por Alberto Andrade Carmona, Presidente de Somos Perú

Los partidos políticos son importantes y necesarios para la sociedad. Viven a pesar de padecer una crisis a escala mundial. Por eso es difícil sustraerse al seductor hechizo del reabierto debate parlamentario sobre la ley reguladora. El objetivo del partido político, como se sabe, es llegar al poder por medios legales. Indudable. Aunque es preferible conquistar la conciencia de la gente. La historia registra, cuando menos del siglo XIX a la fecha, dos tipos de partidos: Uno de cuadros dirigenciales y otro de masas.

Los primeros son los más antiguos, conservadores y liberales. Los segundos nacen en el siglo XX fundados por los socialistas. En años más recientes, en Europa Occidental, surgen otras manifestaciones partidarias. Se les llama, en español, partidos de atracción. Porque atraen y cautivan a quienes tienen vocación de una nueva cultura política como alentamos en Somos Perú.

Pero dejemos esta tipología para otro comentario. Ahora nos anima la iniciativa de la Comisión de Constitución que preside el congresista de Somos Perú, Dr. Natale Amprimo, de exhumar un proyecto que muchas veces, desde hace 20 años, se ha escondido o encarpetado. Al fin, ya no se puede aplazar más. Aunque por ahí algunos se desgañiten alegando que hay otras prioridades. Este es el momento adecuado y oportuno. Y punto. El Perú reclama un sistema de partidos con claras reglas de juego. No temamos. Demos el primer paso. Inconcebible pensar en una democracia sólida sin partidos políticos. Tenemos 182 años de vida republicana. Y sólo 53 años de democracia. Los demás han sido dictadura. Por eso es interesante que se haya reactivado esta vez un proyecto multipartidario que intenta dar institucionalidad y permanencia a los partidos. Para que sean fuertes y no débiles. Ya se han aprobado varios artículos. Estamos, pues, a puerta de ponernos a tono con países amigos que inclusive conceden financiamiento directo. Como sucede en Ecuador, Argentina, Panamá, Costa Rica, entre otros. Ni hablar del primer mundo. No existe ese privilegio en Chile, Venezuela y Perú.

Hay que afinar el capítulo relacionado al financiamiento. Sea que provenga de sector público o de la empresa privada. O mixto, en todo caso. Pero transparente de cualquier modo. Porque ese dinero sirve para capacitar y perfeccionar a los líderes que luego van a prestar servicios en la administración pública como autoridades locales, regionales y nacionales, legisladores, ministros de Estado. Para no poner a los más pintaditos sino a los más preparados. Esa es la única manera de conocer el origen de los fondos. Un equilibrio indispensable para frenar la influencia del poder económico, que, al final, inclina e influye en el resultado de un evento electoral. La ley tiene también que sancionar a los tránsfugas para que no se repita la vergonzosa conducta de quienes fueron comprados por un puñado de dólares, durante el fujimontesinismo. Esta traición a su organización partidaria y a sus electores debe castigarse prohibiendo su inclusión en listas de una próxima elección, así estaríamos impulsando una nueva cultura política. La cual tiene que forjarse desde los partidos obligados a recuperar credibilidad y relevancia.

Sólo así serán colectividades donde jóvenes, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, puedan desarrollar sus potencialidades exclusivas para ser más y servir a los demás. Verdaderas universidades de democracia participativa, paz y tolerancia. Debate permanente de temas estructurales de largo plazo y no simplemente coyunturales. Para eso, desde luego, se requiere una estructura orgánica nacida de elecciones internas bajo la supervisión de la ONPE. Queremos partidos políticos con funcionamiento institucional estable, con planes y proyectos y equipos de líderes locales, regionales y nacionales. Con decencia y docencia ciudadana. Caso contrario, la vida democrática del país seguirá siendo errática y un peligro constante para cualquier régimen emergido de la voluntad popular. He ahí la urgencia de aprobarse, antes que concluya la presente legislatura, una ley muy necesaria para contribuir a hacer país gobernable. Primero el Perú.