América Latina, según las estadísticas de 18 países del Informe sobre el Panorama Social de América Latina 2011 (IPS) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mostró un notable progreso social en las últimas dos décadas. Los porcentajes de las poblaciones en pobreza e indigencia (o pobreza extrema) disminuyeron, así como mejoraron los índices de distribución del ingreso mostrando una menor desigualdad en la distribución del ingreso. Estos progresos superaron los retrocesos de la década perdida de los 1980s y son atribuibles al crecimiento económico que determinó un incremento de los ingresos laborales y a un mayor gasto social enfocado a los grupos más vulnerables, además no se vieron afectados adversamente por la crisis económica global de 2008-2009.
Los 18 países de referencia son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
EL IPS es muy abarcador y completo. Presenta amplias estadísticas para 1990-2011 y analiza la evolución y los determinantes de la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso para 18 países de América Latina; las tasas de fecundidad, la seguridad social, el gasto social y los problemas de la juventud en el Caribe. A continuación nos referimos a tres de los temas del IPS.
El IPS muestra que entre 1990 y 2010 la tasa de pobreza en América Latina se redujo 17 puntos porcentuales (de 48,4% a 31,4% de la población), mientras que la de indigencia bajó 10,3 puntos (de 22,6% a 12,3% de la población), por lo que ambos indicadores se sitúan en su nivel más bajo de los últimos 20 años y menor al de 1980. Además, el IPS estima que en 2011 la tasa de pobreza caerá a 30,4 % de la población, mientras que la de indigencia subiría a 12,8 %, debido a que el incremento en los precios de los alimentos contrarrestaría el aumento previsto en los ingresos de los hogares. Esto significa que la región cerraría 2011 con 174 millones de habitantes en situación de pobreza, 73 millones de ellos en condiciones de indigencia o pobreza extrema. En 2010 se contabilizaron 177 millones de personas pobres, de los cuales 70 millones eran indigentes.
Como se señaló la desigualdad ha seguido disminuyendo en la región, lo que es un muy buen desarrollo, especialmente en el contexto de la crisis económica global. Como respuesta a dicha crisis, los países de la región optaron por expandir transitoriamente su gasto público en vez de contraerlo, como era lo tradicional. Aunque dicha expansión no siempre tuvo un énfasis social, permitió igualmente prevenir el aumento del desempleo y la vulnerabilidad social. No obstante, estos logros son amenazados por las significativas brechas que aún persisten en la estructura productiva de la región y los mercados laborales que generan empleos de baja productividad, sin protección social.
Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, y Uruguay registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza entre 2009 y 2010. Honduras y México fueron los únicos países con aumentos relevantes en sus porcentajes de pobreza (1,7 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente). En el caso de México, la comparación se realizó con 2008, por lo que la cifra no sólo refleja la expansión de la economía mexicana en 2010 sino también la fuerte contracción del PIB por habitante en 2009.
Asimismo, el IPS destaca que la tendencia hacia la mejora distributiva en la región no se vio afectada después de la crisis global. En el período 2008-2010, el índice de Gini cayó en México, Uruguay y Venezuela a un ritmo superior a 2% anual y en El Salvador y Perú sobre 1% por año.
El gasto público en la región, y en particular el gasto social, ha registrado un aumento significativo en las últimas dos décadas. Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay son los países con menor gasto por habitante (menos de US$300). En este grupo la educación constituye la partida principal del gasto social. En cambio en países —como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay— con un gasto social por habitante superior a los US$1.000, la seguridad y la asistencia social son las áreas de mayor importancia.
El IPS también analiza las brechas que persisten aún en el mundo del trabajo y de la protección social en América Latina. La afiliación a la seguridad social, asociada al empleo formal, no es generalizada en la región; sólo 4 de cada 10 trabajadores contribuyen a ella. Los hogares con mayor cantidad de miembros, con jefatura femenina y de los sectores rurales son los que tienen menor acceso a la protección contributiva en la región. Asimismo, en 12 de 17 países analizados las prestaciones de seguridad social y las pensiones sólo benefician a menos de la mitad de las personas mayores.
El IPS plantea que en el mediano y largo plazo, muchos países deberán volver a reformar sus esquemas de seguridad social para avanzar hacia sistemas de protección social con enfoque de derechos, basados en mecanismos contributivos y no contributivos de financiamiento y con pilares solidarios para la distribución de los recursos. De lo contrario, habrá dificultades progresivas para financiar una protección social de carácter universal en sociedades cada vez más envejecidas y con menor proporción de fuerza de trabajo. América Latina requiere avanzar en pactos fiscales y en instancias de diálogo social para mejorar sinérgicamente la convergencia productiva, la institucionalidad laboral y la protección social inclusiva
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