El pasado 2 de febrero, el Director Nacional de Inteligencia de EEUU, Dennis C. Blair, presentó un informe sobre la situación económica de Cuba y Venezuela al Congreso de EEUU. A continuación se presentan los aspectos principales del mismo.
Cuba no ha mostrado señales de querer una relación más estrecha con EEUU. Sin los envíos subvencionados de petróleo de Venezuela, de alrededor de 100.000 barriles diarios, la grave situación económica sería aún peor. El presidente Raúl Castro teme que un cambio económico rápido o significativo podría socavar el control del régimen y debilitar la revolución, y su gobierno no muestra señales de aliviar la represión a los disidentes políticos. Mientras tanto la migración ilegal cubana a EEUU, que promedió unos 18.000 anuales entre 2005 y 2008, se redujo en casi un 50% en 2009, principalmente debido a la recesión económica de EEUU y a las más estrictas medidas de seguridad de Cuba. Mientras que se considera que la posibilidad de un intento repentino de migración masiva cubano es bajo, si el régimen decide que no puede hacerle frente al creciente descontento público sobre las condiciones económicas, podría decidir que más cubanos abandonen la isla.
Venezuela está luchando por compensar los precios más bajos y la disminución de la producción de petróleo. El presidente Hugo Chávez se ha consolidado como uno de los principales detractores internacionales de EEUU, denunciando el capitalismo de mercado y la democracia liberal y se opone a las políticas e intereses de EEUU en la región. El presidente Chávez sigue imponiendo un modelo político populista autoritario en Venezuela que socava las instituciones democráticas. Después del referéndum constitucional a principios de 2009, que eliminó los límites de su mandato y permitió su reelección, Chávez ha tomado pasos adicionales para consolidar su poder político y debilitar a la oposición en la carrera hacia las elecciones legislativas de 2010. La Asamblea Nacional aprobó una ley que pasó a control del Ejecutivo central la infraestructura de estado y los bienes y servicios de Caracas con el fin de privar de fondos a los estados y municipios en poder de la oposición. Chávez ha restringido las actividades de expresión de la oposición, acosando y deteniendo a los manifestantes y ha amenazado con delitos de corrupción a los líderes de la oposición. La popularidad de Chávez ha disminuido considerablemente en las encuestas recientes como resultado de sus medidas represivas, la continua alta criminalidad, creciente inflación, escasez de agua y energía y una devaluación de la moneda, lo cual plantea dudas sobre su futuro político de más largo plazo.
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