Donald Trump es el primer ex Presidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Además, el ex mandatario Republicano enfrenta varios juicios civiles, lo que promete complicarle el calendario de las primarias republicanas de 2024, en las que las encuestas le dan una enorme ventaja para ganar la nominación. Los numerosos procesos judiciales que se han iniciado contra él y las investigaciones correspondientes se han ido acumulando durante su último año en la Presidencia y en los años posteriores desde que perdió las elecciones en 2020.
Es importante señalar que el ex Presidente acumula nada menos que 91 delitos criminales en su contra por varios actos, incluidas presuntas irregularidades en el pago a la estrella porno Stormy Daniels, además del mal manejo de documentos secretos que le achacan y sus alegados intentos para modificar la elección presidencial en 2020. Nunca antes Estados Unidos se había enfrentado a una situación similar y todavía hay innumerables incógnitas sobre las posibles consecuencias para Trump y los peligrosos precedentes que pueden afectar la futura vida política de la nación.
Algunos casos en desarrollo presentan notables escándalos e irregularidades que pueden llegar a desacreditar el sistema de justicia, tanto si encuentren culpable a Trump como si lo encuentran inocente. Por ejemplo, se ha revelado que Letitia James, la fiscal que ha iniciado cargos de fraude contra el ex Presidente Trump, ha visitado la Casa Blanca en tres ocasiones entre 2022 y 2023, lo cual podría interpretarse como un conflicto de intereses políticos. En su visita al Presidente Biden, permaneció en la Casa Blanca por más de cinco horas hasta casi la media noche. En otras dos ocasiones visitó a la Vicepresidenta y a un analista.
Quienes defienden la actuación de la fiscal señalan que ella estaba investigando los manejos de las empresas de Trump desde 2019 y, por tanto, sus visitas a la Casa Blanca en 2022 y 2023 no se relacionan con el caso en contra del ex Presidente. James inició los procedimientos por fraude en 2022. Es importante tener en cuenta que la investigación y los procedimientos de corte no fueron instigados por acusaciones de fraude por parte de las presuntas víctimas de esos delitos sino por iniciativa de la fiscal y de su equipo de investigadores para presentar cargos que podrían acarrear una pena máxima que sumaría 55 años de cárcel.
Durante las recientes actuaciones de corte, Trump pidió a la jueza que aplazara la comparecencia para poder asistir a los funerales de su suegra, pero su petición le fue negada. También le fue negada su participación en los argumentos de clausura del caso. Sus abogados deseaban que Trump declarara desde el estrado.
En otro escenario, la fiscal encargada del caso contra el ex Presidente en Georgia, Fani Willis, también visitó la Casa Blanca durante varias horas en un encuentro con Kamala Harris y otros funcionarios. Una semana después inició cargos contra Donald Trump. En este caso, la fiscal ha orientado el caso como si Trump fuera un mafioso, usando una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, la cual ha sido usada en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti. Con esa ley, Willis ha logrado entrelazar los presuntos delitos cometidos por Trump y sus aliados, amalgamándolos en una narrativa en la que el ex Presidente emerge como el líder de una organización criminal para cambiar los resultados electorales.
También se ha sabido que la fiscal ha estado colaborando estrechamente con el Congresista Adam Schiff (D-Calif) en relación con las acusaciones relacionadas con los disturbios del 6 de enero. Este juicio, relacionado con los disturbios en el Capitolio nacional y acusaciones de interferencia electoral ha sido aplazado hasta el 4 de marzo, un día antes del llamado "súper martes" de las primarias presidenciales. Los abogados de Trump han pedido que el juicio sea televisado en directo para que el pueblo de Estados Unidos esté debidamente informado, pero la fiscalía se ha negado alegando que lo que quieren montar es un circo. La jueza federal Tanya Chutkan decidió que las actuaciones fueran en privado para salvar la dignidad de la corte.
La fiscal Willis utilizó los servicios de investigación de Nathan Wade a quien pagó $654,000 por su labor en 2022 usando fondos del Condado de Fulton. Posteriormente lo acompañó en cruceros por el Caribe. Ambos niegan haber tenido una relación sentimental. Se ha sabido también que ni el nombramiento de Wade ni sus honorarios fueron aprobados por la junta de comisionados de Fulton como lo requieren los reglamentos del condado.
Todos estos hechos y procedimientos son sólo una fracción de las actuaciones judiciales iniciadas contra Trump en los últimos tres años que están provocando una verdadera crisis que divide profundamente al país.
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