Después residir más de cinco años en Chile donde todos los años hay manifestaciones ciudadanas por distintos motivos, lo que es parte primordial de la participación y movilización ciudadanas en una democracia, no me llamó tanto la atención cuando en 2011 se produjeron mayores protestas y en tono más duro que lo usual. Estas manifestaciones se han asociado al elevado costo y baja calidad de la educación, principalmente la universitaria; al intento de construir una represa hidroeléctrica que tendría marcados impactos ambientales; y a la posible privatización de parte de la minería estatal del cobre.
Paralelamente a ellas, la aceptación del presidente Sebastián Piñera -un exitoso empresario y un buen economista que se considera más pragmático que ideólogo lo que se supone le brinda amplitud y flexibilidad para gobernar-, se desplomó en 2011. A noviembre-diciembre de 2011 era la más baja que ha tenido ninguno de los cinco presidentes desde que se restauró la democracia en Chile en 1990. Dicha caída se produjo pese a que el país se recuperó del fuerte terremoto de 2010, todos los 33 mineros sepultados fueron rescatados con vida y la economía mantuvo una elevada tasa de crecimiento y baja tasa de desempleo no obstante la crisis financiera internacional.
La respetada y citada encuesta de opinión del Centro de Estudios Públicos (CEP) informó en noviembre-diciembre de 2011 que el apoyo al presidente Piñera descendió a sólo 22% mientras el rechazo a su gestión alcanzó 62%. La encuesta mostró la mala percepción que la ciudadanía tiene del gobierno y de los atributos personales del presidente. El 73% considera que Piñera ha actuado con debilidad ante las presiones de las instituciones, grupos y personas; 69% declaró que el mandatario no le brinda confianza; 72% opina que Piñera ha actuado sin destreza ni habilidad para enfrentar los problemas del país; 60% desaprueba la forma en que el gobierno maneja la economía y sólo 22% la aprueba.
La medida adoptada por el reciente nombrado ministro de educación, posterior a la encuesta del CEP, de reemplazar la palabra dictadura por régimen militar en los textos escolares para referirse al periodo del general Augusto Pinochet (1973-1990) ha empeorado la situación y creado un fuerte clamor interno e internacional (entre ellos un duro comentario del Financial Times de Londres que calificó a Piñera de atleta económico, pero minusválido político). Dicha modificación se considera una provocación y no un desacierto y ha enardecido y polarizado aún más la opinión pública, ya que las palabras importan, no sólo designan sino determinan una realidad.
El presidente Piñera aspira a perfeccionar la democracia chilena modificando, con base en las preferencias expresadas por los ciudadanos en las encuestas, el llamado sistema político binomial que le ha dado una participación hegemónica y prácticamente exclusiva a dos coaliciones de partidos desde de 1990. Bien hecho el perfeccionamiento correspondiente, que no sería trivial, tendría efectos muy positivos para la modernización yconsolidación de la legitimidad del sistema político chileno.
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