El derecho a no ser forzado a emigrar; dignidad para migrantes o migrantes por dignidad

Desde que los seres humanos comenzaron a poblar el planeta, siempre se ha sentido la necesidad de trasladarse de un lugar a otro en la simple búsqueda de mejores oportunidades para sobrevivir. Hoy la falta de esas oportunidades y la desesperanza ha obligado a millones de seres humanos a abandonar sus lugares de origen para tratar ya no solamente de sobrevivir, sino para alcanzar el sueño de toda persona de vivir en dignidad.

A diferencia de otros tiempos, las actuales fronteras de los Estados, creadas por el hombre, han dificultado esa movilidad, a lo que se suma el comportamiento de gobiernos y sectores políticos y económicos en los países de origen de los migrantes, que no le brindan, ni le garantizan a sus pueblos vivir con dignidad, forzándolos, en la practica, a emigrar. Como también esos mismos sectores de los países receptores no quieren reconocerle, a los seres humanos que se han visto obligados a emigrar, la dignidad plena de todo ser humano como persona.

Por mucho tiempo América Latina y el Caribe (ALC) fueron grandes receptores de migraciones, hoy en día el desplazamiento de las migraciones es principalmente de Sur a Norte, con un cambio radical en el rumbo. En el 2017, la oficina de migraciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estimaba que cerca de 258 millones de personas estaban viviendo en un lugar distinto al de su país de origen. Solamente en los Estados Unidos de América se calculaba en más de 49.7 millones la presencia de las personas de otro origen nacional, la mayoría provenientes de los países de América Latina y el Caribe. En los países de la Unión Europea viven más de 22 millones de

inmigrantes, cifras significativas pues son casi el doble de las que existían en los años setenta y que en estos momentos sigue en aumento, dada la crisis de los refugiados en el Mediterráneo.

Lo nuevo en esta etapa es que los países de ALC se han convertido en “expulsores sistemáticos de su población”, según señalan algunos académicos especializados en los temas migratorios, convirtiéndonos de hecho en una “región productora de mano de obra -calificada o no calificada- para los mercados de trabajo de los llamados países desarrollados”.

Si en las décadas de finales del siglo pasado, los conflictos armados en algunos países de la región y las dictaduras militares o regímenes totalitarios en otros obligaron a cientos de miles de personas a emigrar. Actualmente el regreso a la paz o el fin de las dictaduras no han transformados las originales causas estructurales económicas y sociales que en el fondo promovían los conflictos, la inseguridad, la pobreza y la migración. Panorama hoy nuevamente ensombrecido, no ya por las dictaduras militares de antaño, sino por “dictaduras estatistas” o por las llamadas “dictaduras populistas” que han surgido en particular en América Central y del Sur.

La adopción hace años en los países de ALC del esquema neoliberal, ha profundizado más todavía las limitaciones e inequidades económicas y sociales que afectan nuestra región, creando condiciones difíciles para la mayoría, y que son factores principales en el aumento de la constante movilidad hacia el Norte, incluyendo una ampliación en las variedades de migrantes en la que ahora aparecen también los pequeños y medianos empresarios (los llamados “transmigrates”, según el reconocido sociólogo Alejandro

Portes) con características distintas y diferentes de los migrantes que no tienen posibilidades de un empleo digno en sus países, pero que de hecho drenan más aun las economías nacionales y los mercados de empleo.

El fenómeno migratorio actual no lo podemos separar del mundo del trabajo. Hoy se aprecia que sin mayores posibilidades de empleo y menos de empleo digno, los trabajadores buscan al emigrar mejores condiciones, aprovechándose de que el trabajo se realiza en un espacio económico donde aunque no se les pague debidamente, el ingreso es relativamente más alto. Esto le permite a la fuerza de trabajo funcionar en otro espacio donde las remesas, así sean pequeñas, bastan para alimentar a la familia y asegurar salud y educación para los hijos que se encuentran en sus países de origen.

Para muchos las condiciones de trabajo de los migrantes están lejos de ser satisfactorias y esto, acompañado por el control y la penalización de la movilidad de los migrantes por parte de los países receptores, “hace que los trabajadores deban emigrar en condiciones de precaria legalidad cuando no de absoluta ilegalidad”, lo que los obliga a trabajar “por la izquierda”, “el trabajo negro”, o el llamado “submundo del trabajo barato” y a vivir en las sombras, el sobresalto, la angustia, víctimas de la discriminación y la xenofobia, y donde los derechos humanos fundamentales que tiene toda persona humana no le son respetados. Para muchos, “Sus derechos fundamentales y su dignidad deben ser protegidos y defendidos”, según proclamara el papa Francisco, para quien los inmigrantes y refugiados “son los más débiles y los mas necesitados”.

