipo de advertencia dejándole claro que conocían desde los días anteriores todos sus movimientos incluso personales. Para culminar mostraron un acta de advertencia de peligrosidad que le podían aplicar por atentar contra la seguridad del estado, la paz y tranquilidad nacional y que podía terminar el fin de año en la prisión de 100 y Aldabó, la primera por mis actividades como miembro de la Secretaria Ejecutiva de la MUAD y coordinadora de la RELLIC y la segunda por el activismo con el cuentapropismo como sindicalista independiente, como Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC).

 Aproximadamente desde el pasado día 20 de noviembre hasta la fecha María Mercedes Benítez coordinadora nacional de COPE y RELLIC y María Elena Mir Marrero han sido objeto de constante asedio y vigilancia, y seguiremos siendo según sus propias palabras.

Supporters of imprisoned Selahattin Demirtas of the People's Democratic Party (HDP), an associate member of the Party of European Socialists, hold rally in Istanbul carrying HDP and Turkish flags with a picture of of Demirtas.  

Brussels, Dec.9.– A Turkish appeals court cast aside a recent ruling by the European Court of Human Rights on December 6 and openly challenged their authority by upholding the prison sentence of Selahattin Demirtas, the leader of the People’s Democratic Party (HDP), the pro-Kurdish political entity that champions participatory democracy, women’s and religious minority rights, and which has been in fierce opposition to the authoritarian government of Turkish President Recep Tayyip Erdogan.

The Kurdish politician was tried and convicted for what most outside observers say were trumped up charges of inciting terrorism and sedition during a speech he delivered in 2013. He is in detention since November 2016, after Erdogan personally accused him of having ties to the PKK, the outlawed armed Kurdish insurgent group that has been at war with the Turkish government since the 1980s.