Por SIRO DEL CASTILLO, Comisionado para el Caribe de la CLADEHLT

Hace 29 años la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) convoco, en la Ciudad de Panamá, la “Asamblea de los Trabajadores y los Pueblos Latinoamericanos”, en ocasión del 30 aniversario de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de las Naciones Unidas. En este importante evento del movimiento de los trabajadores de América Latina-Caribe,  fue proclamada la “Carta Latinoamericana de los Derechos y las Libertades de los Trabajadores y de los Pueblos” ("Carta").

En dicho documento quedo expresada la preocupación de los trabajadores latinoamericanos-caribeños sobre la situación, que existía en aquel momento y que todavía hoy persiste, de los trabajadores emigrantes, refugiados y exiliados, al ser reconocido en el texto de la “Carta” que: “Todo trabajador tiene derecho a la libre migración interna o externa, de acuerdo a las exigencias del desarrollo y del bien común” y que “Todo trabajador migrante debe ser tratado en condiciones y derechos iguales a los de los trabajadores del país en donde fija su residencia y a que se le otorgue la documentación necesaria si careciera de ella”.

La “Carta”  también reconocía y proclamaba  los derechos que tienen los trabajadores refugiados y exiliados en los países que le dan refugio o asilo, así como la necesidad de que “la sociedad debe eliminar las causas que generan las migraciones forzosas” impulsadas por injustas e inhumanas situaciones políticas, económicas y sociales que obligan al éxodo de los trabajadores.

Por un lado la “Carta” reafirmaba los derechos universalmente reconocidos de que “Toda  persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un  Estado”  y que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a  regresar a su país. (…), tal y como están contemplados en el Articulo 13 de la “Declaración Universal de Derechos Humanos” de las Naciones Unidas. Lo que todos conocemos como el “Derecho a Emigrar”. Pero sin embargo,  la “Carta” planteaba también la urgente necesidad que  tiene  la sociedad de eliminar las causas que generan las migraciones forzadas producto de situaciones injustas e inhumanas en las que se ven obligados a vivir decenas de millones de trabajadores latinoamericanos y caribeños. Este planteamiento proclamaba de hecho la existencia del derecho que tiene el ser humano a no ser forzado a emigrar.

Pese a que la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, en su articulado no contiene explícitamente  en su articulado una referencia a la existencia del “Derecho a No Emigrar”, implícitamente su articulado si lo expresa. Sobretodo al considerar los derechos que tiene la persona humana  tal y como están contemplados en sus artículos 3, 5. 9, 22, 23, 24, 25, y 26, por solo mencionar algunos de los más importantes, que contienen derechos políticos,  económicos, sociales y culturales.

Derechos, que si realmente le fueran garantizados en el lugar en que viven, le permitirían a los trabajadores desarrollar su vida política, económica, social y cultural, sin verse forzado a trasladarse a otro país para lograr un nivel satisfactorio de las necesidades básicas de él y su familia, para todos poder vivir y realizarse con dignidad  en condiciones que le permitan un desarrollo integral de su persona.

Si bien es verdad que desde la prehistoria siempre ha existido una necesidad en el ser humano de trasladarse en la simple búsqueda  de mejores oportunidades para sobrevivir. Hoy esa necesidad, es impulsada por las crecientes desigualdades e injusticias, políticas, económicas, sociales y culturales, así como también por la violencia indiscriminada, los secuestros y los asesinatos de personas inocentes, surgidos de interminables conflictos armados, que han obligado a  millones de seres humanos a abandonar o desplazarse de sus países o zonas  de origen para tratar no solamente de sobrevivir, sino para alcanzar el sueño de todo ser humano de vivir en dignidad.

Hoy en día los trabajadores emigrantes ven que las actuales fronteras de los  Estados dificultan cada día más esa movilidad, a lo que se le suma las actitudes y políticas de gobiernos y  sectores económicos, tanto en los países de origen de los emigrantes como de los países receptores, que no quieren reconocerle a los emigrantes de hoy en día la dignidad plena de todo ser humano como persona y lo que es peor el derecho que tienen a no ser forzados a emigrar.

Históricamente América Latina y el Caribe fueron grandes receptores de migraciones, sin embargo hoy en día el movimiento de las migraciones es principalmente de Sur a Norte, con un cambio radical de rumbo. Según cifras de las Naciones Unidas en el 2003 se estimaba que cerca de 180 millones de personas estaban viviendo en un lugar distinto al de su país de origen, solamente en los Estados Unidos de América hay más de 25 millones de personas de otro origen nacional. La mayoría provenientes de los países de América Latina y el Caribe,  cifra significativa pues es casi el doble de las que existían en la década de los setenta.