Ante este cuadro desolador, en el que vive la mayoría de los trabajadores migrantes, se aprovechan los países receptores del llamado “mundo desarrollado”. En los Estados Unidos de América, “el principal receptor de migrantes del mundo”, la incorporación

todos los años de miles de trabajadores al “submundo del trabajo barato” resulta de extraordinario beneficio para su economía, ayudando a mantener salarios bajos y por ende costos más baratos, que si la misma labor la realizaran los nacidos en el país teniéndoles que pagar los salarios mínimos y los beneficios establecidos por la ley. De ahí que sectores económicos estadounidenses, a contra pelo de los grupos que de boca rechazan la continua llegada de migrantes, promuevan por debajo tanto la inmigración legal, como la ilegal que es la que mas beneficios les brinda.

La globalización neoliberal y la consolidación del poder casi absoluto de los capitales financieros transnacionales han tenido consecuencias nefastas en las realidades nacionales de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ayudando a crear los ambientes de falta de esperanza y las condiciones objetivas principales, que impulsan a los seres humanos a buscar otras alternativa de vida en lugares distintos a los que los vio nacer.

En el 2017, el papa Francisco calificó como una crisis humanitaria la migración de miles de personas forzadas a huir de sus países en busca de una vida mejor. “Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo el Santo Padre en una misa celebrada a unos metros de la frontera entre México y Estados Unidos. Ante las miles de personas reunidas en ambos lados de la frontera, el papa Francisco señaló que la migración forzada es una verdadera “tragedia humana”.

Estas afirmaciones del Santo Padre concuerdan con los que aseguran que son los países “expulsores” de migrantes y refugiados, los responsables en primer término del cuadro

desolador que hemos descrito, ya que el Estado no asume su responsabilidad de garantes de los derechos fundamentales de la persona humana, de la justicia social y del logro del bien común. Sin embargo, estos países han logrado encontrar una solución parcial a sus problemas estructurales, gracias al aporte de las remesas que envían los migrantes a sus familiares. Remesas que en muchos casos son la segunda fuente de recursos externos de algunos países. Según datos del Banco Mundial y de los Bancos Centrales de 17 países de América Latina y el Caribe, en el año 2017, los migrantes latinoamericanos y caribeños enviaron a sus países $75,052 millones de dólares.

Este flujo de las remesas se ha convertido de hecho en una parte importante de las economías de la región, pues según el Fondo Monetario Internacional “las remesas enviadas por los trabajadores migratorios a sus países de origen son un factor atenuante, ya que constituyen una fuente importante y relativamente estable de financiamiento externo, sobre todo en América Central y el Caribe, y ayudan a mitigar el impacto de los shocks económicos”. Para la CEPAL las remesas “son una fuente significativas de recursos y juegan un papel decisivo como atenuantes de la pobreza ”, contribuyendo a financiar gastos que son obligaciones y responsabilidades en principio, de los gobiernos de los países originales de los migrantes, que mientras tanto derrochan y malversan los escasos tesoros de las naciones.

Esta responsabilidad compartida que tienen, tanto los países “expulsadores” como los receptores, de mantener o imponer injustas situaciones, han obligado a más de 258 millones de personas en todo el mundo a migrar en la búsqueda de vivir con dignidad. Terminando muchos de ellos viviendo en el mundo de los trabajadores migrantes legales, que no disfrutan de un trato decente y humano, o en el “submundo del trabajo barato” de

los que se encuentran ilegalmente en los países receptores, que sufren las injustas e inhumanas consecuencias ya antes apuntadas, han dado paso a una nueva definición en materia de derechos humanos.

Hoy en día a la hora de hablar de los derechos básicos de los migrantes se ha comenzado a introducir el concepto del “Derecho a no migrar”. Esto que pudiera sonar contradictorio no lo es, el “Derecho a no migrar”, es el derecho que tiene toda persona a poder permanecer en el lugar que habita y desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de trasladarse a otro país para lograr un nivel satisfactorio de las necesidades básicas de él y su familia, para que todos puedan vivir y realizarse con dignidad en condiciones que le permitan un desarrollo integral de su persona.

Este derecho tiene que ser visto desde la perspectiva de que son, en primer lugar los gobiernos nacionales los que tienen la obligación de garantizarle a los pueblos, ambientes propicios que le faciliten a sus ciudadanos la posibilidad de vivir y realizarse con dignidad, y en segundo lugar la responsabilidad de los países receptores, en particular los del llamado “mundo desarrollado”, de creer en el destino universal de la tierra y demás bienes naturales, que fueron creados por Dios para el uso de todos y cada uno de los seres humanos y los pueblos, por lo que deben “llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”.

Sin embargo, dado las actuales condiciones y mientras las garantías de poder desarrollarse y vivir con dignidad en sus propios países no se den, los seres humanos tienen el derecho a migrar. Derecho universalmente reconocido en los principales documentos de la “Carta Internacional de Derechos Humanos” de las Naciones Unidas y en los documentos regionales de la Organización de Estados Americanos.

