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29/10/2020
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Denuncias / Reports

Arzobispo de Santiago de Chile, denuncia los numerosos atentados que padece la Iglesia chilena

Monseñor Celestino Aós Braco denuncia los atentados, la violencia, la quema de Iglesias, el hostigamiento que padecen la institución y los fieles en Chile. 

Oct. 23.“La violencia es mala, y quien siembra violencia cosecha destrucción, dolor y muerte. Nunca justifiquemos ninguna violencia”, aseguró monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de Chile, en reacción de condena a los violentos ataques que sufrió el domingo 18 de octubre la Iglesia chilena.

“Ya hace un año sufrimos un estallido de violencia que nos causó tanto dolor personal, y tanta destrucción material que pensábamos habría sido una lección amarga y fuerte. Nos ha costado reconstruir las instalaciones, y ha exigido a los más empobrecidos sacrificios e incomodidades constantes; se les hizo la vida más penosa”, recordó.

El primer santuario en arder fue la Iglesia San Francisco de Borja, usado regularmente por el cuerpo policial de carabineros: fue saqueada y algunas de las imágenes religiosas quemadas en la calle. Horas más tarde la violencia alcanzó la Iglesia de la Asunción y su cúpula se desplomó consumida por las llamas. Era una de las más antiguas de la capital (construida en 1876). Ambas se encuentran en las inmediaciones de la ya famosa Plaza Italia, donde también fueron saqueados varios comercios y un supermercado. 

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XINJIANG: Persecution of the Uyghurs is a crime against humanity

It is also the gravest example of a worldwide attack on human rights.  

Party cadres, usually Han Chinese, are stationed in Uyghur homes, a policy known as “becoming kin”.

Oct. 17.– The first stories from Xinjiang were hard to believe. Surely the Chinese government was not running a gulag for Muslims? Surely Uyghurs were not being branded “extremists” and locked up simply for praying in public or growing long beards? Yet, as we report in this week’s China section (see article), the evidence of a campaign against the Uyghurs at home and abroad becomes more shocking with each scouring of the satellite evidence, each leak of official documents and each survivor’s pitiful account.

In 2018 the government pivoted from denying the camps’ existence to calling them “vocational education and training centres”—a kindly effort to help backward people gain marketable skills. The world should instead heed Uyghur victims of China’s coercive indoctrination. Month after month, inmates say, they are drilled to renounce extremism and put their faith in “Xi Jinping Thought” rather than the Koran. One told us that guards ask prisoners if there is a God, and beat those who say there is. And the camps are only part of a vast system of social control.

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Rodean la casa del periodista independiente Boris Gonzalez Arenas, amenazan la familia y le confiscan sus datos móviles

OCTUBRE 14 DE 2020

En el día de hoy, autoridades policíacas del gobierno de Cuba rodearon la casa del activista Boris González Arenas, miembro independiente de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD),  de inmediato procedieron a amenazar a un miembro de su familia y le confiscaron al reconocido periodista independiente sus datos móviles, según ha informado públicamente.

El activista Boris González  había sido invitado a participar como moderador en la videoconferencia  “VII Diálogo sobre Cuba” que trataría, con distintos participantes, el tema relacionado con el papel de las llamadas “personas influyentes” en la esfera pública cubana.

Estos ilegales actos represivos de las autoridades policíacas cubanas en contra de Boris González Arenas, tenían como objetivo el evitar su participación en la videoconferencia y boicotear la celebración de la misma.  Actos que se suman a la oleada de acciones que en contra de much@s disidentes, activistas y artistas se han venido realizando en la última semana.

La Solidaridad de Trabajadores Cubanos, miembro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) denuncia enérgicamente esta política arbitraria e injusta que las autoridades cubanas practican contra los miembros de la sociedad civil independiente cubana. Estas acciones  del régimen cubano constituyen una franca violación de los derechos fundamentales de estas personas. Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y a las organizaciones hermanas afiliadas a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas-Cribe (ADS), para que exijan del gobierno de la República de Cuba el cese inmediato de estas  arbitrarias e injustas prácticas represivas.

 Por la Solidaridad de Trabajadores Cubanos,

Juan Antonio Francés, Presidente

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Exigen acción inmediate ante la Corte Penal Internacional contra los violadores de los DDHH en Venezuela

 VenAmérica respalda plenamente la exigencia de CICIVEN, ante el contundente Informe de la Misión Internacional Independiente. El pronunciamiento de CICIVEN está firmado por nuestros presidente y vicepresidente, Luis Corona y Paciano Padrón, quienes son respectivamente, Director de Estrategia y Vicepresidente del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela. 

En Doral, 18 de septiembre de 2020

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CICIVEN EXIGE ACCIÓN INMEDIATA ANTE EL CONTUNDENTE INFORME DE  LA MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, SOBRE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA

 

El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), ante la contundencia del Informe presentado por la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con señalamiento expreso de crímenes de lesa humanidad, con pruebas de hechos, víctimas y personas responsables, acciones criminales estas convertidas en política de Estado, y a dos años de la denuncia presentada por seis Estados Parte de la Corte Penal Internacional, CPI, contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, hace públicos los siguientes requerimientos:

PRIMERO:  Insta al Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, a la presentación inmediata de una denuncia ante la Corte Penal Internacional, como Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Estado Parte, en contra de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Néstor Reverol y todos aquellos señalados como presuntos responsables materiales o intelectuales por  la comisión  de crímenes de lesa humanidad, solicitando el apoyo de todos los Estados parte, tanto de los que le han reconocido como Presidente Interino, como del resto de la comunidad internacional, para que respalden esta iniciativa de justicia universal para las víctimas. A este  propósito ofrecemos nuestra experiencia y conocimientos.

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Informe de la devastadora política de violaciones de los DDHH en Venezuela

Ginebra, Sept. 17 (DP.net).– La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en la República Bolivariana de Venezuela, actuando bajo un mandato de Naciones Unidas, publicó este miércoles 16 de septiembre un devastador informe sobre la violación de los Derechos Humanos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. La misión está integrada por Marta Valiñas (presidenta), de Portugal; Francisco Cox Vial, de Chile; y Paul Seils, del Reino Unido, y se estableció en virtud de la resolución 42/25, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019.

En el informe se reconoce la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, pero la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos e identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el informe establece que el Estado venezolano y sus organismos judiciales deben exigir cuentas a todos los de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior, de Justicia y Paz y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes y, según el Informe, “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

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