Lo que mas impacta de esta nueva etapa es que muchos países de América Latina y el Caribe, se han convertido en “expulsores sistemáticos de su población”, convirtiéndose así de hecho, en una región exportadora de mano de obra -calificada o no calificada- para los mercados de trabajo de los llamados países desarrollados, en las mayoría de los casos en verdadera situaciones de explotación.

Hoy al amanecer del siglo XXI, el continente no ha logrado transformar las causas estructurales económicas, sociales y culturales que en el fondo son las que promueven los conflictos, la pobreza y fuerzan a los seres humanos a emigrar. La adopción en países de América Latina y el Caribe del esquema neoliberal y en un caso el de un estatismo-neoliberal, ha profundizado más todavía las limitaciones e inequidades económicas y sociales que afectan nuestra región, creando condiciones difíciles para la mayoría de nuestros pueblos y que son factores principales en el incremento de la constante movilidad principalmente hacia el Norte.

La globalización y las migraciones van de la mano. La globalización ha incrementado las diferencias entre el norte y el sur. Este fenómeno migratorio actual  no lo podemos separar del mundo del trabajo. Los trabajadores sin mayores posibilidades de empleo y mucho menos de empleo digno, buscan al migrar mejorar sus condiciones. El trabajo que realizan,  aunque no  les pague debidamente, les permite  un ingreso que es relativamente mas alto, que les facilita en definitiva el envió de remesas, que aunque sean pequeñas, ayudan parcialmente a alimentar a la familia y asegurar salud y educación para los hijos que dejaron atrás.

Sin embargo, el problema al que se enfrentan es que las condiciones de trabajo de los emigrantes siguen estando lejos de ser satisfactorias. Esto es acompañado también por el control y la penalización de la movilidad de los emigrantes por parte de los países receptores, que hace que los trabajadores se vean forzados a emigrar en condiciones de precaria legalidad cuando no de absoluta ilegalidad”, lo que los obliga a tener que trabajar “por la izquierda”, el llamado trabajo negro, o en el submundo del trabajo barato. Teniendo que vivir en las sombras, la angustia, siendo victimas de la discriminación y la xenofobia, y donde los derechos humanos fundamentales que tiene toda persona humana le son violados.

Es este cuadro desolador, en el que viven la mayoría de los  trabajadores emigrantes, el que les permite a los países receptores del llamado “mundo desarrollado” aprovecharse de ellos. Los Estados Unidos de América, que es el  principal receptor de emigrantes de América Latina y el Caribe, incorporan todos los años a miles de  trabajadores al  “submundo del trabajo barato”. Resultándole de extraordinario beneficio para su economía, ayudando a mantener salarios bajos y costos más baratos, que si la misma labor la realizaran los naturales del país teniéndoles que pagar los salarios mínimos y garantizándoles los beneficios establecidos por la ley. Por eso hay sectores económicos norteamericanos, que contrario a los grupos, que de boca y de hecho, rechazan la continua llegada de emigrantes,  promuevan tanto la migración calificada legal (el llamado robo de cerebros), como la no-calificada ilegal que es la que mas beneficios les brinda.

Hoy en día vemos con tristeza como los millones de trabajadores indocumentados que sobreviven en los Estados Unidos de América, se encuentran entro las dos “ex”. Los que los quieren “expulsar” a toda costa y construyen “muros de injusticia” y los que los quieren  “explotar” sin reconocerles sus derechos fundamentales.

La globalización neoliberal y la consolidación del poder casi absoluto de los capitales financieros transnacionales tienen consecuencias nefastas en las realidades nacionales de la mayoría de los países de esta región, creando los ambientes de falta de esperanza y las condiciones objetivas principales, que impulsan a los seres humanos y en particular a los trabajadores a buscar otras alternativa de vida en  lugares distintos a los que los vio nacer.

Sin embargo, son los países “expulsores” de los emigrantes, los responsables en primer término del cuadro desolador que hemos descrito. Lejos están los gobiernos de estos países de garantizarles a sus pueblos los derechos fundamentales de la persona humana, tal y como señaláramos al principio de este trabajo.  Es más aprovechándose de esta situación y desconociendo la responsabilidad que tienen, han logrado encontrar una solución parcial a sus problemas estructurales, gracias al aporte de las remesas que envían los emigrantes a sus familiares. Estas remesas significan en muchos casos la segunda fuente de recursos externos de algunos de nuestros países. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe publicado a finales del año 2006  “los emigrantes latinoamericanos y caribeños enviaron a sus países 60,000 millones de dólares”. De estos 45,000 millones, fueron enviados por los emigrantes que viven en los EE.UU.