Como de igual forma los derechos y la protección de los migrantes han quedado plasmados en distintos documentos del derecho internacional. Entre estos, primero en la “Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 y que posteriormente fueron reafirmados en la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias” promulgada en 1995 por la Asamblea General, que ha sido firmada por muchos países y que ya se encuentra en vigor después que finalmente se consiguieran las 20 ratificaciones necesarias.

Lamentablemente la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los países del llamado “mundo desarrollado” principales receptores de migrantes, ni la han firmado ni la han ratificado. Por lo tanto no hay aplicabilidad de la misma en los países donde más se violan los derechos de los migrantes y sus familiares. Agravándose la situación por el resurgimiento de extremas actitudes xenofóbicas , lo que no solamente va en contra de los documentos de derechos humanos relacionados directamente con los migrantes, en particular la Convención, sino en contra de todos los derechos y libertades reconocidas universalmente para todo ser humano en todas partes, tal y como están expresados en la “Carta Internacional de Derechos Humanos”, en documentos regionales y en Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A este cuadro de injusticias le ha sido añadida la adopción, por parte de los países receptores, del término “migrante ilegal”, que con anterioridad solo era utilizada por muy pocos gobiernos y sobre todo, por los medios de comunicación al referirse a los migrantes que ingresaban de forma ilegal a un país. Las palabras de esta nueva

clasificación, “criminalizan y deshumanizan a los seres humanos” según muchos autores y es utilizada por los gobiernos para negarles derechos básicos fundamentales a los migrantes que se encuentran en esta situación, sin tomar en cuenta que “los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas que estén en un momento determinado en su territorio, sin importar el estatus migratorio que tengan”.

En su Opinión Consultiva OC-18/03, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó, que “…la situación regular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de la igualdad y no discriminación, puesto que dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio”, independiente de su situación migratoria, “puesto que el respeto y garantía de goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación alguna”.

Hoy en día, en muchos de los llamados “países desarrollados”, existe un gran debate nacional, sobre la situación de los migrantes que ya se encuentran en su territorio y sobre como proteger (cerrar) sus fronteras para impedir la continuidad de las entradas, todo esto en un marco de actitudes discriminatorias y de una pronunciada xenofobia. En los EE.UU. el debate sobre el tema de inmigración se encuentra estancado y solo se escuchan y se sienten las arbitrarias e injustas medidas impuestas por el actual presidente Donald Trump, que rechaza todo intento de encontrar una solución más humanizada al estatus de los migrantes que se encuentran indocumentados y que solo le interesa la deportación masiva de estos y la construcción de una absurda y militarizada “muralla china” a lo largo de la frontera sur del país. La del norte no importa pues los migrantes del Canadá tienen también, “el pelo rubio, los ojos azules y hablan inglés” como el idealizado prototipo norteamericano.

En Estados Unidos de América han sido los propios migrantes, las iglesias, las organizaciones que tradicionalmente han defendido los derechos de estos y hasta los sindicatos, por solo mencionar varios sectores de la sociedad los que han salido en defensa de los derechos de los migrante y a favor de una solución humana, digna y justa para los problemas existentes. En muchos países de la Unión Europea los planteamientos antimigrantes han sido rechazados con protestas y hasta enfrentamientos, tanto por parte de los migrantes como de los sectores que más se identifican con el problema, tanto de un lado como del otro. Las soluciones no son fáciles, pues mientras en los países “expulsores” no asuman su responsabilidad como garantes de los derechos fundamentales de la persona humano en todos sus órdenes y no se corten de raíz las causas económicas, sociales y políticas que obligan a los pueblos a la migración, estas serán solamente parciales y temporales.

En nuestro caso también, mientras las políticas económicas promovidas por la globalización del neoliberalismo, no permitan los cambios estructurales que se necesitan en los países de América Latina y el Caribe para alcanzar un verdadero desarrollo integral y sustentable que les permita a los pueblos vivir y trabajar con dignidad, las migraciones no tendrán fin.

Mientras tanto, los Estados receptores tienen en primer lugar, el deber y el compromiso moral de firmar y ratificar la “Convención Internacional sobre la Protección de los de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias” de las Naciones Unidas y todos aquellos Pactos y Convenios de otros organismos internacionales y regionales que sean aplicables. Promover legislaciones nacionales que les garanticen a los migrantes y sus familias el respeto a su dignidad e integridad como le corresponde como personas humanas, sin distinciones de ningún tipo. Penalizar a las corporaciones, empresas o individuos nacionales, que explotan, discriminan y maltratan a los migrantes y/o que promuevan el ilegal tráfico humano, que tantas vidas cuesta anualmente, hacia los países receptores. Exigiéndose a la par, a los países “expulsores”, que asuman su responsabilidad como garantes del respeto de los derechos fundamentales de la persona humana en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, dándole la impostergable garantía de una vida digna y segura a sus ciudadanos. Nada resolvemos luchando solamente por la “Dignidad para Migrantes”, sino luchamos a la par porque no existan “Migrantes por Dignidad” y se garantice asi el derecho de todo ser humano de no verse forzado a emigrar.