democracia participativa y derechos humanos / participatory democracy & human rights

Nota.  Este artículo se fundamenta en el análisis que Joseph Stiglitz presenta en su reciente libro Freefall.

En los años anteriores a la crisis financiera/Gran Recesión de 2008-2009, no sólo continúo la desregulación financiera internacional sino que hubo aceleración con los países compitiendo en una carrera a la baja, o sea, a la derogación o la ligereza de las regulaciones.  Islandia fue el ganador de la carrera, pero sus ciudadanos fueron los perdedores.  A medida que las consecuencias de las fallas de mercado por acción y las fallas del Estado por omisión continúan manifestándose y el debate sobre la necesidad de un nuevo régimen regulatorio se acentúa, el tema de la regulación se ha concentrado en la coordinación internacional, tal como se manifestó en la reciente reunión de Davos.

Los bancos comerciales han amenazado con llevarse sus negocios a otras jurisdicciones si se le imponen nuevas y más estrictas regulaciones.  De hecho, algunas de las grandes actividades financieras se pueden trasladar fácilmente, por lo que la amenaza parece al menos parcialmente posible. Si las regulaciones son diferentes en las distintas jurisdicciones, existe el riesgo real del arbitraje regulatorio. Con las grandes entidades financieras trasladando sus actividades a las jurisdicciones menos reguladas, existe el peligro de que se mantenga y aún se consolide una de las causas principales que originaron la crisis del sistema financiero global.

Esa es una razón principal por la que hay consenso sobre la necesidad de promover la coordinación internacional de la regulación financiera.  Pero el avance en el establecimiento de un régimen eficaz de regulación global ha sido muy lento.  El Foro de Estabilidad Financiera, establecido después de la penúltima crisis financiera mundial (la crisis asiática), hizo poco para prevenir y evitar una crisis mucho peor una década más tarde.  Ahora se le ha asignado a esa entidad conducir a la comunidad internacional hacia un nuevo régimen regulatorio.  El Grupo de las principales 20 economías puede cambiar el nombre a la Junta de Estabilidad Financiera y agregar otros nuevos miembros, pero ello no hará mayor diferencia. Tal vez los que creían en el eslogan y apoyaban la rápida propagación de la liberalización financiera han aprendido algunas lecciones; pero las entidades y sus políticas, especialmente cuando son multilaterales, por inercia burocrática, no suelen cambiar fácilmente y muchos menos implantar los cambios pertinentes prontamente.

Hay otra razón adicional para no ser optimista en cuanto a no lograr una pronta y eficaz coordinación global.  Las prioridades de los participantes principales son diferentes.  Mervyn King, el gobernador del Banco de Inglaterra y la mayoría académicos se centran en los peligros de las instituciones que son demasiado grandes, entrelazadas o correlacionadas para quebrar.  Francia y el Reino Unido destacan cambiar los incentivos para que las instituciones financieras y sus empleados reduzcan los riesgos, EEUU en los peligros de incluir las actividades de la banca de inversión en la banca comercial.

Ningún Gobierno del G20 quería molestar a sus grandes banqueros para plantear estas cuestiones, hasta que finalmente un año después de asumir su cargo, el presidente Barack Obama propuso hacer algo en EEUU.  Sin embargo, todavía no hay propuestas efectivas para hacerle frente a los derivados no transparentes y complejos, uno de los determinantes de la crisis.

Además, los gobiernos suelen examinar y evaluar las propuestas en cuanto afectan la competitividad internacional de sus sistemas financieros, el objetivo es encontrar un régimen regulatorio que facilite a sus propias entidades financieras competir via-à vis a las entidades de otros países.  Como se suele decir, toda política es local y, al menos en EEUU y en muchas otras jurisdicciones, los empresarios financieros y sus cabildeos son muy poderosos e influyentes.  Esto, junto a las profundas diferencias analíticas y filosóficas existentes - tan notables que todavía muchos apoyan que los mercados financieros no sean regulados - por lo que sólo son fáciles de lograr acuerdos que respondan a un mínimo común denominador y que excluyen a los países pequeños que no están en la mesa de negociación, como lo muestra el desafío pendiente de hacerle frente a los paraísos fiscales.

Dadas las dificultades en lograr la coordinación global, insistir en lograr tal coordinación puede ser una receta para la parálisis que sólo la que quieren los banqueros que son los más vocales defensores de la necesidad de una acción global para postegar la acción requerida.  No obstante, cada país es responsable en última instancia de garantizar la seguridad y la estabilidad de su sistema financiero y de su economía para proteger a sus ciudadanos.

Por ello es mucho mejor que cada país actúe de inmediato independientemente y que, después, se armonicen las normativas regulatorias.  Esto no es la solución óptima sino una "segunda mejor opción", pero mucho mejor que la alternativa de una regulación tardía e ineficaz.  Esperemos que en el ambiente posterior a Davos se pueda desatar una carrera hacia el alza para establecerr un marco regulatorio que evite o, al menos, dificulte futuras crisis financieras.  El caso de Islandia ilustra contundentemente que no se puede confiar en los reguladores de otros países para proteger a los ciudadanos y los mercados financieros nacionales.

Por otra parte, uno de los argumentos utilizados para envolver al contribuyente estadounidense en el rescate del 2008 fue que de lo contrario se arriesgaría una crisis financiera global.  Debido a esa amenaza, los contribuyentes tuvieron que absorber costos que debieron ser asumidos por otros.  Para evitar que ello se produzca nuevamente en el futuro, es una cuestión de autoprotección que cada país tenga sus propias regulaciones efectivas.

Los países que sean pro-activos y actúen podrían enfrenta la amenazas comentada  de una salida rápida de instituciones financieras al exterior.  Pero la parte del sistema financiero, fundamental para la economía real, que presta servicios a las empresas nacionales, no se trasladará.  Cualquier análisis de costos y beneficios de la pérdida de las actividades más riesgosas debería concluir que si algún otro gobierno quiere mayores riesgos económicos e inestabilidad de su sistema financiero que los asuma.  Si bien ningún país puede aislarse totalmente, la mejor protección es una buena normativa nacional y su estricta aplicación del cual Chile .ha sido un exclente ejemplo desde finales de los 1980s  La continua inestabilidad de los mercados financieros mundiales debiera haber dejado claro lo que se necesita ahora.