 Este flujo de las remesas se ha convertido de hecho en una parte importante de las economías de la región, pues según la CEPAL “son una fuente significativas de recursos y juegan un papel decisivo como atenuantes de la pobreza “, contribuyendo a financiar gastos que son obligaciones y responsabilidades en principio, de los gobiernos de los países originales de los emigrantes, que mientras tanto derrochan y malversan los escasos tesoros de las naciones.

Esta responsabilidad compartida que tienen, tanto los países “expulsadores” como los receptores, de mantener o imponer injustas situaciones, han obligado a muchos millones de personas en todo el mundo a migrar en la búsqueda de vivir con dignidad. Terminando muchos de ellos viviendo en el mundo de los trabajadores inmigrantes legales, que no disfrutan de un trato decente y humano, o en el “submundo del trabajo barato” de los que se encuentran ilegalmente en los países receptores, que sufren las injustas e inhumanas consecuencias ya antes apuntadas, esto ha  dado paso a una nueva definición en materia de derechos humanos.

Hoy en día a la hora de hablar de los derechos básicos de los emigrantes se ha comenzado a introducir el concepto del “Derecho a no emigrar”. Esto que pudiera sonar contradictorio no lo es.

Su santidad Juan Pablo II, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones de diciembre del 2003,  señalaba: “crear condiciones concretas de paz, en lo que concierne a los emigrantes y refugiados, significa comprometerse seriamente para salvaguardar ante todo el derecho a no emigrar, es decir, a vivir en paz y dignidad en la propia patria”. El Papa mocionó también “la comida, la salud, el trabajo, la casa, la educación, sin las cuales mucha gente se ve en la obligación de emigrar por la fuerza”.

Para Juan Pablo II, como para los trabajadores que así lo expresaron en su “Carta”,  el “Derecho a no migrar”, es el derecho que tiene toda persona a  poder permanecer en el lugar que habita y desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de trasladarse a otro país para lograr un nivel satisfactorio de las necesidades básicas de él y su familia, para poder todos vivir en paz y realizarse con dignidad  en condiciones que le permitan un desarrollo integral de su persona.

Este derecho tiene que ser visto desde la perspectiva de que son, en primer lugar, los gobiernos nacionales los que tienen la obligación de garantizarle a los pueblos, ambientes propicios que le faciliten a sus ciudadanos la posibilidad de vivir y realizarse con dignidad, y en segundo lugar la responsabilidad de los países receptores, en particular los del llamado “mundo desarrollado”,  de creer en el destino universal de la tierra y demás bienes naturales, que fueron creados por Dios para el uso de todos y cada uno de los hombres y los pueblos, por lo que  deben “llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”. 

Sin embargo, dado las actuales condiciones y mientras las garantías de poder desarrollarse y vivir con dignidad en sus propios países no se den, los seres humanos tienen el derecho a emigrar. Derecho universalmente reconocido en los principales documentos  de la “Carta Internacional de Derechos Humanos” de las Naciones Unidas y en los documentos regionales de la Organización de Estados Americanos. Como de igual forma los derechos y la protección de los emigrantes han quedado plasmados en distintos documentos del derecho internacional. Primero en la “Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país  en que viven”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 y que posteriormente fueron  reafirmados en la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias” promulgada en 1995.

Las soluciones no son fáciles, pues mientras en los países “expulsores” no asuman su responsabilidad como garantes de los derechos fundamentales de la persona humana en todos sus órdenes y no se corten de raíz las causas económicas, sociales y políticas que obligan a los pueblos  a la emigración, estas serán solamente parciales y temporales. Mientras las políticas económicas promovidas por la globalización del neoliberalismo, no permitan los cambios estructurales que se necesitan en los países de América Latina y el Caribe para alcanzar un verdadero desarrollo integral y sustentable que les permita a los pueblos vivir y trabajar con dignidad, las migraciones no tendrán fin.

El movimiento de los trabajadores  esta enfrentado a dos injustas e inhumanas situaciones. Por un lado las situaciones nacionales que impiden el verdadero desarrollo integral de la persona humana, en violación de sus derechos fundamentales, forzándolos a emigrar y las situaciones bajo las que viven las personas,  que habiendo sido forzadas a emigrar, tratan de reconstruir sus vidas en otros países, en donde sus derechos fundamentales le son violados también.

La lucha de los trabajadores es en ambos frentes. Nada resolvemos luchando solamente por la dignidad para  emigrantes, si no luchamos a la par porque no existan emigrantes por dignidad. Por ahora, tanto el “Derecho a Emigrar” y los derechos de lo emigrantes en los países donde se encuentran tienen que ser defendidos, como también hay que defender, quizás con mas fuerza, el “Derecho a no Emigrar”, que en definitiva encierra en si mismo todos los derechos fundamentales por los que el movimiento de los trabajadores ha luchado históricamente.