En Dinamarca, uno de los países con un sistema de asistencia social más generoso y derrochador, alrededor de 3 millones de personas que no trabajan son mantenidos por menos de 2 millones 800 mil personas que trabajan, según Statistics Denmark; Insurance & Pension Denmark.
Por su parte, el Center for Immigration Studies of the Census Bureau's Survey of Income and Program Participation (SIPP), informa que las cifras de 2018 señalan que el 63% de los habitantes que no son ciudadanos, tienen acceso a algún programa de asistencia pública y casi el 50% recibe también ayuda alimentaria. Casi la mitad de ellos son inmigrantes que entraron ilegalmente al país. Además, entre los ciudadanos de origen danés, aproximadamente el 30% de la población recibe ayudas públicas (welfare).
La situación en otros países escandinavos y Finlandia es semejante, aunque en menor escala. Por ejemplo, en Suecia han entrado más de 2 millones de inmigrantes en este siglo, la mayoría en los últimos cinco años, abrumando a una población que, incluyendo a esos inmigrantes, no llega a diez millones y medio. De los inmigrantes de este siglo, alrededor de 400,000 reciben ayudas del Estado ("welfare").
Este sistema de mantenimiento favorece una creciente dependencia del Estado por parte de muchos de sus habitantes que no ven incentivo alguno para luchar por su supervivencia, buscar empleo y trabajar a sueldo, cuando pueden mantenerse con las ayudas del Estado sin esfuerzo alguno y, si acaso, pueden también hacer trampa con "trabajitos por la libre" que hacen de forma encubierta para no perder sus privilegios de Welfare.
Por añadidura, esta "generosidad pública" estanca el progreso de los "beneficiados" y no resuelve el problema de la pobreza, sino que lo complica y lo acrecienta. Es difícil imaginar que Dinamarca esté padeciendo de un creciente nivel de pobreza porque Dinamarca es un país escandinavo próspero y, además, famoso por su muy generoso estado de bienestar. La mayoría de los daneses y muchas personas en todo el mundo ven a Dinamarca como una sociedad modelo cuando se trata de la pobreza y donde existe una sociedad más igualitaria. 
Sin embargo, a pesar de los programas establecidos para apoyar a sus ciudadanos, la pobreza en Dinamarca ha estado aumentando en una tendencia preocupante en las últimas dos décadas. Por sólo poner un ejemplo en este breve análisis, un informe del Centro Nacional Danés de Investigación Social (SFI) revela que el número de personas sin hogar en Dinamarca aumentó en un 23% entre 2009 y 2015. En 2015, las estimaciones determinaron que había 6,138 personas sin hogar en todo el país, y este nivel de aumento era aun mayor entre personas de 25 a 29 años. Desde entonces, el masivo aumento de inmigrantes, sobre todo ilegales, ha empeorado exponencialmente esta situación, aumentando el número de desamparados en más del 30% y se calcula que ya haya más de 10 mil.
Este es el resultado de que los programas de ayuda a los necesitados se conviertan en herramientas políticas y un sector creciente de la ciudadanía y de los inmigrantes se aproveche del sistema que, de ese modo, se transforma en un turbio mecanismo de clientelismo político mediante el cual los votantes son cautivos de una nociva "generosidad" electoralista y el país se convierte en meta de inmigrantes deslumbrados por los beneficios que esperan obtener en el país que los recibe. Además del alto porcentaje de personas de origen danés que reciben ayudas del Estado (30%), casi la mitad de los inmigrantes de estas dos décadas ya son ciudadanos daneses con derecho al voto, de modo que más de la mitad de los votantes reciben algún tipo de asistencia pública.
Cabe preguntarse si en cualquier país que cuente con un amplio sistema de asistencia social (welfare) se le debiera suspender el voto a los ciudadanos que reciban ayuda del Estado, de modo que los políticos no abusen de la generosidad Estatal como un método de comprar votos y ganar elecciones.
Por supuesto, si se adoptara una medida semejante, no sería justo aplicarla a personas que no pueden subsistir por sus propios esfuerzos y habría que señalar en la ley una serie de excepciones justificables, como serían los ancianos que lo necesiten (mayores de 65 años), los que tengan alguna incapacidad física o mental que no les permita trabajar o no les permita obtener un trabajo a tiempo completo debidamente remunerado, y algunos otros casos específicos que requieran temporalmente ayuda humanitaria, debido a desastres naturales o a imprevistos en su vida personal que los han dejado sin recursos hasta que puedan reorganizarse y rehacer sus vidas.
En cuanto a los inmigrantes, sería justo para el resto de la población del país, que ingresaran al país legalmente, según las leyes establecidas, y conscientes de la obligación de obtener un empleo permanente en un tiempo prudencial o perder la ayuda pública.
Una cosa es aliviar la tragedia de los más necesitados y otra es alentar la dependencia de los aprovechados.