Poco más de 11.000 mipymes han sido aprobadas, según información del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba. La cifra es tan insignificante que no provocaría titulares en casi ningún país. Pero en la mayor de las Antillas todo se magnifica, quizás para demostrar la fuerza del poder y cuán difícil resulta todo.
En septiembre de 2021, las mipymes fueron autorizadas, como progresión del trabajo por cuenta propia, y limitadas en oficios y profesiones a ejercer, después de varios decenios de tira y encoge en las altas esferas del poder para impedir la supuesta penetración del capitalismo. Ellas aportan hasta el 13% del PIB, ocupan a 260.000 personas, según el MEP. Sus actividades principales son la gastronomía, la construcción, la producción industrial de alimentos y bebidas, y la comercialización de bienes nacionales e importados.
Mediante la Ofensiva Revolucionaria de 1968 el Gobierno prohibió e incautó todos los pequeños negocios y los oficios. Tuvieron que transcurrir 56 años para poder tener pequeños negocios de nuevo. Una gran novedad es que las mipymes privadas están financiando importaciones, fundamentalmente de alimentos como harina de trigo, huevos, pollo y arroz, con lo que constituyen un gran auxilio para el Gobierno, carente de liquidez hasta para pagar un barco que llegue con mercancías de primera necesidad a las aguas cubanas.
Las tiendecitas atendidas por diligente personal, en garajes y locales auxiliares climatizados, surtidas de carnes, huevos, enlatados, helados, yogur, dulces, pan y variedad de productos para el hogar y el cuidado personal con elevados precios, resuelven las necesidades perentorias de la mayoría de los cubanos que estiran sus finanzas mensuales.
Las mipymes constituyen los sustentos fundamentales para evadir la miseria en países paupérrimos o son complementos de las grandes economías. La mayoría de las empresas en América Latina son mipymes, dirigidas por familias que se las traspasan de generación en generación.
El primer ministro Manuel Marrero ha reiterado desde mediados del pasado año que se trabaja en la renovación de la lista de las actividades vedadas, la revisión de las normas jurídicas que rigen su funcionamiento, y la creación de dos entidades controladoras para atender el sector privado y el estatal, respectivamente. Pero la demora e indefiniciones lastran la disposición a invertir en un negocio muy incierto en las actuales condiciones económicas de un país quebrado.