La liberación de los agricultores para determinar sus cultivos, de las formas de comercialización y las relaciones con sus clientes podría revertir el desastre existente
La carencia de combustible y las deudas por pagar están entre los problemas principales que afectan a las producciones, como se evidencia en la demora del inicio de la molienda de 25 ingenios en la zafra azucarera 2023-2024, así como en la desincentivación de los campesinos para emprender nuevas siembras. La ausencia de productos agrícolas y el aumento de los precios en general fomentan el descontento social, imposible de resolver solo con las visitas y discursos de los dirigentes.
Desde mediados de 2019, se restringieron las asignaciones de combustible a la industria, la agricultura y las demás actividades económicas y sociales, debido a la caída de las entregas de petróleo por Venezuela y la carencia de liquidez del Gobierno. Esto causó la semi-paralización de las producciones, la disminución de las exportaciones, y en consecuencia de las importaciones. Entonces, se privilegió la producción de energía eléctrica, fundamentalmente para evitar los irritantes apagones a la población. Sin embargo, el estado de las centrales termoeléctricas y la inestabilidad de las llegadas de combustible, ha prolongado la crisis energética y las afectaciones de los racionamientos a todos los sectores productivos, que son mayoritariamente estatales. Solo se ha exceptuado la construcción de hoteles por la empresa militar GAESA, a pesar del gran descenso de la llegada de turistas.
Las cadenas de impagos se vienen reconociendo desde hace varios años, en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La descarga de las competencias a los municipios no ha logrado la solución. Eso se evidencia en un artículo publicado por Granma, y donde se cita a un campesino de la provincia Las Tunas, que se queja de los meses que pasan para poder recibir el pago. Maricela Peña Palmero, presidenta de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Sabino Pupo, del Cerro de Caisimú, perteneciente al municipio de Manatí, manifestó “que eso es un tema al que se le da seguimiento constante desde la junta directiva, pues existen quejas y preocupaciones de los asociados”.
Entre las empresas que no cumplen los pagos en Las Tunas se encuentra Acopio, que aduce disponer de muy poco dinero como resultado de los adeudos por sus ventas disminuidas, así como Educación. Yaimara Martínez Rodríguez, jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Dirección Provincial de Educación, manifestó que “ello responde a que aquellos organismos encargados de tributar a los presupuestos locales no están cumpliendo con los ingresos y, por tanto, no se puede disponer de las cifras demandadas para el sector presupuestado”.
Hay que agregar que en ello también inciden la bancarización implantada por el Gobierno, debido al desconocimiento de los campesinos de cómo es el sistema, la carencia de teléfonos celulares y otros medios de acceso a internet, así como la falta de efectivo, cajeros automáticos y tarjetas en los bancos.
El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, deberá informar sobre la ejecutoria de su organismo a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión del 20 de diciembre. La modificación de las políticas que han erosionado el campo cubano, con agudeza desde la aplicación de las 63 medidas supuestamente destinadas a incentivar la producción y la Tarea Ordenamiento, es indispensable.
La liberación de los agricultores para determinar sus cultivos, de las formas de comercialización, las relaciones con sus clientes estatales y proveedores podría revertir el desastre existente. Mientras, la carencia de combustible es un problema sin solución a la vista.
Tomado de: Cubanet